Exigir explicaciones y asumir responsabilidades ante el dolor no es una cuestión de siglas, sino de justicia democrática
La tragedia ferroviaria de Toledo nos recuerda que detrás de cada cifra hay una vida irreemplazable. Exigir responsabilidades políticas a quienes les corresponde no significa hacer oposición por interés partidista, sino defender nuestros derechos y obtener justicia.
No me siento orgullosa de mi país. De hecho, me ocurre como a muchos más ciudadanos, siento más arraigo por mi comunidad autónoma que por aquellos rincones hasta donde llegan las fronteras de mi patria. Esta misma mañana recibí la notificación de última hora del accidente. Desde el primer momento imaginé cuál podría ser la magnitud de la desgracia. No tardaron en llegar las primeras imágenes, las cifras provisionales y las declaraciones de los responsables políticos.
Como suele ocurrir en estos casos, los primeros mensajes carroñeros no tardaron en aparecer. Mensajes cargados de contenido político que, en lugar de centrarse en las víctimas y en el dolor de sus familias, aprovecharon la tragedia para alimentar el enfrentamiento partidista. Algo muy habitual en nuestro país. Existe una profunda injusticia en pensar que todas las víctimas tenían planes para mañana. Todos ellos quedarán aplazados hasta la eternidad.
Ante una tragedia así, resulta inevitable preguntarse cómo ha podido ocurrir. La investigación debe esclarecer los hechos, determinar si hubo fallos humanos o técnicos y establecer las responsabilidades que correspondan. No podemos convertir las primeras hipótesis en sentencias, pero tampoco podemos aceptar que la necesidad de prudencia se transforme en una excusa para no exigir explicaciones.
Hay numerosas preguntas legítimas que necesitan respuestas verificadas, no excusas improvisadas ni acusaciones precipitadas. Defender a un trabajador también es defender al pueblo. Y es aquí donde entra en juego la responsabilidad política. Pedir la dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, no debería convertirse en una batalla entre quienes defienden al Gobierno y quienes se oponen a él. No debería importar si quien reclama su salida vota a la izquierda, a la derecha o si, sencillamente, está cansado de que la política se reduzca a defender a los propios y atacar a los contrarios.
Ser ministro de Transportes es un cargo que implica una responsabilidad política sobre la gestión de su departamento. Va más allá de postear contenidos en redes. Y no, exigir no me hace menos de izquierdas ni más de derechas. La justicia no debería tener colores políticos. Si la exigencia de responsabilidades depende de nuestras simpatías, entonces no estamos defendiendo principios: estamos defendiendo siglas.
Quizá por eso me cuesta tanto sentir orgullo por un país en el que tantas veces parece que la prioridad es ganar la discusión política antes que resolver los problemas de los ciudadanos. Un país en el que el debate público corre el riesgo de convertir cualquier tragedia en un arma arrojadiza.
Y, sin embargo, en medio de tanta indignación, hay algo que todavía permite recuperar la esperanza. Ciudadanos que ofrecen su tiempo, que acompañan a quienes sufren y que demuestran que la humanidad está por encima de cualquier ideología. Quizá ahí resida el orgullo que tantas veces me cuesta encontrar en mi país: en la gente que se moviliza cuando otros lo han perdido todo, en quienes tienden la mano sin esperar nada a cambio y en quienes entienden que el dolor ajeno no es una oportunidad política, sino una razón para actuar.
Cuando las instituciones deben dar explicaciones y la política se pierde en sus propias disputas, la ciudadanía vuelve a demostrar que la solidaridad no entiende de siglas. Porque la empatía no necesita consignas y ayudar al otro es una de las pocas cosas que todavía nos une.
