El Consejo de Ministros tiene previsto abordar la aprobación del real decreto que dará inicio a la regularización masiva de inmigrantes anunciada en enero
La norma superó el trámite de audiencia y, tras el informe del Consejo de Estado, ha sido remitida al Consejo de Ministros para su aprobación y publicación en el BOE. Una vez entrada en vigor, se abrirá el plazo de solicitudes. Comenzará a principios de abril y finalizará el 30 de junio, tal y como ha señalado la ministra, Elma Saiz. Finalizado este periodo, las solicitudes serán inadmitidas. Por su parte, la resolución comenzará en julio y finalizará a finales de septiembre.
No obstante, próximos a finalizar el plazo de presentación de las solicitudes o de resolución de las mismas podría adoptarse la decisión de prorrogar dichos plazos. El Ministerio de Inclusión y Migraciones está adoptando las medidas necesarias para poner en marcha los procedimientos y garantizar la correcta recepción y tramitación de los expedientes.
¿Cómo se va a ejecutar?
Se estima que entre el 85% y el 90% de las solicitudes se presentarán por vía electrónica, a través de la aplicación Mercurio, mientras que quienes no puedan hacerlo optarán por la vía presencial. Para ello, se habilitarán puntos físicos de la Administración en todas las provincias. Los interesados podrán acudir con cita previa a oficinas de la Seguridad Social, oficinas de Correos y Oficinas de Extranjería. No obstante, aún no se conoce con precisión qué papel desempeñarán estas dos últimas en el procedimiento.
Todo apunta a que la tramitación de los expedientes se centralizará en la UTEX en Vigo. El proceso será más sencillo que el ordinario. El documento clave será el certificado de antecedentes penales. Deberá aportarse desde el país de origen o desde aquellos en los que se haya residido en los últimos cinco años.
¿En qué consiste la regularización?
Los extranjeros regularizados obtendrán una autorización de residencia y trabajo. Podrán trabajar en cualquier sector durante un año, con posibilidad de renovación posterior. Esta medida responde a la elevada cifra de personas en situación irregular en España, consecuencia de los intensos flujos migratorios registrados en los últimos años. Cada año llegan miles de personas a España para trabajar o estudiar. Muchos de ellos acaban solicitando una autorización de residencia o trabajo. Si se les concede el permiso, obtienen una autorización administrativa. Esta les permite solicitar la tarjeta de identidad de extranjero y acceder a un número NIE, con el que podrán darse de alta en la Seguridad Social.
En este contexto, el Real Decreto 1155/2024, aprobado el 19 de noviembre y con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025, introduce una flexibilización de los requisitos y de las vías de acceso a la regularización. Entre estas medidas destacan figuras como el arraigo, que facilita la obtención de autorizaciones de residencia en determinados supuestos. La reforma busca, además, favorecer la llegada de personas extranjeras por motivos laborales, formativos o familiares, con el objetivo de integrarlas en el mercado de trabajo formal. De este modo, el nuevo marco normativo pretende dar respuesta a la falta de mano de obra en sectores clave y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.
¿Puede el Congreso frenar la regularización?
El Congreso aprobó una moción, respaldada por partidos como PP, Vox y Junts, que insta al Gobierno a frenar la regularización. Sin embargo, se trata de un gesto simbólico y no vinculante: comunica la postura parlamentaria, pero no puede detener el Real Decreto. Actualmente, la medida se impulsa directamente desde el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto, sin necesidad de votación en el Congreso. Esto es legal gracias al procedimiento urgente que permite tramitar normas migratorias excepcionales.
Aunque la mayoría parlamentaria no avala la regularización, el proceso sigue adelante y no requiere aprobación previa del Congreso. En la práctica, el decreto permite que la regularización comience de inmediato, pese a las críticas y advertencias de los grupos opositores.
¿Una medida a contracorriente?
La regularización de inmigrantes contrasta con las tendencias restrictivas hacia la inmigración que se están imponiendo en Europa y en otros países occidentales. Sucede que frente al estancamiento de otras economías europeas, España presenta datos macroeconómicos de crecimiento sostenido. En contextos similares de pujanza económica, gobiernos como los de Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero ya recurrieron a procesos de regularización. Aunque no se han repetido desde 2005, el Ejecutivo considera que ha llegado el momento de abordar la situación de las personas que residen y trabajan en España sin autorización.
Tras el anuncio de la medida, han proliferado numerosos bulos. Entre ellos, que se permitiría votar a los beneficiarios, confundiendo la regularización con un proceso de nacionalización. El Gobierno estimó inicialmente que la medida podría beneficiar a medio millón de personas. Sin embargo, algunas previsiones elevan la cifra hasta cerca de 800.000. No obstante, tampoco es correcto afirmar que se trate de un “efecto llamada”. Solo podrán acogerse quienes acrediten su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. La medida, además, fue anunciada a finales de enero, lo que limita su capacidad de atraer nuevos flujos migratorios.
Más allá del debate político, la regularización responde, en buena medida, a una lógica administrativa y económica. Consiste en conocer cuánta población reside en el país y en qué condiciones. También busca incorporar a estas personas al mercado laboral formal. De este modo, se reduce su vulnerabilidad y se refuerza la recaudación pública, al tiempo que se avanza en su integración dentro del sistema económico y social.
