Un debate abierto desde la entrada en vigor de la ley y presos con necesidad de aplicarla
La ley trans todavía no se ha aplicado a todas las esferas de la sociedad desde su entrada en vigor el 2 de marzo. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trabajan para que la ley se incluya en la instrucción de 2006 sobre la integración de las personas transexuales. Además de «elaborar una nueva orden que actualice este proceso en la autodeterminación de género», como adelantó THE OBJECTIVE.
Los expertos deben analizar los posibles efectos de la ley trans en la población penitenciaria. Es por ello por lo que se está atrasado la entrada de esta ley en la institución.
Varios casos abiertos
El retraso de la aplicación de la ley coincidió con el aumento de peticiones por parte de algunos presos para cambiarse de género. Al menos seis internos del centro penitenciario de Asturias iniciaron, a finales de marzo, los trámites para ello. Dos presos han pedido en el Registro Civil de Llanera, a través de su abogado, el cambio de su sexo para figurar como mujeres.
Cuatro de los seis presos que pidieron el cambio de sexo realizaron un formulario previo en la prisión en la que se encuentran. Sin embargo, fuentes de la prisión desconocían el deseo de estos encarcelados, por lo que posiblemente no quisieran este cambio.
Cambio en la instrucción de 2006
La instrucción 2006 ya garantiza la integración penitenciaria de personas transexuales. Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley trans son necesarios informes médicos y psicológicos frente a la autodeterminación de género. Hasta la resolución del expediente, la prisión puede establecer medidas provisionales para garantizar de los derechos del solicitante.
La ley determina los derechos de las personas transexuales en los centros penitenciarios. Señala «La dignidad personal y el respeto correspondiente a la identidad reconocida, incluido el internamiento en los centros o módulos correspondientes»; «la práctica de cacheos con respeto a la identidad de género reconocida»; «el acceso a los servicios especializados de salud para el proceso de transexualización y tratamiento endocrinólogo prescrito por los servicios de salud» y que «la Administración inste al empleo de un nombre adecuado a su identidad de género en las relaciones grupales e interpersonales penitenciarias».
Una vez recibida la solicitud, se citará a los reclusos para comparecer en el Registro, «donde se les informará de las consecuencias jurídicas de la rectificación, incluido el régimen de reversión, y de las medidas de asistencia a su disposición», informó El Periódico de España. Según la ley, la persona que pase del sexo masculino al femenino, como exigían los presos en la cárcel asturiana, se beneficiará de las medidas de acción positiva adoptadas a favor de las mujeres. No obstante, no habrá un cambio de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación.
Personas trans en prisión
Son 79 personas transgénero las que están en cárceles dependientes de la administración central, excepto las del País Vasco y Cataluña. Datos de Instituciones Penitenciarias señalan que hay 22 mujeres trans que están internas en los módulos femeninos o cárceles de mujeres. Además, hay seis hombres trans que se encuentran en cárceles masculinas. No se conocen datos de los otros 51 internos trans. El colectivo, según THE OBJECTIVE, «representa el 0,17% de las más de 46.000 personas que forman parte de la población reclusa«.
