El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su dimisión. Tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, este lunes 24 de noviembre, Álvaro García Ortiz, fiscal general, presentaba su dimisión. El ya ex fiscal general explicó que su decisión respondía a un «profundo respeto a las resoluciones judiciales y al servicio de la ciudadanía«, aseguró en dicha carta.
García Ortiz admitió que, tras la condena por revelación de secretos dictada hace unos días por el Tribunal Supremo. Por tanto, su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado resultaba insostenible. El hasta ahora fiscal general ha querido cerrar una etapa marcada por la controversia. Con este gesto, y con la necesidad de preservar la credibilidad de la institución. Evitando que su situación personal afectara al funcionamiento del Ministerio Fiscal.
Por otro lado, el Ejecutivo ha confirmado que la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, asumirá el cargo de forma interina hasta el nombramiento de un sustituto. Mientras que, desde el Gobierno, se ha destacado que la decisión de García Ortiz «demuestra respeto institucional y compromiso con el Estado de Derecho«. Mientras tanto, la oposición ha reclamado una «renovación profunda» de la institución.
La investigación y el juicio
El origen de esta situación se remonta a una investigación de la Agencia Tributaria sobre las actividades empresariales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude fiscal. En marzo de 2024, la investigación adquirió relevancia pública. Esto fue debido a la filtración de un correo electrónico confidencial del abogado de González Amador que reconocía dicho fraude negado por la presidenta madrileña. Esta información llegó a los medios de comunicación a través de fuentes vinculadas a la Fiscalía.
La Guardia Civil registró el despacho de García Ortiz en octubre de 2024, al sospechar que el fiscal general podría haber facilitado la difusión de esta información. Meses más tarde, el 9 de septiembre de 2025, el Supremo acordó abrir un juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Este juicio se ha celebrado entre los días 3 y 13 de noviembre, con la declaración de más de cuarenta testigos, entre periodistas y funcionarios.
Hasta que el pasado jueves 20 de noviembre, el Tribunal Supremo dictó sentencia. Cinco de los siete magistrados han considerado probado que García Ortiz vulneró su deber de confidencialidad y de secreto profesional. Por tanto, su pena ha consistido en dos años de inhabilitación para ejercer cargo público, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a la persona afectada.
Al lunes siguiente, García Ortiz ha presentado su dimisión asegurando que «ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad» después de tres años de mandato. Su condena y posterior dimisión ponen fin a un periodo marcado por la tensión institucional. El entonces fiscal general ha asegurado «haber servido fielmente a la institución«.
