El Ejecutivo ha presentado el Anteproyecto de la nueva Ley del Derecho de Rectificación, que sustituirá a la actual norma
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Esta norma, previa tramitación en el Congreso de los Diputados, sustituirá a la actual Ley del Derecho de Rectificación, que entró en vigor en abril de 1984. Lo ha confirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al término de la reunión semanal del equipo de gobierno.
La actualización de la norma busca extender su aplicación al ámbito digital, que se ha desarrollado de forma exponencial en los 40 años de vigencia de la actual ley. Así, el derecho de rectificación se extiende a los usuarios de plataformas y redes sociales que cumplan ciertos parámetros en materia de alcance. Del mismo modo, el Gobierno ha modificado los plazos en los que la parte afectada puede solicitar la rectificación.
Usuarios de especial relevancia
El Gobierno ha propuesto una definición en torno a la que girará toda la ley. Se trata de los usuarios de especial relevancia, categorizados por su afluencia en las redes sociales y plataformas digitales. El Ejecutivo relaciona este término con los influencers, pero delimita las cifras que necesita un perfil para ser considerado como tal. Se considera usuario de especial relevancia a todo aquel que supere los 100.000 seguidores en una plataforma, o bien los 200.000 en dos o más plataformas.
La nueva norma apela también de forma directa a las propias plataformas. Estas deben establecer mecanismos para que los afectados por las informaciones falsas soliciten la rectificación a esos usuarios de especial relevancia. La difusión de la rectificación en este caso deberá tener una dimensión semejante a la publicación original. Este requisito, que ya existía para los medios de comunicación tradicionales, se extiende a los creadores de contenido en línea.
Por otra parte, las víctimas de los bulos verán ampliado el plazo en el que pueden requerir la rectificación. El Gobierno extiende el plazo a los diez días, por los siete días que la ley prevé en este momento. Este aspecto será válido tanto para los medios tradicionales como para los usuarios de especial relevancia en redes.
Félix Bolaños ha justificado durante su intervención la nueva ley con la eclosión de un nuevo sistema de la información, el cual contempla diversas vías para la difusión de bulos. «Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan el debate público», ha declarado.
Los obstáculos para la nueva ley
La aprobación de la nueva Ley del Derecho de Rectificación supone la entrada de la acción legislativa en un terreno relativamente ignoto como las redes sociales. La primera pregunta respecta a quién decide qué es un bulo y qué no lo es. Plataformas como Instagram o WhatsApp carecen de mecanismos propios de verificación. En X, en cambio, el sistema de verificación (Notas de la Comunidad) se basa en la propia iniciativa de los usuarios, sustentada por una fuente documental (a elección del propio usuario) y los votos de la comunidad.
Por otra parte, el ecosistema digital se extiende de forma continua. El Gobierno no acota las plataformas que se consideran a la hora de calcular los 200.000 seguidores necesarios para calificar a un perfil de usuario de especial relevancia. En los últimos meses, sin ir más lejos, han aparecido nuevas redes sociales como Truth o BlueSkye, sin conocerse la importancia que pueden tener para la ley. Tampoco se aclara si las plataformas aludidas son aquellas destinadas principalmente a la generación y consumo de contenido, como Instagram, TikTok o Facebook, o si el ámbito es más amplio.
Los mecanismos para solicitar la rectificación suponen otro punto delicado. En las redes sociales, el propio usuario tiene la facultad de decidir el ámbito de usuarios que le pueden contactar de forma directa, en la medida en la que las plataformas no intermedian entre ellos. El Gobierno no ha aclarado cómo impondrá a las plataformas la creación de esos mecanismos. Se debe tener en cuenta que la gran mayoría de estas plataformas tienen su sede fuera de la jurisdicción española.
La nueva ley se enfrenta al reto de asumir la gobernanza de las redes sociales. Se trata de un contexto que cambia de forma continua, y ofrece cada vez más posibilidades de difusión de contenido a los usuarios. El Gobierno, sin embargo, apenas «centra el tiro» respecto a las modalidades específicas de rectificación, al menos en la primera presentación del anteproyecto de ley.
