Sólo el PSOE, BNG y Coalición Canaria han votado a favor; Partido Popular, Sumar y otros socios, en contra; Vox y Podemos se han abstenido
Ayer, 21 de mayo, se votó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley presentado por el PSOE que tenía como objetivo modificar el Código penal. Se quería un endurecimiento las penas contra la tercería locativa—dueños de locales o inmuebles donde se ejerce la prostitución—e introducir la persecución a los clientes de servicios sexuales.
Sin embargo, la cámara tumbó la propuesta tras obtener sólo 122 votos a favor, en contraste con los 184 en contra y las 36 abstenciones. Esta derrota socialista llega a las puertas de la campaña electoral de las Europeas, en la que los socios de gobierno del PSOE dejan un mensaje claro de independencia.
Las reacciones socialistas no han tardado en darse a conocer. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha declarado en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), que “todos los partidos se han retratado hoy en el Congreso”. Reivindica su grupo político como el único que se ha mantenido firme en “la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres”. Termina su declaración manifestando su voluntad por seguir trabajando para “abolir la prostitución”.
Todos los partidos se han retratado hoy en el Congreso. Las socialistas somos las únicas que nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres. Seguiremos trabajando para abolir la prostitución y el gran negocio del proxenetismo https://t.co/V9TZH8Lh4C
— Ana Redondo (@_anaredondo_) May 21, 2024
¿Qué se votaba?
La ley presentada por el grupo socialista pretendía implantar en en España el modelo nórdico, un modelo neoabolicionista de la prostitución que consiste en criminalizar a clientes y proxenetas. Los ejes de la propuesta, en consecuencia, eran el aumento de penas por tercería locativa y la introducción del castigo a los clientes.
Aunque ya se persigue en el Código Penal español la posesión de locales o inmuebles donde se ejerza la prostitución, esta figura sólo se vincula a la explotación. La modificación habría implicado ampliar este delito para castigar con penas de cárcel a todos los dueños de locales o inmuebles donde se ejerce el trabajo sexual, aunque se ejerza de manera voluntaria.
Por otro lado, se proponía introducir una modificación para castigar a los clientes. Sobre esta cuestión, Laura Pozuelo, profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, declaraba para Newtral que el texto es demasiado ambiguo. “Parece claro que hace referencia a aquellas relaciones sexuales (penetración, masturbación) donde media un intercambio económico. Pero, ¿lo es un baile erótico sin ropa? ¿O masturbarse para un cliente aunque no haya contacto? No creo que la pornografía o plataformas como OnlyFans entren en ese tipo, pero es cierto que, por cómo está redactada la propuesta, no se puede afirmar cuál es la verdadera intención”.
Las críticas a la propuesta de ley contra la prostitución
Los detractores de la propuesta en el Congreso se ubican en puntos diversos del espectro político, desde la postura abolicionista de IU, por un lado, a la posición proderechos o regulacionista que representan los Comunes, Más Madrid o Compromís. Por su lado, el PP ha evitado acudir al rescate de un PSOE en minoría parlamentaria a las puertas de las Elecciones Europeas.
Desde Sumar llegan fuertes críticas por haberse llevado a votación una ley sin consenso previo. La tildan de incompleta por no ofrecer una salida real a las personas—en su amplia mayoría mujeres— que ejercen el trabajo sexual. Reprochan desde la formación un texto con tintes «electoralistas» y que sólo buscaba «ahondar en la división» del feminismo.
En una rueda de prensa, Engracia Rivera, diputada por Izquierda Unida, ha sido clara: “Nosotras jamás podremos apoyar tal y como está la propuesta socialista”. Explica que el contenido de la ley se hace desde una posición «punitivista» que «castiga» a las mujeres. También ha señalado que “hay prostitución masculina que debemos recordar. Por tanto, (el trabajo sexual) afecta a las mujeres, al ámbito LGTBI y otros”. Se compromete a buscar consensos que protejan a los afectados desde un marco interseccional.
El PSOE no propone ninguna medida realista ni eficaz para abordar el tema de la prostitución ni aporta salidas ni garantiza derechos para las personas que la ejercen. Por lo mismo, el voto de @IzquierdaUnida y @Sumar será en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.
— Engracia Rivera 🍉 (@Engracia_Rivera) May 21, 2024
Lo que dicen las afectadas
Han declarado para el diario ABC las portavoces de dos plataformas regulacionistas de la prostitución, la Plataforma Stop Abolición y el Sindicado OTRAS, primer sindicato de trabajadoras sexuales en España con aval del Supremo. Ambas asociaciones coinciden en que el modelo perseguido no es el adecuado. “Lo que el PSOE presenta hoy” afirma la vocal de la Plataforma Stop Abolición “es una cruzada moral que nos sitia social y económicamente para hacernos la vida más difícil”. Desde OTRAS, coinciden en que “abolir significa siempre empeorar la calidad de vida de las prostitutas”.
El proxenetismo está prohibido desde antes de que hicieras el ridículo en política, Patxi. El resto es una criminalización peligrosa y que solo os retrata a vosotros como partido. #StopCriminalizacion pic.twitter.com/hyfxjTvFTf
— Plataforma #StopAbolición (@stopabolicion) May 21, 2024
Las dos asociaciones reclaman que el PSOE no se haya puesto en contacto con ellas para redactar la propuesta. Señalan que “es el primer paso de cualquier ley en democracia. Es vergonzoso, pero no se ha hecho”. Las peticiones de las afectadas son contundentes. “Queremos que se nos facilite participar en cualquier normativa que nos afecte y que el enfoque no provenga solo de ONG asistenciales que tienen intereses propios”.
En respuesta a la tramitación de la ley, se convocó una manifestación durante la votación a las puertas del Congreso. Se reivindicó que las medidas presentadas “condenan a mayor clandestinidad” el servicio sexual. Han recabado algunos apoyos, como los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que, tras las experiencias de otros países, concluyen que “criminalizar mata”.
