En la manifestación había 200.000 personas según la Delegación del Gobierno, o 678.000 según los manifestantes, ocuparon las calles de Madrid el pasado domingo en una manifestación multitudinaria organizada por la Marea Blanca. El desmantelamiento generalizado de la sanidad pública y los planes de Ayuso para la atención primaria han sido el impulso definitivo para esta convocatoria, que parece haber tenido éxito
No es solo Madrid
Si bien Madrid ha resultado ser el foco principal de las revueltas sanitarias, prácticamente todas las comunidades comparten lacras como la falta de personal, sueldos relativamente bajos o listas de espera muy largas para ser atendidos. Esta situación empeoró notoriamente tras el colapso en los hospitales provocado por el coronavirus en 2020: el tiempo medio de espera quirúrgico aumentó un 40% en 2020, cuando llegó a alcanzar los 170 días de espera en junio de 2020, apunta Sergi Jiménez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.
Es complicado hacer una valoración de la sanidad debido a que los datos oficiales, provenientes del Ministerio, están desactualizados y datan de 31 de diciembre de 2021. Aún así, observamos que hace casi un año los tiempos de espera para una intervención quirúrgica no urgente eran, de media, 123 días y el 20’3% de los pacientes (1 de cada 5), tenía que esperar más de 6 meses para su operación. En cuanto a longitud de la lista de espera para una intervención, se encontraban a la cabeza Aragón, Cantabria y Cataluña, donde el porcentaje de más de 6 meses de espera sobrepasaba el 30%. Por otro lado, para consultas de atención especializada la media de espera era de 89 días y, en este caso, la Comunidad Autónoma con peores condiciones era Andalucía, cuya espera media era de 106’49 días.
Cómo decíamos, a día de hoy no existen datos oficiales de cómo está la situación en materia de sanidad, pero podemos hacer aproximaciones. En Galicia, los sindicatos señalan que los recortes del gobierno autonómico han dado pie a tener que esperar más de 20 días para una consulta sanitaria; en Cataluña, ayer mismo, los médicos amenazaban con imitar las revueltas madrileñas si no había un “cambio radical” que paliase las carencias de los centros médicos, un ejemplo de ello es la decisión de un hospital de Mataró suspender las guardias por falta de personal. Al sur, un millón de Andaluces esperan para ser intervenidos en quirófano y la “prisa” dentro de los hospitales tiene consecuencias como la muerte de un joven sin techo que murió tras haber sido dado de alta, decisión que el hospital achaca a la falta de medios; mientras tanto, Juan Manuel Moreno, presidente andaluz, pide “serenidad” y que no se repitan las manifestaciones y huelgas de otros territorios.
Los giros constantes de las políticas de Ayuso
Con el inicio de la pandemia se tomó la decisión “temporal” de cerrar 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), mientras que los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) permanecen abiertos. Los sanitarios de los centros que habían dejado de funcionar serían reubicados en centros móviles o el IFEMA. Después de más de dos años, dichos centros seguían cerrados, lo cual fue uno de los motivos de movilización de la marea blanca, que finalmente logró su reapertura pero, ¿bajo qué condiciones?
La primera tanda de reapertura de los centros se dio en junio de este año, bajo el plan de la Gerencia de Atención Primaria que permitía volver a abrir 17 de las 37 urgencias extrahospitalarias cerradas y buscaban paliar la ausencia de médicos en 7 de ellos ampliando el campo de trabajo de los enfermeros. Los sindicatos decidieron denunciar que, en la práctica, se estaba dictaminando el cierre definitivo de los 20 centros restantes y la mala calidad del servicio de los 7 que se habían vuelto a inaugurar únicamente con personal de enfermería.
Ante esta oleada de quejas y críticas, el 27 de octubre se publicó un nuevo plan que aseguraba la reapertura, “de manera progresiva”, de todos los centros que habían cerrado y que todos contarían con personal facultativo Esta decisión implicaba una “reorganización de recursos humanos”, es decir, que los centros contarían con la mitad del personal. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, expresaron la dificultad de llevar a cabo el plan, debido a la falta de facultativos.
Las últimas soluciones no convencen a los pacientes y el personal sanitario que salen a las calles
Surgió entonces una tercera solución: abrir, el 27 de octubre, 78 localizaciones en total que aglutinan los Servicios de Atención Rural (SAR) y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que ahora reciben el el nombre conjunto de Puntos de Atención Continuada (PAC). No cabe duda de que el primer día de la reapertura de estos centros sanitarios en Madrid fue un caos: el 57% de los médicos se dieron de baja el primer día. “No damos a basto”, aseguraban muchos. Sin embargo, la Administración afirmó que, el segundo día, el 40% del personal restante logró llevar el servicio de manera exitosa.
A menos de dos semanas de la puesta en marcha de este plan, se confirmó que la cantidad de facultativos era insuficiente para cubrir tal carga de trabajo. El Gobierno Autonómico diseñó entonces otro plan, publicado mediante una nota de prensa el pasado 7 de noviembre. Este consistía en 44 centros sanitarios con médicos y otros 34 solo con Enfermería y equipos para realizar videollamadas con un facultativo de la zona, lo cual se amplió el 11 de noviembre a 49 centros con facultativo y otros 29 sin ellos. Además, se instalarían medios para realizar gran parte de las consultas por videollamada.
¿Qué planteaban los sindicatos y el personal sanitario?
“No sirve de nada que tengamos cámaras de video y centralitas telefónicas último modelo si no tenemos profesionales al otro lado. Las medidas cosméticas no curan, ni cuidan” es una frase del manifiesto de UGT, que refleja uno de los motivos de la huelga. Apuntan, además, que la atención por videollamada no es sinónimo de una sanidad pública de calidad.
Consideran que la causa principal de la degradación del servicio es la baja inversión. Señalan que un presupuesto de 200 millones de euros en estos dos años (2022 – 2023) es insuficiente: los cálculos muestran que harían falta 275 millones para alcanzar la media de inversión (14%) del resto de Comunidades y, al menos, 1175 millones para rogar la inversión del 25% que recomienda la OMS. Además, esta subida permitiría mejores condiciones salariales y de trabajo y, en consecuencia, solucionar el problema de falta de médicos y mala calidad del servicio sanitario.
Un acuerdo lleva a la desconvocatoria de la huelga de la Atención Primaria
«Hemos alcanzado un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga», expresó el consejero, Enrique Ruiz Escudero. Finalmente, la consejería ha abandonado el plan de los 78 puntos de atención continuada previstos y solo abrirá 49, con atención presencial con un médico en todos ellos, lo cuál era una exigencia clave de los sindicatos. Así, la huelga que estaba prevista para este lunes 21 ha quedado desconvocada.
A pesar del éxito de este acuerdo, son muchos los sectores descontentos dentro de la propia sanidad. El lunes se prevé un paro indefinido de 5.000 médicos de familia y pediatras de atención primaria, para los que ya se han establecido los servicios mínimo. Por otro lado, los trabajadores de Summa 112, MATS y CSIF prevén paros del 18 al 20, del 27 al 29 de noviembre y del 11 al 13 de diciembre, debido a que consideran que, con el cierre de centros durante la pandemia, la línea entre urgencias hospitalarias y atención primaria aún quedan difusas, lo que provoca el colapso de los hospitales de urgencias.
