La denuncia ante la Corte Internacional de Justicia sienta un precedente en Gaza
El mundo está fallando a Gaza. En palabras de Blinne Ní Ghrálaigh, una de las juristas que integran el equipo legal de Sudáfrica, se trata del «primer genocidio de la historia en el que sus víctimas emiten su destrucción en tiempo real con la desesperada y, hasta ahora, vana esperanza de que el mundo haga algo«. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 han muerto alrededor de 24.000 personas palestinas, incluidos más de 10.000 niños a manos del ejército israelí. Además, se estima que otras 7.000 personas están desaparecidas bajo los escombros, por lo que no se ha podido confirmar su fallecimiento.
Ante la falta de movilización de la comunidad internacional, Sudáfrica registró el pasado 29 de diciembre de 2023 ante la CIJ una denuncia contra Israel, acusándolo de presuntas infracciones a la Convención de Ginebra sobre el Genocidio en sus operaciones militares en Gaza, donde pide al órgano judicial superior de la ONU que imponga medidas cautelares en un intento por detener la masacre. Se trata del primer litigio en que se juzgará al estado de Israel como entidad ante un tribunal internacional, un hecho sin precedentes en los 75 años de historia del estado sionista. La iniciativa ha sido apoyada por más de 27 países y organizaciones, a los que se sumarían Bélgica e Irlanda, con la oposición de un bloque occidental que incluye a Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania y Estados Unidos.
A su vez, Sudáfrica también ha trasladado formalmente a la Administración Biden su intención de denunciar al gobierno estadounidense por ser cómplice en el crimen de genocidio. John Kirby, secretario de Defensa de EE.UU., ha tildado estas acusaciones de “contraproducentes” y “carentes completamente de cualquier fundamento real”, si bien el pasado 4 de enero, el gobierno de Biden admitió no haber evaluado formalmente las posibles violaciones del derecho internacional humanitario que Israel pudiera estar cometiendo.
Por otra parte, Namibia ha emitido un comunicado oficial en X expresando su rechazo hacia los apoyos recibidos por Israel en el caso, especialmente hacia Alemania, argumentando que “no puede moralmente expresar un compromiso con la Convención de Naciones Unidas en contra del Genocidio, incluyendo expiación por el genocidio en Namibia, al mismo tiempo que apoya el equivalente a un holocausto y genocidio en Gaza”.
Namibia rejects Germany’s Support of the Genocidal Intent of the Racist Israeli State against Innocent Civilians in Gaza
On Namibian soil, #Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904-1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most… pic.twitter.com/ZxwWxLv8yt
— Namibian Presidency (@NamPresidency) January 13, 2024
Tras la interposición de la denuncia, la CIJ fijó los días 11 y 12 de enero de 2024 para celebrar audiencias públicas donde ambos equipos legales han expuesto su argumentario ante un tribunal de 15 jueces más uno de cada estado litigante. Durante su intervención, Sudáfrica ha construido su caso alrededor de la plausible existencia de «conducta sistemática genocida» con la intención de impulsar una serie de medidas cautelares que comprenden el cese de bloqueo de ayuda humanitaria y el alto el fuego. De esta forma, dejan la puerta abierta a la acción antes del veredicto final, que podría tardar años en ver la luz.
Las evidencias aportadas por la acusación incluyen la intencionalidad de destruir total o parcialmente a un grupo étnico en el discurso de figuras públicas israelíes, así como un elemento físico de destrucción que cuenta con 5 fases relacionadas con el desplazamiento, el asesinato o imposición de condiciones adversas a dicho grupo. Uno de los extractos más representativos de la presentación de Sudáfrica procede de la intervención de Adila Hassim, que ha destacado la desproporcionalidad de los ataques israelíes en nombre del principio de «defensa propia» ante los ataques de Hamas. Además, la acusación también se acoge a la destrucción de centros sanitarios, bloqueo de ayuda humanitaria y bombardeo de zonas declaradas seguras, como es el caso del campo de refugiados de Khan Younis.
Ante las acusaciones de Sudáfrica, Israel ha negado ser responsable de la destrucción de hospitales en Gaza y alega que su objetivo es «mantener la seguridad de la zona» mediante la eliminación de Hamas.
Tanto Israel como Sudáfrica son estados firmantes de los Convenios de Ginebra, lo que vincula legalmente a Israel al caso frente a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de X, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que «nadie les detendrá, ni siquiera La Haya» en sus operaciones militares en Gaza hasta lograr sus objetivos.
We will restore security to both the south and the north. Nobody will stop us – not The Hague, not the axis of evil and not anybody else.
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 13, 2024
El conflicto palestino-israelí ya ha alcanzado los tribunales previamente, aunque no como entidad estatal, sino a nivel individual ante el Tribunal Penal Internacional por la ocupación y expropiación de territorios en la Cisjordania palestina. Según un informe de Amnistía Internacional, la población palestina en Israel está sometida a un régimen de apartheid. A raíz del informe, Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, explicaba que las políticas de segregación israelíes «tratan a los palestinos como un grupo racialmente inferior y les privan sistemáticamente de sus derechos«.
