Nadie es ilegal estando en casa: dreamers y migrantes como parte del motor de Estados Unidos

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Manifestantes en Nueva York piden protección para los Dreamers en 2018. Fotografía: Shannon Stapleton/Reuters

¿Quién determina quién es legal o no en un territorio? ¿Las políticas de exclusión hacia los migrantes de verdad están basadas únicamente en lo que establece la constitución o están sesgadas por una ideología racista?

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La semana pasada, las redes sociales explotaron con un tweet publicado por la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, en donde asevera que «su Estado no acogerá a ningún inmigrante ilegal que la administración de Biden quiere trasladar» y de una manera pasiva-agresiva invita a los «inmigrantes ilegales a buscarla cuando ya sean estadounidenses». Sin duda alguna, esta manifestación por parte de una política conservadora del Partido Republicano amenaza directamente la seguridad de la población migrante, cuya mayoría proviene de América Latina. Si bien el flujo migratorio hacia EEUU continúa, muchos de estos inmigrantes, considerados ilegales por parte de algunos sectores de la sociedad, han pasado la mayoría de sus vidas en territorio estadounidense y constituyen una parte inherente del tejido social. Un momento de crisis humanitaria a nivel mundial en donde el abordaje de estos temas resulta en decisiones neurálgicas dentro de la política global.

Los Estados Unidos se han jactado desde sus inicios de ser una nación que defiende los derechos y respeta el valor y la libertad de todos los individuos sin importar su identidad o su origen, lo cual está plasmado en su constitución. Más específicamente en la décimo cuarta enmienda que estipula que ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes.

No obstante, desde hace un par de décadas y más fuertemente en los últimos años, los titulares han estado repletos de casos de injusticias hacia la población migrante latinoamericana, en donde muchas personas indocumentadas han sido privadas de un juicio y consiguientemente han sido tratadas de maneras inhumanas y finalmente, deportadas a sus países de origen. Por otro lado, muchos niños que nacen de padres latinoamericanos en suelo estadounidense han sido arrebatados de sus familias, destruyendo vínculos socioafectivos que provocan daños psicológicos irreparables que actúan en detrimento no sólo de las personas individuales, sino en las sociedades del continente americano.

Manifestantes en Nueva York piden protección para los Dreamers en 2018 | Fotografía: Shannon Stapleton/Reuters

La enmienda a la Constitución de EEUU en cuestión, aprobada en 1868, estipula que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sometidas a la jurisdicción de ese país, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen», lo cual desde entonces constituye la tesis principal para la concesión de la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, ciento cincuenta años más tarde, el expresidente Donald Trump expresó su desaprobación ante este derecho y su apoyo a querer abolirlo, pese a que esto tendría fuertes consecuencias para la población inmigrante, puesto a que un porcentaje considerable de nacimientos al año son de al menos un padre cuyo estatus legal es irregular. Además de su carácter xenófobo, Trump desveló su punto de vista acerca de esta disposición legal calificándola como una política irreal que irracionalmente sólo se aplicaba en EEUU. Aunque la realidad es que muchos países en el continente la estipulan en sus constituciones también, dado a que en su mayoría, varias naciones en los años posteriores a su creación dependían fuertemente de las corrientes migratorias para conformar su población, y un criterio más restrictivo hubiera implicado problemas en la inclusión de amplios sectores en la vida civil.

La realidad de los «Dreamers»

Por otro lado, también hay problemas en cuanto a las personas descendientes de inmigrantes que nacen en otro país pero que prácticamente han pasado toda su vida en territorio estadounidense: en aquel país hay más de más de 750.000 “dreamers”, como se conoce popularmente a los beneficiarios del DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programa instaurado por Barack Obama en 2012 para intentar regularizar la situación de miles de jóvenes indocumentados en el país.

El programa DACA garantiza el derecho a residir y a trabajar en EEUU a todos aquellos inmigrantes ilegales que entraron en el país con menos de 16 años con la condición de haber terminado los estudios de Secundaria o estar matriculados en un centro de estudios, así como de no haber cometido ningún crimen o infracción penal. Incluso cuando este programa estaba en vigor, muchas historias recientes de amenazas de deportación sufridos por algunas de estas personas en diversos estados han alarmado enormemente a la población latinoamericana migrante.

Injustamente, los agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) insisten en que los dreamers detenidos deben ser deportados por haber infringido la ley, pero en muchos casos fueron acciones frívolas como tener una multa de tránsito. Si se les encuentra culpables de una infracción, aunque sea menor, las autoridades obtienen una excusa oficial para no renovarles la licencia al programa DACA. A pesar de que Trump dijo que apoyaría a los dreamers durante su mandato, al poco tiempo de haberse vuelto presidente, canceló el programa.

En esa índole, los litigantes exhortaron a los jueces y a la sociedad civil a respetar los derechos de los dreamers, puesto a que eso tiene una alta implicación para la sociedad americana. Recalcaron que el programa DACA ha ayudado a desatar el potencial de casi 800.000 jóvenes que han llegado a su territorio y ha tenido inmensos impactos humanitarios positivos.

De acuerdo con estudios del Cato Institute, los beneficiarios del programa inyectarán aproximadamente $280 millones a la economía en los próximos diez años, sin mencionar que ellos logran abrir negocios, crecer cuentas de banco, finalizar estudios universitarios y, por ende, comprar muchísimos productos fabricados en Estados Unidos. No obstante, desafortunadamente nadie sabe con certeza que ocurrirá con el programa, dado a que desde su creación se ha tambaleado entre las objeciones que cada sector político emite.

¿Qué pasa ahora?

Ahora que el nuevo presidente Joe Biden ha asumido el cargo, tiene una enorme presión para lograr lo que sus predecesores no consiguieron: que se apruebe una solución legislativa para resolver, de una vez por todas el destino de los dreamers. El gobierno de Obama creó el DACA después de que los republicanos del Congreso bloquearon la Dream Act, un proyecto de ley que les habría otorgado a los dreamers protecciones legales firmes y un procedimiento para obtener la ciudadanía. Obama consideraba el DACA como una medida temporal que solo estaría en vigor hasta que los legisladores actuaran. El problema es que eso no ha sucedido.

En 2013, el Senado aprobó un proyecto integral sobre migración con respaldo bipartidista, y con apoyo de Obama. Sin embargo, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se negó a aprobar la medida, pues estipulaba un trámite para que los dreamers y otros inmigrantes que ingresaran de manera ilícita al país obtuvieran la ciudadanía. Biden se comprometió a revertir las inflexibles políticas migratorias de Trump y apoyar el programa DACA, mientras logra que el Congreso apruebe un plan migratorio integral.

Pero, ¿cómo lograr convencer a los políticos conservadores acerca de la importancia de darle una oportunidad en la ciudadanía a aquellos migrantes que tienen mucho potencial y que lo único que buscan es una mejor vida y acerca de por qué su nación debe hacerlo si quiere mantenerse fiel a sus principios fundadores? Aquí un repaso de algunos textos que brindan una perspectiva social, política e histórica pertinente sobre el tema:

Necesitamos comenzar discutiendo «qué se llama ciudadanía» cómo los migrantes han sido o no excluidos de la ciudadanía. Como explican algunos teóricos, «la ciudadanía tiene que ver con el comportamiento de todos los grupos sociales que constituyen un cuerpo político y, por tanto, gobierna tanto a los sujetos como a los ciudadanos». Los estados nacionales otorgan ciudadanía legal a sus miembros en reconocimiento a su membresía y contribución al sistema. Sin embargo, esto no siempre se superpone con otras dimensiones de la ciudadanía (estatus y prácticas), como los derechos, la actividad política sostiene que “los estados modernos se describen a sí mismos como una comunidad de valor, formada por personas que comparten ideales comunes y patrones de comportamiento».

Si bien algunos derechos están vinculados a la ciudadanía legal, la gobernanza neoliberal en el estado racial significa que algunos migrantes y ciudadanos legales están excluidos de esta «comunidad de valor «. La ciudadanía ha sido derrocada y condicionada por la aplicación de los controles de inmigración y la gobernanza neoliberal. En respuesta a los desafíos generados por la globalización y las políticas neoliberales, los gobiernos han intensificado la aplicación de las leyes de inmigración para demostrar la soberanía estatal y apaciguar a las personas que no se ajustan al modelo ciudadano ideal. En los Estados Unidos, el mexicano «ilegal» es el inmigrante paradigmático deseable. Los «ilegales» están acusados ​​de tomar trabajos en Estados Unidos y, al mismo tiempo, dañar el bienestar.

Desde la década de 1990, los controles de inmigración y la aplicación de la ley fronteriza se han intensificado, lo que ha dado lugar a un rápido aumento del número de inmigrantes detenidos y deportados. Mientras tanto, la gobernanza neoliberal ha alterado profundamente la naturaleza de la ciudadanía, transformándola de un modelo de ciudadanía basado en los derechos a uno productivo. Como resultado, los derechos económicos, sociales y civiles asociados con la ciudadanía después de la Segunda Guerra Mundial se erosionaron.

En este espíritu, los ciudadanos se ven obligados a cumplir con criterios exigentes y exclusivos para ser reconocidos como ciudadanos productivos que adquieren sus derechos ciudadanos. Esta situación está sujeta a niveles crecientes de vigilancia, que protege la brecha entre los ciudadanos productivos «merecedores» y los «ciudadanos fallidos». Esta transformación de la ciudadanía está afectando duramente a las poblaciones ya marginadas.

A través de un proceso de empoderamiento, la atención se centra en las opciones individuales más que en las causas estructurales. El objetivo es producir ciudadanos que tomen las “decisiones correctas”. En el estado racial, el neoliberalismo oprime aún más a ciertas poblaciones racializadas ya que el énfasis en la responsabilidad individual y la elección niega el papel del racismo estructural. En un Estados Unidos “post-racial”, donde un hombre negro se ha convertido en presidente, el fracaso se describe como un fracaso personal para tomar buenas decisiones.

En este caso, a pesar de sus muchas consecuencias positivas, DACA también tuvo limitaciones importantes. El acceso a nuevos recursos y oportunidades ha subrayado para los beneficiarios la estratificación interna de familias predominantemente racializadas, con algunos miembros aún sin protección. Finalmente, una de las mayores limitaciones de DACA era que requería que los solicitantes tuvieran una vida familiar suficientemente estable y solidaria para acumular pruebas de elegibilidad y los recursos para pagar tarifas elevadas. Esto dejó fuera a los solicitantes potenciales más vulnerables, los que viven en la pobreza extrema, los jóvenes LGBTQ y los jóvenes sin hogar, que no tenían los recursos económicos o familiares para postularse. Como se volvió particularmente importante durante la era Trump, la mayor limitación de DACA fue su temporalidad. Al escribir estas líneas, los beneficiarios y sus familias esperan el fin de la acción ejecutiva y una mayor incertidumbre que claramente seguirá afectándolos a todos.

Por otro lado, en el contexto contemporáneo de leyes de inmigración punitivas y su implementación sin precedentes, el estatus de indocumentado es particularmente poderoso para las familias, incluso en aquellas de estatus mixto cuando todos los miembros no son indocumentados. El estatus de indocumentado y las políticas migratorias punitivas dirigidas contra los inmigrantes indocumentados no solo afectan a las experiencias materiales de los inmigrantes seleccionados, sino también su sentido de sí mismos como seres dignos de respeto y con potencial para ser exitosos y, también, su sentido de pertenencia a su adoptado país.

Hoy, en un momento histórico marcado por un sistema en expansión de centros de detención migratoria y deportaciones récord, por ejemplo, la dura pero desigual implementación de las políticas migratorias está produciendo una conciencia jurídica basada en el estigma, la inseguridad, el miedo y la discriminación entre los inmigrantes y sus familias. Con hasta medio millón de padres deportados bajo la presidencia de Obama y ​​un número similar bajo Trump, los hijos de padres indocumentados crecen con el temor de la deportación de sus padres y la separación familiar que sigue.

A la luz de esta evidencia, surge la pregunta de por qué la población migrante está excluida de diversas esferas de la sociedad que le impiden desarrollarse plenamente como seres humanos, pero no de la educación, también superior. ¿Es esto realmente un acto desinteresado o el Estado simplemente sabe que es una buena inversión barata para activar o catapultar sectores de la economía? ¿Se consideran mercancías y sus derechos se limitan a aquellos que se adaptan al sistema?

Un mitin en San Diego en apoyo a la decisión de la Corte Suprema a favor de DACA el 18 de junio de 2020 |Fuente: Sandy Huffaker / AFP 

En última instancia, ya sea desde una perspectiva educativa, económica o de justicia social; las leyes de inmigración de EE. UU. cada vez más restrictivas han creado una gran población de inmigrantes indocumentados. Han llegado a más de 12 millones de personas desde la década de 1960 y representando casi un tercio de la población nacida en el extranjero de los Estados Unidos. El dramático aumento en la aplicación de la ley de inmigración ha reavivado los debates sobre quién puede ser ciudadano y qué constituye la nacionalidad.

Las concepciones dicotómicas de ciudadanía y legalidad han proporcionado el ímpetu para justificar una proliferación de políticas fronterizas y esfuerzos nacionales de aplicación de la ley. A su vez, estas políticas refuerzan aún más las definiciones estrechas de pertenencia. Los inmigrantes indocumentados, en particular, han enfrentado escrutinio y sentimientos negativos debido a su estatus no autorizado. La literatura reciente aclara las formas en que la cobertura de los medios de comunicación sobre la inmigración y los inmigrantes no solo refleja, sino que también crea y da forma al discurso público sobre la ciudadanía en los Estados Unidos.

En conclusión, podemos lanzar algunas preguntas al aire que sirven de motivación para los políticos conservadores que no solo se niegan a considerar la ciudadanía para muchos inmigrantes que contribuyen más a la sociedad estadounidense que muchos de sus nacionales, sino que también intentan clasificarlos. Un mercado de valor donde los derechos y acciones de los individuos se rigen no solo por lo que aportan en términos monetarios, sino más bien por su origen.

Algunas preguntas serían: ¿por qué si hace menos de dos siglos su país acogió a miles de inmigrantes blancos de Europa sin ningún otro pretexto, los inmigrantes latinos son hoy considerados como «otros» no deseados o desechables? ¿Por qué a menudo se juzga peor para un latino que para un blanco en términos de delitos a pesar de conocer su vulnerabilidad?

En definitiva, la política exterior de Estados Unidos ha actuado en detrimento de la situación en los países latinoamericanos, de donde provienen la mayoría de los dreamers, y cuando son injustamente procesados ​​y deportados, no solo se destruyen individuos o familias, sino también lazos sociopolíticos que tienen un impacto directo en el sistema económico globalizado actual del que Estados Unidos depende en gran medida. Por lo tanto, si bien los políticos estadounidenses no deben resolver todos los problemas de la región por debajo de la frontera sur, deben repensar cómo sus políticas de exclusión de inmigrantes podrían perjudicarse entre sí y así empoderar a aquellos con convicción y potencial para unirse a su sociedad socioeconómicamente desarrollada. Pueden hacerlo sin que el origen de su identidad sea un obstáculo.

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