Llevamos un comienzo de año negro en cifras y las tareas pendientes para combatir la violencia machista son demasiadas
El saldo de la violencia machista en lo que llevamos de 2026 es de los más nefastos que se recuerdan desde que existen datos. Acudiendo al recuento oficial, nos situamos a cinco víctimas de igualar el récord. En lo que va de año, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (que es lo que cuenta para el Ministerio del Interior). Pero si atendemos a datos como los que aporta la periodista Cristina Fallarás, podríamos elevar ese número de víctimas a 15.
Los tres últimos asesinatos se contabilizaron en menos de 72 horas, una víctima por día. ¿Dónde queda la protección? La estadística aquí es clara: de las nueve víctimas, cinco habían denunciado previamente a su agresor. El agresor de una sexta víctima había sido denunciado por una tercera persona. El patrón de reincidencia es claro y esto solo trae consigo la idea de que la protección falla. Y mucho.
VioGén es el sistema de prevención en el que las víctimas de violencia machista y malos tratos quedan inscritas cuando formalizan una denuncia o la policía detecta un caso. Es una base de datos que sistematiza la información acerca de las víctimas y los agresores para evaluar, mediante tests y algoritmos, el nivel de riesgo de la denunciante. Las medidas que se aplican oscilan entre el contacto periódico de la víctima con las fuerzas de seguridad hasta la vigilancia policial 24/7. Al menos, así debería funcionar.
A las mujeres víctimas de malos tratos se les insiste para que denuncien, pero a la hora de la verdad, el Estado no está a la altura de cumplir con la exigencia que a ellas se les impone. Evaluar con certeza los riesgos a los que están expuestas las víctimas de violencia machista requiere de un espacio de escucha y atención que no se está prestando.
La reflexión aquí ha de ser profunda: el Estado no está llegando. La ley no está siendo suficiente: los agresores suelen estar perfectamente integrados en la sociedad y considerarlos criminales es mucho más complicado. Al no tener otros antecedentes, normalmente se libran de las prisiones preventivas y las órdenes de alejamiento se quebrantan con asiduidad. Cuatro de los últimos detenidos por asesinar a sus parejas o exparejas tenían órdenes de alejamiento, que quebrantaron, por supuesto.
Cuando el sistema falla, la prevención es inefectiva y las cifras escandalizan necesariamente a cualquiera, se sabe que hay que trabajar. Hay que cambiar la forma en la que se dota de protección judicial y policial a las víctimas. Hay que ser crudos en la educación: enseñar los datos, contar los relatos y evitar que cale el discurso que niega la violencia machista entre los más jóvenes.
Para evitar los —en ocasiones, carentes de sentido— minutos de silencio frente a ayuntamientos y delegaciones del Gobierno hace falta que la administración asuma sus errores. Hace falta que la política sea efectiva, que unos asuman que no hacen lo suficiente y que los otros no pongan la zancadilla o nieguen la existencia de la violencia machista como algo sistemático.
Concienciar, educar, trabajar: invertir en recursos, en especialistas, en espacios seguros y en redes de apoyo colectivo que sostengan a la mujer en el proceso de la denuncia. Mientras tanto, que se vigile y castigue a los agresores, que se intervenga al más mínimo riesgo y que exista cierta ejemplaridad que corte las alas a maltratadores futuros.
