PP y PSOE han alcanzado un acuerdo para la renovación de la judicatura
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá nuevos vocales cinco años después. El Partido Popular y el Partido Socialista, los dos principales partidos, han sellado al fin un acuerdo para la renovación del órgano. Este proceso debería tener lugar cada cinco años, de acuerdo con el mandato constitucional, pero la falta de entendimiento entre los grandes partidos ha mantenido el CGPJ caducado desde el 4 de diciembre de 2018.
El acuerdo, que comprende la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha completado gracias a la mediación de la Comisión Europea. El comisario de Justicia, Didier Reynders, tomó parte en las negociaciones a fin de aproximar las posturas de PP y PSOE, antes de dejar su lugar a Vera Jourová.
Cinco años de impasse
El actual mandato del CGPJ se aprobó en 2013, durante el gobierno de Mariano Rajoy. La ley imponía la renovación del órgano en 2018, año en el que PSOE (ya en el gobierno) y PP pactaron el nombramiento de Manuel Marchena como presidente. Sin embargo, la filtración de un mensaje de texto del senador popular Ignacio Cosidó en el que aseguraba que el PP podría controlar el CGPJ desde atrás hizo estallar las conversaciones.
En 2021, después de varios desencuentros, llegó una fumata blanca parcial entre socialistas y populares. Los grupos parlamentarios pactaron la renovación del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el CGPJ quedó fuera de la ecuación.
En octubre de 2022, Carlos Lesmes presentó su dimisión como presidente del CGPJ. Lesmes trató, sin éxito, de forzar un acuerdo entre PP y PSOE. Su adiós dejó paso a dos nuevos presidentes, a pesar de la caducidad del mandato: Rafael Mozo, hasta su jubilación en julio de 2023, y Vicente Guilarte, actualmente en el cargo.
¿Qué conlleva el acuerdo?
PSOE y PP designarán, gracias a este pacto, la nueva cúpula del CGPJ, compuesta por 20 vocales. Los socialistas elegirán a 10 magistrados, idéntico número que los populares. De esta forma, el PP ha celebrado que la reforma «ponga fin a la politización de la justicia«, como ya había ocurrido, a su juicio, con otros órganos dependientes del gobierno, como la Fiscalía General del Estado.
De hecho, la Fiscalía General también ha entrado en las conversaciones. PP y PSOE han acordado que el próximo fiscal general deberá haber pasado al menos cinco años fuera de la política para optar al puesto. Esto evitaría nuevos casos como el de Dolores Delgado, propuesta para la Fiscalía General cuando todavía ocupaba la cartera del Ministerio de Justicia.
Además, la presidencia del Tribunal Supremo dependerá de la propuesta de los vocales del CGPJ. De este modo, las figuras del presidente del Supremo y el del CGPJ podrían desligarse de forma práctica. Solo la dimisión de Lesmes en 2022 permitió que hubiese dos magistrados distintos al frente del Supremo (Francisco Marín Castán) y del CGPJ (Vicente Guilarte).
La renovación del CGPJ, sin embargo, no ha quedado exenta de críticas. La izquierda ha criticado con dureza al PP por dar su brazo a torcer en aspectos que había rechazado de pleno tiempo atrás. Incluso se ha hablado de los fines electoralistas de la renovación, pues el acuerdo no ha llegado hasta pasadas las elecciones europeas, que han puesto fin a un ciclo de cuatro comicios en el primer semestre del año.
