Ayuso busca derogar gran parte de las leyes trans y de protección al colectivo
Las dos proposiciones de ley registradas este viernes por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid eliminan, entre otros, el plan integral de educación en diversidad y la prohibición de las terapias de conversión a personas trans.
Isabel Díaz Ayuso ha materializado su promesa electoral de reformar la ley trans. Se trata de modificaciones que afectan a la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y a la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. La tramitación de urgencia permite llevar a cabo la aprobación de los textos antes de final de año, gracias a su mayoría absoluta en el parlamento madrileño, sin que la oposición pueda presentar enmiendas. Según el Partido Popular, este proceso es necesario para “adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos”.
Sin embargo, las modificaciones han sido criticadas por la oposición por suprimir aspectos clave que protegen al colectivo LGTBI ante la discriminación. Concretamente, se elimina el capítulo que recoge el plan integral sobre educación y diversidad, despojando a los centros educativos y a los docentes de un marco legal que fomente la inclusión del colectivo en la enseñanza y que ayude a los menores a combatir el acoso. La Comunidad de Madrid se desligará de la promoción de programas de igualdad y concienciación de las realidades LGTBI, y los medios de comunicación no tendrán que contribuir a su visibilización.
Santi Rivero, responsable LGTBI del PSOE de Madrid y Diputado en la Asamblea, denuncia el «retroceso en derechos LGTBI» que suponen las proposiciones de ley del PP, desde la desprotección de la diversidad en la infancia y adolescencia hasta la ausencia de tipificación de infracciones y mecanismos de sanción. “Los niños y adolescentes LGTBI van a seguir existiendo”, subraya Rivero, y añade que, sin educación en diversidad, “las únicas dos opciones para ellos serán ‘volver al armario‘ o exponerse al acoso y a la discriminación”. Además, recalca que el texto vuelve a los términos de “transexualidad”, siendo esta una “denominación impersonal que desvincula a las personas trans de su identidad».
La reforma elimina la inversión de la carga de prueba, por entender que entra en conflicto con el derecho de presunción de inocencia recogido en el artículo 24.2 de la Constitución. El texto también califica de “muy dudosa” la constitucionalidad del concepto de “autodeterminación de género”, y asegura que su introducción “va en detrimento de la seguridad jurídica de los propios afectados, así como de la sociedad entera”. Como resultado, se ha eliminado el párrafo que reconoce que “ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género”.
Otra variación que ha alarmado a las asociaciones del colectivo es el desmantelamiento del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, lo que supone la exclusión de las entidades del tercer sector. El Coordinador General de la asociación LGTBI ARCÓPOLI, Luis Rosales, destaca su preocupación por la modificación de estas leyes que “vulnera el derecho de autodeterminación”. Rosales asegura que existe una intencionalidad de patologizar a las personas trans y someterlas a terapias de conversión así como de «eliminar de la educación a las personas LGTBI«. Sostiene que en su pretensión de proteger a las infancias, el partido de Ayuso “las empuja a soportar el acoso y la marginalización”. A su vez, denuncia que la derogación de esta normativa “supone un borrado de parte de la población de la Comunidad de Madrid y un retroceso en su imagen pública como ciudad de referencia en la protección de los derechos LGTBI”.
Por su parte, Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha publicado un mensaje en X calificando la reforma como un “retroceso en derechos” que patologiza a las personas trans, y una “derogación camuflada” de facto. En el programa de la Cadena Ser, Hora 14, ha reflexionado sobre la «carga ideológica ultra” que subyace a esta proposición y que marca la agenda de Ayuso.
Ayuso acaba de registrar una reforma de la Ley Trans que supone su derogación camuflada. Es el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas, que vuelve a patologizar y poner en la diana a las personas trans. No lo vamos a permitir.
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 10, 2023
Desde el PSOE de Madrid, Santi Rivero asegura que “el Partido Popular ha adoptado una deriva que es más propia de Vox” y recuerda que en 2016, el Grupo Popular votó a favor de la ley de protección LGTBI y se abstuvo en la votación de la ley trans durante el Gobierno de Cifuentes. En 2021, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mantuvo en su negativa de eliminar las leyes ante la proposición de Vox para derogarlas. Sin embargo, Ayuso sí que mostró interés por modificarlas en el futuro con el fin de «evitar la discriminación».
Ante el “grave retroceso”, ARCÓPOLI ha emitido un comunicado convocando una manifestación el próximo lunes en la puerta del Sol “para unirse en rechazo a esta propuesta”, haciendo un llamamiento urgente a la sociedad civil, a las organizaciones LGTBI y a todas las personas defensoras de los Derechos Humanos.
