Aún no ha sido imputado, pero García Ortiz está en el punto de mira
El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal General del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. El perjudicado sería el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El transcurso de los hechos
Alberto González Amador, además del novio de Isabel Díaz Ayuso, es empresario y comisionista. En febrero de este año, reconoció dos delitos de fraude – por unos 350.000 euros- y un tercero por falsedad documental. Los delitos se habían producido supuestamente con el fin de reducir la factura fiscal de la empresa respecto al Impuesto de Sociedades a raíz de la compraventa de material sanitario – en su mayoría mascarillas- durante la pandemia del coronavirus. Además, con ese dinero, se compró un ático de unos 380 metros (en plena crisis de vivienda).
Tras el destape del caso, González Amador y su abogado, decidieron proponerle a la fiscalía un acuerdo. Un mes después, en marzo, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, filtró un correo de la fiscalía, dando a entender que este organismo era el que había propuesto la posibilidad de pacto. Aludía que esto se había producido por «presiones de arriba«, es decir, del Gobierno.
La fiscalía, como respuesta, envió al día siguiente una nota de prensa a los medios de comunicación para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez. En ella, detallaba la cronología del caso. Este fue quizás el clímax del conflicto, pues el novio de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron al fiscal general por revelación de secretos. La nota de prensa vulneraba supuestamente el derecho de González Amador a defenderse. Aquí fue cuando el caso, por aforamineto (los fiscales deben ser juzgados por otro organismo) llegó al Supremo.
Por qué lo investigan exactamente
Sin embargo, lo curioso es que el Tribunal Supremo haya abierto una causa no por esa nota, sino para averiguar quién fue el causante de la filtración de unos correos en los que la pareja de Ayuso asumía su culpabilidad. Las personas que tenían acceso a dichos correos sumaban un total de 18, entre los que se encontraban fiscales y funcionarios. Además, Miguel Ángel Rodríguez le facilitó el acceso a ellos a determinados periodistas.
Respuesta a Óscar López, activista con rango de ministro. Óscar: os van deteniendo a todos. Aldama es el principio. Lo de Aldama va directamente contra Begoña. Vaya día que estáis pasando. Y mañana toca el fiscal ese del Sanchismo. Vais todos p´lante
— MÁR (@marodriguezb) October 7, 2024
Es cuestión de semanas averiguar quién fue el responsable de estas filtraciones. Sin embargo, la posibilidad de cuestionar otros frentes a raíz de este es irresistible. La decisión de García Ortiz de no dimitir se ha puesto en duda en boca de tertulianos y periodistas, y la credibilidad de la institución está en juego.
No está imputado de momento, se ha abierto una causa. Y, con ello, se abren también otros debates sobre si este es un caso de justicia, de la «máquina del fango» a la que se refieren los políticos o es simplemente un halo que difumina los verdaderos conflictos actuales.
La investigación concluirá en un par de semanas, meses, como mucho. Ahora, en esta guerra judicial, el PSOE quiere presentar una querella contra el Partido Popular. Pero ¿y la crisis de vivienda? ¿y los fondos buitre y especuladores? ¿Alguien del Parlamento se sigue acordando de la invasión de Ucrania?
