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¿Por qué genera polémica la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana?

La propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como “Ley Mordaza”, ha provocado rechazo e indignación en las organizaciones policiales y partidos de derecha

¿Qué es la Ley de Seguridad Ciudadana?

La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección ciudadana fue aprobada en 2015 con el apoyo único del Partido Popular y el rechazo de los partidos restantes. El objetivo de la Ley se dijo que era “garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades, buscando los cauces de control adecuados a una pacífica convivencia social”.

Algunos de los puntos que recoge la ley son las devoluciones en caliente, que permiten devolver a los inmigrantes que entran de forma ilegal por Ceuta y Melilla de inmediato; la sanción que puede conllevar intentar parar un desahucio, o la que ha generado más polémica últimamente, hacer fotos o vídeos a los policías sin uso autorizado.

Sin embargo, en su momento Pablo Iglesias (Podemos) la calificó de antidemocrática y Albert Rivera (Ciudadanos) expresó que chocaba “contra esa visión de los derechos fundamentales”. También se sintió el rechazo popular en las calles con protestas de miles de ciudadanos.

La Ley cuenta con 45 artículos divididos en 5 Capítulos: Disposiciones Generales, Documentación e identificación personal, Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad y Régimen sancionador.

La ley ha supuesto más de 1,3 millones de sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros. La falta de respeto a miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puede conllevar una multa de entre 100 y 600 euros.

Ley «Mordaza»

Esta ley es también conocida como Ley Mordaza por limitar la libertad de expresión y criminalizar la protesta. La ley permite a los cuerpos policiales el ejercicio de poderes de inspección, retención, investigación, represión y sanción mediante la penalización de ciertas conductas.

Según el PSOE, el mantenimiento de esta normativa “es una vuelta al Estado policial que instaura el Derecho Administrativo Sancionador del enemigo atribuyendo a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas que desplazan las garantías judiciales, y que adolecen de un margen enorme de discrecionalidad”. Además, destacan que el objetivo es sancionar a quién protesta.

La ley sitúa el testimonio de la autoridad por encima del del ciudadano. Esto puede jugar en contra de estos al no poder defender su palabra y verdad con ningún recurso, atentando de esta manera contra la presunción de inocencia.

Protesta de diciembre de 2014 contra la Ley Mordaza | Fuente: Wikipedia Commons

¿Qué proponen PSOE y Unidas Podemos?

Los dos partidos del Gobierno han propuesto una serie de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Colaborando con el PNV (Partido Nacionalista Vasco), promotor de la reforma y otros partidos, pretenden suavizar las medidas para proteger a los ciudadanos y limitar el poder de las autoridades.

Una de las medidas que se quiere cambiar es la retención de manifestantes que se niegan a identificarse. Si bien con la ley actual, el tiempo de detención en comisaría era de seis horas, en la nueva reforma se establece un límite de dos horas y en casos justificados y excepcionales seis. Asimismo, se obliga a devolverlos al lugar donde fueron detenidos si las comisarías se encuentran en una ciudad distinta.

A la hora de realizar los cacheos, se establece que la desnudez total o de manera sucesiva cada una de sus partes debe hacerse en lugar reservado y fuera de la vista de terceros con el fin de respetar la identidad sexual de la persona.

En cuanto a la libertad de manifestación hay también cambios. En la nueva reforma se permiten las manifestaciones espontáneas sin necesidad de comunicación en caso de que “se necesite una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora siempre que no cause violencia o alteración al orden público”. Para el tema de los antidisturbios, las autoridades “deberán desarrollar protocolos específicos sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios”.

Las sanciones económicas sufren también cambios al tener en cuenta el nivel económico del manifestante, llevando a reducciones del 50 o 25 por ciento según el caso. También “se incorporan en el diseño del DNI las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante” defendiendo así la idea de Estado plurilingüe.

Sin embargo, la cuestión que más crispación ha provocado ha sido la del uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Si bien esto estaba considerado como una infracción grave, en la propuesta de reforma del Gobierno se establece que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. No obstante, “se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar”.

¿Qué respuesta ha generado esta propuesta de reforma?

El 27 de noviembre se convocó una manifestación en Madrid en contra de dicha reforma bajo el lema “No a la inseguridad ciudadana” en la que se contabilizaron miles de personas, 20.000 según la Delegación de Gobierno pero 150.000 según Jusapol, asociación formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil convocante de la marcha. Organizaciones de policías nacionales, guardias civiles y policías locales participaron en la marcha que fue desde la Puerta del Sol hasta el Paseo de la Castellana.

El portavoz de Jupol (sindicato Policía Nacional), Pablo Pérez ha expresado que con las nuevas medidas «nos sentimos más desprotegidos de lo que estábamos anteriormente porque se pierde el principio de autoridad y se merma la capacidad operativa en la calle«.

Piden que la reforma que permite la grabación y difusión de imágenes de agentes policiales durante su actividad profesional sea retirada así como la que pone en duda el testimonio de veracidad del agente ante la del ciudadano.

Partidos políticos como Vox, PP o Ciudadanos también acudieron al evento. Los dirigentes Santiago Abascal, Pablo Casado, Inés Arrimadas además de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida fueron vistos durante la manifestación.

Santiago Abascal, líder de Vox, declaró de cara a los medios: “Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos expresa que la reforma generará un “empeoramiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, que desprotegerá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por otra parte, el Ministro de Interior Fernando Grande- Marlaska ha afirmado que pese a la manifestación, la reforma sigue en pie. Además, acusa a los partidos de derecha de generar un “clima de odio”.

Asimismo cabe destacar la existencia de sindicatos policiales como ARP (Agrupación Reformista de Policías), perteneciente a la Policía Nacional, que se desentienden de dichas movilizaciones al considerarlas “un acto partidista que pretende derrocar al Gobierno” expresa Víctor Caja, coordinador de la organización. Afirma que un policía «no debería tener ningún problema de que le graben si actúa coherentemente y que si se grabase de manera inadecuada existen mecanismos legales para actuar”.

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