Aprobada esta semana una ley que pretende extender las protecciones sociales de los trabajadores también al trabajo sexual. La prostitución es legal en el país desde 2022
Con una abrumante mayoría que consta de 93 votos a favor, 33 abstenciones y ningún voto en contra, Bélgica sigue encabezando la lista de países que intentan legalizar y normalizar el trabajo sexual para sacar a las personas que a él se dedican, en su mayoría mujeres, de la clandestinidad y la inseguridad que implica su persecución.
En 2022 Bélgica se convertía en uno de los primeros países europeos en despenalizar completamente el trabajo sexual, incluyendo los clubs y burdeles. Ya entonces las intenciones eran claras. Después de esa despenalización, el proyecto era conseguir que los trabajadores de este sector tuvieran los mismos derechos que cualquier otro empleado u autónomo. Esto incluía seguridad social, prestación por desempleo, bajas de maternidad y paternidad, etc.
Hasta ese momento, cualquier contable, asesor legal, casero, segurata o incluso diseñadores de páginas web que ayudaran a un trabajador del sexo podía ser considerados criminales. Y las autoridades podían perseguirlos. Desde 2022, y como declaraba la asociación UTSOPI (Unión Belga de trabajadores y trabajadoras sexuales), “toda tercera persona que asista en el trabajo (sexual) deja de estar perseguido, exceptuando casos de beneficio anormal”.
La nueva ley
Ahora, dos años después, el país belga se reafirma en su posición regulacionista y aprueba la Ley Laboral para las Trabajadoras Sexuales. El texto fue redactado entre los Ministerios de Trabajo, Justicia y Sanidad. Fija las condiciones en las que se permite, por ejemplo, establecer contratos de trabajo con la misma estructura y validez que los de cualquier otro asalariado. Gracias a esto, garantiza, entre otros beneficios legales, horarios y salarios establecidos.
También se adapta la protección de la que disfrutan otros trabajadores a las necesidades específicas del sector. Introduce la figura del despido improcedente, protegiendo a aquellos trabajadores que se nieguen a llevar a cabo determinadas prácticas sexuales o a prestar servicio a determinados clientes. Adicionalmente, la ley introduce medidas de seguridad laboral y protección de la integridad física de los asalariados. Se obliga a instalar botones de emergencia en cada habitación, y a que todos los dueños de clubes y burdeles estén libres de antecedentes penales para poder montar dicho negocio.
Según Daan Bauwens, director de la mencionada UTSOPI, se trata de “una victoria enorme. (…) Muchos creen saber lo que es mejor para las y los trabajadores sexuales, pero nadie deja el trabajo sexual si no tiene derechos detrás, ni jubilación, ni prestación por desempleo. El objetivo de esta ley es mejorar la capacidad de acción de los trabajadores del sexo dándoles los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de nuestro país”.
También señala que, sin poder firmar un contrato legalmente, los mantiene en riesgo de persecución, obligándoles a decidir entre “trabajo independiente o contrato semi-legal en una zona gris, sin garantía de derechos ni protección”. Termina con un reclamo claro: “esta ley marca una nueva etapa en la lucha por la igualdad de derechos de los trabajadores sexuales”.
La prostitución en Europa
El debate sobre la prostitución en Europa y en todo el mundo sigue abierto, y son numerosos los enfoques bajo los cuales se aproximan los diferentes gobiernos a esta cuestión. Si bien Bélgica, junto a otros países como Alemania o Suiza, mantienen un rumbo regularizador, la mayor parte del continente se mantiene en el abolicionismo o el prohibicionismo.
En países como Lituania, Albania, Bosnia, o el territorio de Gibraltar, la prostitución está prohibida. Esto implica que vender sexo bajo contraprestación económica está perseguido y es susceptible de ser sancionado. El modelo más extendido es el modelo abolicionista clásico. En él, la prostitución no es ilegal y, sobre el papel, no se persigue a los trabajadores sexuales. Pero sí se sancionan actividades subyacentes como los clubes y burdeles, la publicidad o la llamada “prostitución de calle”. Es el caso de la mayoría de Europa, incluyendo España.
A principios del siglo XXI surgió un modelo neoabolicionista, conocido como modelo nórdico—ya que fue Suecia el primero en implementarlo—que es muy parecido al modelo que se acaba de mencionar, pero que introduce multas y sanciones a los consumidores de servicios sexuales, y no directamente a quienes ofrecen esos servicios. Es el modelo que adoptó Francia hace algunos años.
Sin embargo, el modelo regulacionista es aquel que no mantiene en la clandestinidad de manera alegal a la prostitución. Al contrario, sino que la legaliza explícitamente y le impone regulaciones como si se tratara de cualquier otro trabajo. Tal es el caso de Bélgica. Aún dentro de la regulación, existen diferentes acercamientos. Algunos países, aunque regulacionistas, continúan prohibiendo la prostitución asalariada, como ocurre en Hungría o Letonia.
