El caso Salazar, la campaña electoral en Extremadura y el día de la Constitución son algunos de los temas que marcan la semana política
El caso Salazar
El escándalo político conocido como “caso Salazar” ha sacudido al PSOE y al Gobierno de España por las denuncias de acoso sexual y abuso de poder contra Francisco Salazar, ex alto cargo del partido y asesor en la Presidencia del Gobierno. Varias mujeres que trabajaron bajo su mando describieron en escritos internos comportamientos hipersexualizados, comentarios humillantes y actitudes intimidatorias, que crearon un ambiente laboral “irrespirable”. Las denuncias se presentaron en julio a través del canal interno de acoso del PSOE, sin recibir respuesta inmediata, y llegaron a “desaparecer” del sistema meses después, lo que generó una fuerte crítica interna y externa.
Salazar renunció a sus cargos en verano, pero el manejo del caso ha provocado indignación pública y debate político, con la dirección socialista reconociendo errores y prometiendo reforzar protocolos antiacoso, mientras la oposición acusa al presidente Pedro Sánchez de lentitud y falta de transparencia.
El poder de Fedexcaza en la política extremeña
En plena precampaña de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Extremadura, la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) se ha convertido en un actor político relevante que PP, PSOE y Vox cortejan activamente, dejando fuera únicamente a Unidas por Extremadura. La federación presume de contar con cerca de 34.000 afiliados, un número que, según su presidente José María Gallardo, supera la militancia de los partidos políticos tradicionales en la región y le otorga peso social para presionar agendas políticas.
Los principales partidos han firmado compromisos con Fedexcaza para revisar el Plan Estratégico 2024-2029, defender normativas cinegéticas frente a regulaciones nacionales y europeas, recuperar la caza menor y mejorar sistemas vinculados a subproductos animales.
La federación ha influido incluso en decisiones como la habilitación de la caza en el Parque Nacional de Monfragüe, antes prohibida. Mientras PP, PSOE y Vox defienden la caza como actividad esencial para el mundo rural, Unidas por Extremadura acusa al lobby de recibir un trato privilegiado y cuestiona la excesiva protección política al sector.
La izquierda reivindica en el Día de la Constitución
Distintas formaciones situadas a la izquierda del PSOE aprovecharon la conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española para presentar un conjunto de reivindicaciones políticas que van más allá de la celebración institucional. Según Público, estos partidos sostienen que la Carta Magna necesita actualizaciones profundas para incorporar derechos sociales y civiles que consideran ausentes o insuficientes en el texto actual.
Entre las demandas destacan la inclusión explícita del derecho al aborto en la Constitución, una propuesta que ya impulsa el Gobierno pero que requiere de un amplio consenso parlamentario para prosperar. Además, estos grupos reclaman mayores garantías en materia de vivienda, empleo y políticas sociales, y algunos abiertos a debatir incluso un cambio en la forma de Estado hacia una república.
La conmemoración oficial generó críticas no solo desde la izquierda alternativa, sino también de partidos nacionalistas y de extrema derecha que optaron por ausentarse, reflejando el diverso malestar político respecto al texto constitucional vigente.
Sumar presiona al PSOE con la vivienda
El grupo político Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, ha anunciado que llevará al seno del Ejecutivo un real decreto-ley destinado a forzar al PSOE a posicionarse sobre la prórroga de los contratos de alquiler, en el contexto de una crisis de vivienda con más de 630.000 contratos que expiran en 2026 y un impacto estimado en 1,6 millones de inquilinos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha urgido a su socio de Gobierno a respaldar esta intervención para proteger a las familias trabajadoras frente a subidas de renta potenciales de hasta el 50 % o más.
Sumar plantea que el decreto incluya una prórroga automática de contratos y otras medidas para “pinchar la burbuja del alquiler”, pero no ha obtenido aún el apoyo explícito del PSOE, que reclama prudencia y recuerda que la actual ley de vivienda ya incorpora mecanismos de protección en zonas tensionadas.
La semana política ha quedado marcada por las tensiones internas en la coalición y la presión de aliados parlamentarios para impulsar reformas sociales y económicas, reflejando la complejidad de mantener la cohesión mientras se negocian medidas clave antes de fin de año.
