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La nueva reforma de la Constitución sustituye el término «disminuidos» por «personas con discapacidad»

El movimiento social de la discapacidad califica de «éxito histórico» y «motivo de esperanza» la actualización del artículo 49

El Congreso aprueba por amplia mayoría absoluta la reforma de este aspecto de la Constitución con el propósito de que todas las personas con discapacidad en España se sientan reflejadas. Se trata de una iniciativa que, impulsada por PSOE y PP y que ha contado con el respaldo de todos los grupos, excepto de Vox, sustituye el término disminuidos por personas con discapacidad.

El acuerdo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo alcanzaron el pasado 22 de diciembre pretendía salvaguardar la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Así, el artículo 49 de la Constitución ha sido actualizado determinando que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica…».

La actualización de la Carta Magna ha sido aprobada de esta manera a través de la vía exprés por 312 votos a favor y 32 en contra. Está ha sido considerada por los partidos políticos una «deuda moral» pendiente desde hace tiempo para garantizar la dignidad e igualdad del colectivo, cambiando un término que, como indicó el ministro de Justicia, es «inaceptable».

En el pleno extraordinario celebrado el 18 de enero el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió este avance aludiendo a que «todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y defensa del interés general» y que, «por encima de cualquier interés legítimo, lo trascendente es el efecto sobre la vida cotidiana de la gente».

Según el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, esta modificación “hace justicia a las personas con discapacidad” que, a su vez, han hecho «un favor” a España al impulsarla. En el acto sobre la reforma del artículo 19 de la Constitución también resaltó cómo “los poderes públicos, a partir de ahora, deberán implicarse en políticas fundamentales” para el colectivo, como “garantizar nuestra plena autonomía y el acceso a entornos universalmente accesibles”.

En este punto, Pérez Bueno se mostró convencido de que la reforma no va a resolver  todos los problemas que arrastra el colectivo, pero sí conseguirá “que la discapacidad deje de ser percibida como castigo”. Opina que ésta permitirá sentar las bases de políticas públicas que, en un par de generaciones, darán sus frutos.

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