Aunque la justicia ha rechazado el recurso de las asociaciones contra la licencia del crematorio de Parcesa, estas mantienen viva una protesta de largo recorrido y convocan una asamblea el domingo 19 de abril
La batalla social y legal por la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40, gestionado por la empresa funeraria Parcesa, entra en una nueva etapa. El pasado 19 de marzo el Tribunal de Instancia de Madrid número 32 desestimó el recurso de la Federación Regional de Asociaciones de Madrid (FRAVM) contra la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento.
El tribunal avaló así la legalidad de la actuación municipal y rechazó los argumentos de la FRAVM, que estudia recurrir. Se concluyó que no existe un incumplimiento de la normativa aplicable y que la obra cumple los requisitos técnicos exigidos. Además, la sentencia señaló que los hornos crematorios «no están sometidos a ningún procedimiento obligatorio de evaluación ambiental de nivel municipal». Añadió también que es la Comunidad de Madrid quien debe «establecer las condiciones para garantizar la integración ambiental». Esa autorización fue emitida en agosto de 2024. Junto al informe técnico del Ayuntamiento, esta permitió la aprobación del proyecto apenas un mes después.
“La sentencia no certifica que el crematorio sea dañino para la salud”
Detrás de la larga sucesión de resoluciones y recursos que ha generado la iniciativa, persiste la preocupación de los vecinos. El conflicto afecta al barrio de San Fermín (Usera) y al norte del Distrito de Villaverde. Allí se lleva luchando años para evitar la instalación del crematorio de Parcesa. El problema está en la ubicación del tanatorio y su chimenea: se encuentran a menos de 250 metros de viviendas y lugares de trabajo, además de establecimientos deportivos y educativos, como el IES El Espinillo. Por ello, los vecinos temen los posibles efectos de las emisiones sobre su salud y la calidad del aire. Un riesgo que, según la FRAVM, no queda descartado por la última sentencia. El fallo se limitaría a validar el procedimiento administrativo del Ayuntamiento. Este no certifica que «la instalación no sea dañina para la salud pública o el medio ambiente», según apunta.
Antes de que se diera a conocer el veredicto del juez, las asociaciones de los barrios afectados ya habían preparado su próximo movimiento. Para el domingo 19 de abril, a las 12:30, han convocado una asamblea vecinal en el parque frente al tanatorio. Con ella buscan dar un nuevo impulso a las movilizaciones contra un proyecto que acusan de ser «un atropello ilegal, injusto e insalubre».
Según los convocantes, “la sentencia no cierra el conflicto vecinal, social y político”. Asimismo, reivindican la acción organizada y la presión sostenida para impedir que el crematorio llegue a funcionar. Ciertas agrupaciones políticas, entre ellas las representaciones de Más Madrid, PSOE y Podemos en Usera y Villaverde, han manifestado su apoyo a la asamblea. Este es el primer gran acto público de protesta desde las últimas manifestaciones en octubre del año pasado.
Parcesa solicitó el permiso por primera vez hace más de 20 años
La resolución del recurso de la FRAVM es el último episodio de un largo conflicto. El pleito gira en torno al crematorio proyectado en el tanatorio de la M-40, en el número 36 de la Avenida de los Rosales, en San Fermín. Está gestionado por Parques de la Paz, S.A. (Parcesa), una de las compañías más importantes del sector funerario, con una fuerte implantación en Madrid.
El primer intento de Parcesa para construir el horno se remonta al año 2002, pero este fue paralizado por las protestas vecinales. Entonces, se estimó que el proyecto no respetaba la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente de 1985, que establece una distancia mínima de 250 metros respecto a lugares de permanencia habitual de personas.
Parcesa presentó un recurso contra la ordenanza, que terminó siendo rechazado por el Tribunal Supremo en 2011. Esto no impidió que la funeraria volviera a intentar obtener el permiso en 2015. Esta decisión provocó una nueva oleada de protestas y miles de alegaciones en contra de la iniciativa. Entonces, el Gobierno de Manuela Carmena volvió a denegar la licencia de instalación.
En 2021, por tercera vez, y ya con José Luis Martínez-Almeida como alcalde, Parcesa volvió a solicitar la autorización municipal sin éxito. La funeraria decidió recurrir hasta llegar al alto tribunal, alegando que la limitación de los 250 metros solo se justifica si no es posible controlar los efectos sobre la salud por otros medios.
Verano de 2024: la Comunidad realiza la autorización ambiental y el Ayuntamiento aprueba la obra
Finalmente, el 12 de julio de 2021, el Tribunal Supremo dictaminó que el Ayuntamiento debía “resolver motivadamente” la negativa a la solicitud presentada por Parcesa, al considerar que la denegación emitida cinco años antes no estaba debidamente justificada. Esto supuso un gran avance para los planes de la empresa. Desde entonces, el consistorio se ha escudado en la resolución del Supremo —que obligaba a revisar la decisión, pero no a conceder la licencia— para dar luz verde al proyecto, alegando que cumple con el fallo.
El Ayuntamiento concedió la licencia de obra en agosto de 2024. En pleno período vacacional, este movimiento tomó por sorpresa a los vecinos y a partidos de la oposición. El paso previo fue la emisión de un permiso ambiental por parte de la Comunidad de Madrid a finales de ese julio, tras examinar las condiciones técnicas. Más Madrid denunció esta misma autorización ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en enero de este año. El partido de Rita Maestre duda de que se hayan cumplido todos los criterios legales y ambientales necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos.
Esta medida se une al conjunto de las presentadas por distintas entidades para tratar de paralizar, o en el mejor de los casos ralentizar la iniciativa de Parcesa. Aún así, hasta ahora ninguno de los recursos ha prosperado. Por ejemplo, en enero de 2025 la Fiscalía Provincial de Madrid archivó una denuncia contra la licencia de instalación, presentada por la portavoz socialista Reyes Maroto, al argumentar “no encontrar ningún indicio delictivo” en la misma. Sin embargo, de salir adelante la denuncia de Más Madrid contra la autorización de la Comunidad, Parcesa podría enfrentar una derrota importante.
“Se pueden imponer medidas más restrictivas para garantizar la salud de la población”
La demanda de Más Madrid sitúa en el centro del debate la salud de los vecinos. El texto alerta del impacto de las emisiones de este tipo de instalaciones, por las partículas y compuestos tóxicos asociados a la combustión. José Luis Nieto, concejal del partido y miembro de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, sostiene que el problema es que Parcesa no ofrece suficientes protecciones sobre esos riesgos: “No se garantiza en ese proyecto que los gases que van a salir por esa chimenea en la cremación estén libres de dioxinas, furanos y, por otra parte, de metales pesados”.
Según explica el edil, estas sustancias presentan además un efecto de bioacumulación, lo que aumenta la preocupación sanitaria a largo plazo. Según Nieto, “la baja dosis que absorbe el organismo no genera un daño inmediato, pero por acumulación a lo largo de años es potencialmente carcinogénica”. Más Madrid considera que la autorización ambiental concedida por la Comunidad es insuficiente, al no tener en cuenta los indicios recogidos en un estudio ambiental impulsado por el partido y que ha incluido en su recurso.
Mientras los colectivos vecinales reclaman medidas concretas ante una cuestión que para ellos va más allá de discrepancias técnicas y legales, Más Madrid apela al consistorio y le exige aplicar “un principio de precaución en salud pública”. Nieto sostiene que desde la administración municipal “se pueden imponer medidas más restrictivas para garantizar la salud de la población próxima al crematorio”, y reclama al Partido Popular madrileño «respetar su propia legislación».
Más Madrid también cuestiona el recorrido administrativo del proyecto, y la interpretación del Gobierno de Almeida sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2021. Según Nieto, el Ayuntamiento estaba obligado a revisar la concesión de la licencia, y no a otorgarla automáticamente. Por otro lado, para Más Madrid, la autorización ambiental es “la piedra angular de la cuestión”, y podría evitar el futuro funcionamiento del horno crematorio. “Si conseguimos que caiga, el proyecto caerá también”.
Los vecinos de Usera y Villaverde se movilizan contra el crematorio
Durante más de dos décadas, las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde, agrupadas en la FRAVM, han mantenido una oposición firme a los planes de Parcesa. Desde el verano de 2024, estas han liderado numerosas manifestaciones con lemas como “Basta de contaminar los barrios del Sur”, para protestar por una iniciativa que consideran incompatible con el entorno residencial y potencialmente perjudicial para la salud pública.
La desestimación del recurso de la FRAVM no ha sido una sorpresa para nadie. Una de las principales debilidades del caso ha sido la imposibilidad de aportar un informe pericial independiente. Este informe podría describir los efectos reales de la instalación sobre el medio ambiente y la salud. Según explican, contar con un respaldo técnico habría sido clave en el procedimiento. No obstante, encontrar un experto dispuesto a firmarlo les ha resultado muy complicado, por el coste y el peso de Parcesa en el sector y en las administraciones.
La respuesta de las asociaciones no se ha hecho esperar. De hecho, semanas antes del fallo del tribunal, la Asociación Vecinal de San Fermín ya se había reunido para discutir el tema del crematorio y preparar las acciones de respuesta a una resolución que se preveía inminente. Esto se ha materializado en la asamblea organizada para el 19 de abril. La cita busca volver a movilizar a los vecinos después de meses de inactividad. Ante el riesgo de que “la gente baje los brazos”, los círculos asociativos son conscientes de la importancia de actuar rápido, y conseguir que un mensaje “cale entre los vecinos”: esto no es una derrota.
El próximo recurso clave sería la audiencia previa a que se permita el funcionamiento del horno
El siguiente paso para Parcesa ahora sería pedir la licencia de actividad del horno crematorio, que ya está instalado. Esto abre varias ventanas de actuación clave para las asociaciones. En primer lugar, como ha señalado Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, antes de otorgar el permiso hay un requisito obligatorio: abrir una audiencia previa. Este trámite debe garantizar el acceso íntegro al expediente y permitir la presentación de informes periciales que puedan frenar la apertura.
En el caso de que la iniciativa siguiera adelante, se abriría un nuevo frente de actuación, centrado en el control de la actividad del horno crematorio. Según Víctor Renes, presidente de la Asociación de San Fermín, “hay que intentar pelear la posibilidad de conseguir en algún momento mediciones de las emisiones.” Conocer el impacto medioambiental abriría la puerta a suspender la actividad de la chimenea una vez en funcionamiento.
“Una vez más, el Sur carga con decisiones injustas que responden a una lógica de desigualdad territorial insoportable.”
Para muchas personas, y especialmente los habitantes de los barrios próximos al tanatorio de la M-40, la construcción del horno crematorio no es un hecho aislado. Más bien se percibe como un episodio dentro de un patrón que se repite en el sur de Madrid. Como explica José Luis Nieto, “la percepción evidente es que existe un gran desequilibrio en cuanto a la ubicación de todas estas instalaciones peligrosas pero necesarias para que la ciudad funcione”. Esto se traduce en una concentración sistemática de infraestructuras contaminantes en el sur. Todas se sitúan por debajo de una diagonal que divide la ciudad desde el suroeste al noreste.
Entre los dos sectores separados por esta línea, según apunta el concejal, también se da una desigualdad más amplia que afecta a los servicios públicos y la calidad de vida. “Nadie discute que una depuradora sea necesaria para cumplir con la normativa de calidad de las aguas, o que haya que procesar las basuras que generamos. El problema es que todo se acumula en una zona muy concreta”, comenta Nieto.
Desde el movimiento vecinal, esta brecha territorial se vive como una forma de discriminación histórica, una deuda pendiente resumida en el anuncio de la asamblea: “Usera y Villaverde vuelven a ser tratados como territorios donde se puede imponer lo que no se aceptaría tan fácilmente en otras zonas de Madrid. Una vez más, el Sur carga con decisiones injustas que responden a una lógica de desigualdad territorial insoportable”, declara el texto de las asociaciones.
Una cuestión de justicia ambiental
Antonio Abueitah, de la Asociación Vecinal Independiente de Butarque (otro de los barrios afectados desde el lado de Villaverde), lo expresa claramente: “estamos hartos de que solamente vengan para colocarnos lo que nadie quiere: depuradoras, estanques de lodos… Siempre que se intenta instalar un complejo de este tipo en el norte de la ciudad, surgen obstáculos. De alguna manera, el proyecto termina deteniéndose”. El crematorio se percibe no solo como una imposición, sino como un ataque más contra la “dignidad de los barrios del Sur”, por la que se tiene que mantener “la lucha viva”, según Abueitah.
Estas dinámicas generan un efecto difícil de cambiar. Tal y como señala Abueitah, “tenemos un efecto imán que es muy complicado”. La existencia previa de determinadas infraestructuras atrae nuevas instalaciones similares. Incluso cuando existen alternativas para cambiarlas de lugar, la administración tiende a mantenerlas donde están, según denuncian los vecinos.
La oposición de San Fermín y Villaverde al plan de Parcesa trasciende el proyecto concreto del horno crematorio. Esta se ha convertido en una reivindicación más amplia por la justicia ambiental. No se trata solo de una cuestión técnica o legal. Es el resultado de decisiones políticas acumuladas que han situado históricamente a estos barrios en desventaja. En este escenario, como advierten desde el movimiento vecinal, «la obra podrá ser legal, pero no por ello dejará de ser injusta». Y mientras esa percepción se mantenga, la oposición no desaparecerá: continuará en las calles, en los tribunales y todas las vías posibles.
