La Fiscalía investigará lo que ocurrió el pasado viernes en la frontera entre Marruecos y España.
Alrededor de 2000 personas, en su mayoría procedentes de Sudán, trataron de sobrepasar el paso fronterizo entre la ciudad autónoma de Melilla y Marruecos y varias personas murieron en el intento.
Debido a que la muerte de los migrantes se produjo en territorio marroquí, el alcance de la investigación será limitada. No obstante, la Fiscalía ha considerado que los hechos pueden llegar a afectar diversos derechos humanos y fundamentales de las personas que se encontraban allí.
A pesar de que las fuentes oficiales exponen la muerte de 23 personas, según las ONG’s la cifra ascendería a 37. La mayoría de ellos a causa del ahogamiento producido por la avalancha y otros al caer desde la valla, que se desprendió debido al peso de las personas que intentaban cruzar.
De las 2000 personas que intentaban cruzar, solo 138 lo consiguieron. El resto tuvo que permanecer en zona marroquí, entre ellas las personas fallecidas. Las ONG’s denuncian la prisa de Marruecos por enterrar a los muertos en fosas comunes sin llevar a cabo una investigación acerca de las causas de la muerte.
Los hechos se han producido en un contexto de inestabilidad en cuanto a las migraciones y lejos de encontrar la solución del problema que está causando el aglutinamiento de tantos cadáveres en el Mediterráneo. Las personas huyen de la miseria, las persecuciones o la guerra y encuentran muy pocas posibilidades al intentar buscar una vida mejor.
Declaraciones gubernamentales
Asimismo, se está produciendo gran revuelo por las palabras del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, el viernes antes de conocerse las cifras de fallecidos, alabó el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes.
Horas más tarde, durante la tarde del viernes, comenzaron a hacerse virales imágenes y vídeos y se conoció la cifra de migrantes fallecidos. Los vecinos de la localidad de Nador grabaron vídeos mostrando el trato recibido por los migrantes por parte de la Policía de Marruecos.
El sábado, Pedro Sánchez volvió a comparecer, reiterando sus palabras y exponiendo que se trataba de un asalto violento, apeló a la integridad territorial de España y afirmó que, si hay algún responsable de lo sucedido, en todo caso son las mafias que trafican con personas. Sin embargo, esta misma mañana, el presidente del Ejecutivo ha rectificado sus palabras previas, expresando la “total colaboración del Gobierno para esclarecer” la tragedia de Melilla. Lo que no ha cambiado del discurso del Gobierno es el culpabilizar a las mafias y poner la empatía con los migrantes muertos al mismo nivel que con las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía de Nador, por su parte ha imputado delitos de tráfico de seres humanos, de secuestro de un agente marroquí para usarlo de rehén, incendio, violencia e injurias contra la policía a 32 personas de origen subsahariano detenidas el pasado viernes durante el intento masivo de acceso a la ciudad a España.
Demanda de la ONU
En el día de ayer, el comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias (CMW) ha exigido a los gobiernos de España y Marruecos a abrir una investigación “exhaustiva, independiente y transparente” sobre el pasado suceso. Los expertos de la ONU rogaron a ambos países “llevar a los responsables ante la Justicia” con el fin de evitar que tragedias como esta se repitan. Además, se ha solicitado a nuestro país y otros de la Unión Europea la garantía de rutas seguras para establecer una migración ordenada y que se garantice el respeto de derecho a solicitar asilo y los derechos humanos de las personas que solo buscan una vida mejor.
El Comité añadió que “los estados deben garantizar que todas las políticas y prácticas fronterizas respetan los Derechos Humanos y garantizan el derecho a la vida, la dignidad, la seguridad y la integridad física de los migrantes en todas las circunstancias”.
