«Vísteme despacio que tengo prisa»: los nuevos decretos de vivienda y la fractura de un país
En pocas ocasiones el refranero español se adecúa a la realidad política tanto como en esta. Los días 29 de septiembre y 1 de octubre, el gobierno promulgó dos Reales Decretos-Ley como consecuencia directa del impacto mediático que ha tenido el desahucio de Maricarmen Abascal, pero que no constituyen, precisamente, una solución transversal que se adecúe al problema de la vivienda.
Este artículo trata de redireccionar las demandas sociales que —desde mi humilde opinión— están siendo fuertemente distorsionadas. Todo ello con el fin de que se aborde la mayor preocupación de la población española —la crisis de la vivienda— de una manera eficaz, eficiente y constructiva; alejada de simplismos, sensacionalismos, provecho mediático y partidista, en un intento de paliar la polarización que hoy vuelve a resquebrajar a nuestra sociedad.
Precisamente, nos estamos acostumbrando —como conjunto social— a las medidas políticas cortoplacistas. Y entre estas, reina la figura del Real Decreto-ley. Porque sí, es utilizado en exceso por partidos políticos de todos los colores.
El Real Decreto-ley, regulado en el Artículo 86 de la Constitución Española, es una figura destinada a abordar situaciones de «urgente y extrema necesidad». A «golpe de decreto» un gobierno puede aprobar una disposición con rango de ley, sin necesidad de pasar por el parlamento. Eso sí, con una eficacia de 30 días, a no ser que su contenido se ratifique, o se tramite como proyecto de ley, en el legislativo al fin de este término.
¿Consideramos deseable que el modo de abordar una crisis con causas y consecuencias tan complejas y transversales se limite a esto? Desde mi perspectiva, no se trata más que de un desesperado intento de mantenerse a flote en una narrativa que cae por su propio peso. Ejemplo de ello es la llamada de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, a movilizarse contra su propio gobierno, que parece parodiar la escena de «La Hierbas» en su papel de vicepresidenta en Aquí no hay quien viva.
Como adelantaba, la problemática con la vivienda se suele relacionar directamente en la separación de la sociedad por ideología o preferencia partidista. Resulta muy interesante el reciente trabajo del politólogo e investigador de la Universidad Carlos III Pablo Simón: La vivienda como fractura política.
Vale la pena detenerse en este análisis, pues a través de cifras sólidas revela cómo el estatus socioeconómico y la ideología moldean las prioridades residenciales. Lejos de la polarización estéril, emerge un diagnóstico compartido: un rotundo 77% apunta a la falta de vivienda pública, al tiempo que asoma un terreno común favorable a elevar la oferta, simplificar los trámites urbanísticos y liberar suelo.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión es la precariedad. Destinar más del 40% de los ingresos al alquiler o la hipoteca supone un giro de cuatro puntos hacia la demanda de intervención, demostrando que quien sufre los precios no debate entre construir o regular, sino que reclama ambas medidas. Todo ello bajo una paradójica ceguera enmarcada en «competencia»: solo el 13% señala a los gobiernos autonómicos, precisamente los que concentran las herramientas reales para atajar el problema. No está de más recalcar la necesidad de desconfiar de los razonamientos simples ante problemas que no lo son.
Los jóvenes, como afectados principales del problema de la vivienda, debemos organizarnos para poder trasladar eficazmente nuestras demandas a las instituciones. Sin embargo, en un momento de alta movilización y de alta respuesta del gobierno central al menos yo, como joven e inquilina, sigo teniendo la percepción de que de esta manera nada cambiará.
La incapacidad de organización transversal afecta directamente a nuestro futuro como sociedad, y el aumento de la polarización que los partidos políticos alimentan y del que sacan provecho no hace sino alejarnos de los objetivos que sí son comunes, y acercarnos a una realidad que este país ya vivió.
Demandemos entonces una respuesta articulada alrededor de la situación real, ajustada al reparto de competencias. Demandemos responsabilidad política en relación con su papel y no con la afinidad ideológica. Exijamos que nuestros presuntos representantes tengan la capacidad de negociar y alcanzar acuerdos transversales, que de verdad prioricen el bienestar del ciudadano, dejando de mantener constantemente intenciones ocultas.
Demandemos, en definitiva, soluciones complejas frente a problemáticas complejas.
