El choque por la situación de las residencias madrileñas durante la pandemia culmina en el pleno de Cibeles
La «ruptura de relaciones» por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con la portavoz socialista, Reyes Maroto, auguraba un bronco Pleno de Cibeles. Y así se cumplió.
La llegada de los concejales del Grupo Más Madrid con camisetas con el mensaje «7.291 víctimas», en alusión a las personas que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid-19, pronosticó un debate aún más bronco. Además, el PSOE-M también quiso mostrar su solidaridad con los fallecidos mediante el uso de una chapa con el lema ‘Verdad, dignidad y justicia’.
A pesar del esperado choque, todos los integrantes del Pleno se unieron para guardar un minuto de silencio por los cuatro vallecanos fallecidos en Cantabria al despeñarse por un acantilado.
Las políticas sociales del Gobierno de Almeida
La primeras intervención fue protagonizada por Más Madrid, con el fin de conocer “la situación de las políticas sociales de Madrid”. El segundo turno fue del PP, para saber cómo califica el Alcalde “las manifestaciones de la concejal Reyes Maroto» sobre la gestión de la pandemia en Madrid. En ambos casos, Almeida ha cargado contra la oposición. En primer lugar, respondió a Rita Maestre: «Las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid le importan lo mismo que a mí me importan sus camisetas y sus chapas«. Camisetas que el propio alcalde tildó de «falsas».
Y del mismo modo, empleó su tiempo para responder a las declaraciones de Reyes Maroto para cargar contra la gestión de Pedro Sánchez durante la pandemia y exponer las presuntas tramas de corrupción de la portavoz del grupo socialista. En esta misma intervención, el alcalde justificó la ruptura de las relaciones institucionales con la portavoz socialista por su «incompetencia, ridículo, corrupción e indecencia».
El «no» a la declaración de zona tensionada en Madrid
Precisamente Maroto fue quien defendió la siguiente pregunta, pero adelantó que no perdería «ni un minuto en responderle», además de acusar de faltar el respeto a los madrileños al «traer la crispación y la confrontación al Pleno». Tras ello, la portavoz se dirigió al alcalde para instarle a solicitar la declaración de zona tensionada, a la vista de «los buenos resultados en Barcelona».
En su respuesta, Almeida calificó a la socialista de haber aportado datos sin fuente, por lo que se negó a solicitar dicha declaración por la falta de datos que avalen «los efectos positivos» que había señalado Maroto. Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández subrayó que la Ley de Vivienda «lo único que ha provocado la limitación de precios durante 12 meses es que desaparezcan 40.000 pisos«.
Lucía Lois, del Grupo Municipal Más Madrid, intervino con el objetivo de dar a conocer la situación de la ciudad de Madrid ante la situación de vulnerabilidad residencial, en especial tras las últimas noticias de los cientos de personas que viven en el aeropuerto Madrid Barajas. La concejala criticó: «La vivienda y la atención social son competencias municipales y son competencias autonómicas. Esto es de Almeida y de Ayuso, esto es del Partido Popular. Y ustedes no hacen nada».
La oposición contra una tasa de residuos «injusta»
Otra de las cuestiones que llevan semanas en boca de todos es la tasa de residuos. Vox preguntó al equipo de Gobierno: «¿Por qué el Ayuntamiento va a exigir a los madrileños que paguen por los residuos que generan los turistas y la población flotante?» Ante esto, el equipo municipal volvió a postularse en contra de la aplicación de dicha tasa. No es la primera vez que la tildan de inconcreta y reconocen haberla aprobado por obligación de la ley estatal.
En respuesta al partido de los de Ortega Smith, se anunció que la tasa de residuos plantea dudas en relación con las viviendas turísticas, pues, según señalaron, aún no existían precedentes. «No tenemos la base jurídica suficiente porque en los municipios donde se ha puesto, en Lloret de Mar (Cataluña) y en Málaga, resulta que los tribunales han declarado nula esa mayor diferenciación de las viviendas turísticas», explicó.
La tasa de residuos no estuvo exenta de debate, pues Madrid presentó una propuesta para asegurar «una política fiscal más justa, que tenga en cuenta la realidad socioeconómica de los hogares madrileños». En especial se dirigía a las familias monoparentales y para las familias que cobren el Ingreso Mínimo Vital. María Pilar Sánchez aseguró que muchas familias se verán obligadas a no pagar «el tasazo» y, por tanto, se verán embargados por el Ayuntamiento. Engracia Hidalgo, delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, contestó no poder hacer bonificaciones a las familias monoparentales por la inexistencia de un registro oficial.
Emma López, concejala socialista, acusó al equipo de Almeida de haber tenido dos años para crear una tasa «injusta». Además de por «no haber aplicado algunas bonificaciones que podrían haber hecho», como la del Ingreso Mínimo Vital que «han escondido».
El cantón de Montecarmelo no se mueve
Vox, PSOE y Más Madrid trajeron al pleno de marzo algo que ocurre muy ocasionalmente. Todos los grupos de la oposición se unieron en una proposición conjunta para responder a la petición del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Este pidió en comisión que la oposición le plantease una alternativa a la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo y así ha sucedido.
La oposición, con el respaldo de seis asociaciones vecinales, ofreció la reubicación en unos terrenos cerca de la M-40. En concreto, se trata de la en la zona industrial del norte del ámbito del Plan Parcial II, en Las Tablas.
La respuesta del Gobierno de Almeida, apoyado por los trabajadores de la limpieza, ha seguido la línea contraria. El delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Martínez Páramo, tildó de «irresponsable» a la oposición por meter miedo al usar «argumentos tales como aumento de la delincuencia, olores, ratas, ruidos, acumulación de residuos tóxicos o cancerígenos». Algo que, en palabras del delegado: «Es demostrar que se desconoce nuestro servicio y una ofensa a este colectivo».
El asunto de las residencias
Todos los concejales de Más Madrid iniciaron sus discursos haciendo alusión a la responsabilidad de la Comunidad de Madrid sobre las 7.291 personas que murieron en residencias no medicalizadas durante la pandemia. Por ello, no es de extrañar que una de sus proposiciones fuese reconocer el trabajo de los Policías Municipales que participaron en las inspecciones a residencias durante 2020.
Con este homenaje el grupo esperaba poder otorgar la Medalla al Mérito Profesional a este colectivo. Sin embargo, Vox se abstuvo, el PP votó en contra por tildarlo de «podrida campaña de infamias» y MM solo logró el apoyo de los socialistas.
El transporte público, preocupación ante la oleada de obras
El transporte público también fue objeto de polémica ante la multitud de obras que actualmente causan molestias en el tráfico. Esther Gómez, de Más Madrid, solicitó al equipo de Gobierno acción, pues «no han tomado ninguna medida para mejorar el uso del transporte público». Carabante, sin embargo, aseguró que esta propuesta llegaba «tarde» y lamentó que no existieran mejoras en transporte por parte del Gobierno central.
El modelo de unas nuevas residencias, a debate
José Fernández anunció que 30 de las 40 residencias para mayores anunciadas por la Comunidad de Madrid se levantarán en la ciudad de Madrid. Esta seguirán un modelo de colaboración público-privada, lo que ha alentado el debate.
Según fuentes de la Consejería, las doce primeras residencias se ubicarán en Las Rosas, en Fuencarral-El Pardo, Vicálvaro, Carabanchel, Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Villaverde.
Ana Lima, del PSOE, intervino en contra de un modelo que podría ser un «negociete a costa de las personas mayores», según afirmó. La concejala recordó: «La realidad es que la Comunidad de Madrid, de las aproximadas 500 residencias que existen, de mayores sólo 25 son públicas, un 5%». Rita
Fernández arremetió contra la «hipocresía» socialista porque la colaboración público-privada también es la fórmula seguida en la Cataluña presidida por Salvador Illa.
La pérdida de actividades culturales
Jorge Donaire, concejal socialista, pidió en el Pleno la continuidad de los conciertos de jazz Encuentros Culturales Portugalete, en Hortaleza y del Festival Internacional de Blues de Moratalaz. Pero ni esta ni la proposición de Más Madrid en cultural han prosperado. En este caso, Eduardo Rubiño, de MM, solicitó que se garantice la libertad creativa y la independencia cultural mediante un Código de Buenas Prácticas y un Plan de Fortalecimiento del Tejido Cultural y Artístico de Madrid.
La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha respondido que estas programaciones «no se han cancelado, sino que se han cambiado». A la proposición de Rubiño, Rivera aconsejó al concejal que «hable» con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque «tiene la obligación de impulsar el Estatuto del Artista.
Otras proposiciones
No ha salido adelante la proposición de Vox para condenar «la masacre que están sufriendo los cristianos en Siria» y guardar un minuto de silencio cada que se produzca un asesinato de este tipo. Tanto la concejala popular Yolanda Estrada, como del resto de partidos, han rechazado la propuesta por «dividir el dolor». Ignacio Benito, del PSOE, remarcó «la condena absoluta del PSOE» y señaló que Vox «persigue un objetivo partidista en el que las víctimas son lo último».
Lo que sí ha sido aprobado con apoyo del PP ha sido la proposición por rechazar la financiación singular en Cataluña. Sin embargo, a pesar de la unión de Vox y PP, Ortega Smith recordó a los populares su hipocresía por el pacto con Pujol.
María Caso, del PSOE, reclamó la presentación en tres meses como máximo del proyecto de colector para acabar con las inundaciones del barrio del Aeropuerto. Caso describió la situación como «crítica»: «Con demasiados desalojos de casas, seguros que ya no pagan más reformas, con demasiado miedo por si esta vez los daños no son solo materiales».
En respuesta, Juan Peña ha mostrado su compromiso por crear un tercer colector, una solución que pasa por diversas administraciones y direcciones generales. Así, ha recordado la firma en 2023 de la mesa de trabajo del barrio del Aeropuerto con entidades como el Ministerio de Transportes, entre otros.
