No me atrevo a decir si Pedro Sánchez se va o se queda. Tampoco a decir que sea algo que importe poco: la verdad es que, pase lo que pase, estamos asistiendo a un momento histórico -aunque desde esta perspectiva sólo parezca un día más de nuestras vidas-.
Pedro Sánchez, al menos hoy, sigue siendo el Presidente del Gobierno de España. Guste más o menos al lector, es lo que hay. Ser el Presidente lo convierte, de facto, en la representación máxima de nuestra democracia, en especial en un país que, todavía en estos días, no es capaz de tener un debate adulto sobre la Jefatura del Estado.
Asistimos a un momento histórico pues mañana el Presidente puede dimitir, no porque haya incurrido en delito o porque haya perdido la confianza de la Cámara Baja, sino porque un grupo mafioso de ultraderecha -cuyos líderes, por cierto, han estado en prisión- han interpuesto una denuncia falsa, basada en recortes de blogs -no me atrevo ni a llamarlos periódicos- con titulares que son sencillamente mentira. Y un juez lo ha admitido a trámite, saltándose no solo lo que dictamina el Tribunal Supremo -que prohíbe admitir denuncias a trámite basadas solo en recortes de periódicos-, sino también su obligación de presentarlo previamente ante el ministerio público.
Esta denuncia, judicialmente, no tiene ningún recorrido: va a quedar archivada. Y eso lo saben tanto Manos Limpias, como el juez Peinado, como el Partido Popular, que tanta basura está esparciendo estos días. Ahora bien, mediática y políticamente, esta denuncia FALSA puede desestabilizar nuestro país, nuestro gobierno y, ante todo, nuestra democracia. Porque, sí, Pedro Sánchez es ahora mismo el pilar último de nuestra democracia: lo hayamos votado o no -yo no lo he hecho- es nuestro Presidente, elegido por la soberanía popular el 23 de julio del año pasado. Y un pseudo sindicato, aliado con un Poder Judicial profundamente reaccionario, puede cambiar lo que decidió el pueblo sólo con una denuncia falsa. En esas estamos.
Vamos a aceptarlo: la judicatura tiene un problema con la España del siglo XXI. Para los jueces -no todos, pero si bastantes- España tiene demasiado color y cada vez se parece menos al NODO franquista. Y, por qué no, admitámoslo: a pesar de lo que se dice, de los tres poderes, es el Judicial el que MÁS interfiere con los otros dos. De un tiempo a esta parte, muchos miembros del Supuestamente Independiente Poder Judicial han decidido ponerse a trabajar no como jueces, sino como políticos en la sombra sin que nadie los haya votado. Tenemos numerosos ejemplos: el juez Alba -hoy en la cárcel tras su intento de lawfare contra Vicky Rosell-, el juez Marchena o, por supuesto, el MVP en términos de guerra sucia contra adversarios políticos, el archiconocido juez Manuel García-Castellón. También un CGPJ que lleva 5 años caducado, todo porque el Partido Popular -que se dice partido de “estado”- no quiere renovarlo, a pesar de que la Constitución que tanto dicen venerar los obliga. Y ahora es el turno del juez Peinado.
Se habla mucho de la independencia de los medios y automáticamente se les presupone que no la tienen. Es cierto, y me parece bien. Los medios no son imparciales, pero es que no deberían serlo. Todos los medios de comunicación tienen una línea ideológica y, honestamente, eso no es en absoluto contrario a la objetividad. Un medio como El País, Público o elDiario.es puede ser abiertamente de izquierdas y, al mismo tiempo, no tener reparos en ser incisivo, crítico e implacable con el Caso Koldo, los ERE o cualquier otro. El problema no está en tener una ideología, sino en que la ideología no se imponga a la verdad como fin último del periodismo. Sin embargo, tristemente, en este país hay medios que sin pudor priorizan lo primero. El diario El Mundo, con Pedro J. Ramírez a la cabeza, ya lo hizo durante años con el mayor atentado terrorista que ha habido en España y en suelo europeo: durante años no dejaron de clamar que el 11M había sido cosa de ETA, porque así se lo dijo Aznar, y porque esta mentira le costó las elecciones. Ahora, en el momento en que un juez admite una denuncia FALSA contra la mujer del Presidente y este se muestra humano en su “Carta para la Ciudadanía”, el subdirector de ese periódico publica una infame columna donde dice que Pedro Sánchez está animando a una guerra civil.
A los jueces, directamente, se les presupone independencia -sin embargo, una independencia siempre «en juego»-. Como si fueran seres de luz puros y sin ideología, que jamás tienen nada que ver con ésta. Pero, al mismo tiempo, el juez que intentó meterle un puro por unos twits, a Guillermo Zapata en 2015, en aquellos tiempos concejal del Ayuntamiento de Madrid, se sienta junto a Isabel Díaz-Ayuso como Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Su nombre es Miguel Ángel García Martín, y sí, tuvo poder político y si hoy también lo tiene es como recompensa por sus labores de entonces. Porque ellos siempre son parte de la política, aunque para el común de los ciudadanos parezcan seres desconocidos y extraños que no rinden cuenta ante nada y ante nadie -al revés, son a los que se debe rendir cuentas-. Por eso, pase lo que pase, urge una ley que reforme el Poder Judicial. Porque los que eran jueces durante el franquismo lo siguieron siendo después de la Transición, y ahora lo son sus hijos. Porque muchos de ellos representan esa fuerza antagónica a la democracia y usan el poder que tiene para evitar que tú, lector, y que yo, que todos nosotros como pueblo, tengamos derecho a decidir quien nos gobierna (o cómo).
Mentiría si dijera que son los únicos. Muchos llevan tiempo diciéndolo, pero ahora resuena en también en las principales cabeceras y radios del país: en España existe una derecha política, mediática y judicial a la que sólo le gusta la democracia cuando ganan ellos. Por eso hay una batería constante estos días de titulares y opiniones en medios que les son afines, pero también en sus cuentas de Twitter/X, Instagram y demás redes, donde no hacen más que demonizar y culpar a las víctimas de sus cacerías. Por eso, cuando Àngels Barceló preguntó el otro día en La Ser al portavoz del PP Borja Semper -el autoproclamado Moderado– si se había leído la denuncia FALSA de Manos Limpias, éste dijo que no y titubeó una serie de palabras sin sentido. Porque no les importa la verdad, sino el poder. Y la mentira es una herramienta para alcanzarlo.
Y esas mentiras es de las que estamos hartos, no solo los periodistas, sino también quienes estudiamos o hemos estudiado periodismo. Ya lo dijo Silvia Intxaurrondo: son mentiras como catedrales, y algunos de nosotros ya estamos cansados de tragar el sapo. Los lectores, oyentes y telespectadores, los demócratas en general, deben entender que no, no todos son iguales. Ni políticos, ni periodistas. La cacería no empezó con Pedro Sánchez, hace ya años que lo llevamos viendo: Vicky Rosell, Mónica Oltra, Pablo Iglesias o Irene Montero, entre muchos otros; siempre políticos del mismo lado del tablero, pero que antes de ellos fueron Zapatero y tantos otros. Recordarlos también a ellos es importante, pero ni fueron los primeros ni hacerse las víctimas aporta en absoluto una pizca de valor político a esta discusión. Lo único que nos queda por hacer, ya no como gente progresista o conservadora, pues esto es algo transversal que nos interpela a todos como demócratas, es defender hoy a Pedro Sánchez y a su mujer de la cacería fascista de la derecha y la ultraderecha, algo que es, simplemente, defender la democracia. Defender, en definitiva, lo nuestro.
Pedro Sánchez se irá o se quedará, pero la democracia debe resistir y fortalecerse. Y es tarea nuestra que eso suceda.
