El recurso del PP ha provocado algo completamente excepcional: el poder judicial intervendrá en una decisión del legislativo antes de que está sea votada. Algunos progresistas han llegado a comparar lo acontecido con el 23-F
Jornada del 15 de diciembre, un día cargado de tensiones en el Congreso
En la jornada de ayer, en el Congreso, tuvo lugar la votación sobre la reforma de Consejo General del Poder Judicial, en la que el PP se abstuvo a votar dado que, en palabras de Cuca Gamarra, la diputada popular: “esta votación no debería haberse producido en los términos que se ha producido”. Obviando la participación de los populares, la reforma de la ley ha sido aprobada con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. Todo el revuelo proviene de que el bloque de derechas, minoritario en el Congreso de los Diputados, ostenta el mayor apoyo en el CGPJ debido al bloqueo que provocó una mayoría conservadora dentro del mismo.
En este sentido, el PP presentó un recurso de amparo en que el Constitucional, lejos de decidir sobre la cuestión en sí, debía sentenciar si era acorde a la Constitución y la legislación vigente que un cambio de este calibre se votase a través de enmiendas. La intención de este recurso era paralizar la reforma del poder judicial y, así, evitar perder sus apoyos en el TC.
El último giro de tuerca ha llegado cuando el Constitucional ha accedido a debatir si se van a tomar medidas cautelarísimas que puedan suspender el pleno o, al menos, las votación de las dos enmiendas. Para los progresistas, la posible adopción de estas medidas «viene a confirmar el carácter antidemocrático de la derecha de este país» según Patxi López, el portavoz socialista.
Se pospone la decisión del Constitucional
Ayer por la mañana se suponía que estaría lista la decisión del Constitucional que podía paralizar el debate de por la tarde en el Congreso. Finalmente, el pleno extraordinario dentro del poder judicial ha sido aplazado al lunes, a solicitud de sus cinco miembros progresistas, que han expresado la necesidad de más tiempo para comprender y estudiar un asunto de tanta complejidad.
Trevijano y Arnaldo: los protagonistas de esta historia
Las reformas de la ley, que según la votación han sido aprobadas, supondría el cese inmediato de todos aquellos jueces que a día de hoy tienen el mandato caducado. Entre los nombres de quienes tendrían que abandonar su puesto se encuentra Pedro González Trevijano, el presidente —conservador— del Tribunal Constitucional. La cuestión es que Trevijano, a su vez, ha sido quien ha animado a convocar el pleno extraordinario que podría suspender la puesta en marcha de este paquete legislativo. Además, es de remarcar que ante un posible empate —muy probable debido a que de los diez magistrados, cinco son progresistas y cinco conservadores— en la votación sobre si suspender o no la aprobación de las enmiendas, el voto del presidente valdría el doble, por lo que resultaría ser decisivo.
De hecho, la votación de las enmiendas sufrió un retraso de dos horas debido a que PSOE y Unidas Podemos presentaron un auto de recusación —instrumento que se utiliza en caso de posible parcialidad de un juez o un magistrado ante un asunto— que incluía tanto a Trevijano como al magistrado Antonio Narváez. Unidas Podemos, además, quiso añadir a esta recusación a Enrique Arnaldo, el ponente del recurso lanzado por el PP, que cuenta con un pasado lleno de polémicas, como una grabaciones suyas el operación Lezo, sobre corrupción, haber ayudado a Pablo Casado a aprobar su carrera en cuatro meses o haber recibido dinero de la organización FAES, ligada a Génova.
¿Cuáles han sido las enmiendas que han causado tanto revuelo?
Según la nota de prensa publicada ayer en el Congreso de los Diputados:
Se reforma el artículo 599.1.1ª donde se especifica que “la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior”. Si la propuesta de los dos magistrados o magistradas no se realizará en el citado plazo, quien ostente la presidencia del Consejo adoptará, el día siguiente al del vencimiento del plazo de los tres meses, un acuerdo de iniciación del procedimiento de nombramiento de dichos magistrados.
Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [se añade este párrafo]: “los magistrados o magistradas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 159.3 de la Constitución. Si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados o magistradas designados por el órgano que ha cumplido en tiempo su deber constitucional”.
En definitiva, la intención de esta reforma es evitar que uno o varios grupos parlamentarios puedan decidir sobre si el CGPJ se renueva o no, todo esto en el marco de un gran apoyo de los magistrados al grupo conservador. Desde 2018, han habido sucesivos intentos de renovación de este órgano magistrado, que han sido bloqueados por la minoría de derechas. La última tuvo lugar este mismo octubre y contó con la oposición de Núñez Feijóo y su grupo parlamentario bajo el lema de evitar que la izquierda cumpliese con sus intenciones de “controlar la justicia y politizarla”.
La reforma del Código Penal sale adelante en el Congreso en medio de un gran escándalo https://t.co/OAwtzbG8Ej
— EL PAÍS España (@elpais_espana) December 16, 2022
