Las modificaciones legislativas del Gobierno de Díaz Ayuso y las polémicas por la colocación de banderas en los balcones son protagonistas del Orgullo LGTBIQ+ de 2025.
Un 30 de junio de hace dos décadas, el Congreso de los Diputados aprobó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La norma contó con el voto favorable de 187 diputados (PSOE, PNV, ERC, Coalición Canaria, Izquierda Unida, BNG, dos diputados de Convergència Democràtica de Catalunya y Celia Villalobos, diputada del PP). Partido Popular y Unió Democràtica de Cataluña fueron las dos únicas formaciones que votaron en contra del matrimonio igualitario.
El Orgullo LGTBIQ+ de 2025 celebra el veinte aniversario del histórico texto legal. Gracias al activismo de figuras políticas como Pedro Zerolo, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Por aquel entonces, estas uniones solo estaban permitidas en Bélgica y Países Bajos.
La derecha española no mantuvo una posición favorable ante esta conquista de derechos. De hecho, en septiembre de 2005, 72 diputados del Partido Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual. Finalmente, el 6 de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso, aunque tres de sus magistrados apoyaron la tesis del Partido Popular.
El PP madrileño y el colectivo LGTBIQ+
Aunque el Partido Popular ha ido matizando su postura a lo largo de los años, la derecha madrileña ha aprobado recientemente varias medidas contrarias a los derechos LGTBIQ+. En diciembre de 2023, el Partido Popular y Vox modificaron por la vía de urgencia las Leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Dichos textos legales habían sido aprobados en 2016, gracias a la abstención del PP de Cristina Cifuentes y los votos favorables de la izquierda.
Con esta modificación legislativa, Isabel Díaz Ayuso eliminó conceptos de la Ley Trans como la identidad de género. Además, se estableció que los menores de 16 a 18 años que inicien un tratamiento hormonal requieren un examen médico previo. Varias asociaciones LGTBIQ+ afirmaron que esta medida suponía una “patologización y discriminación de las personas trans”.
Esta última normativa fue recurrida por el Gobierno de España y el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Según Ana Redondo, ministra de Igualdad, la norma “invade competencias estatales y limita los derechos de los ciudadanos”. En octubre de 2024, el Tribunal Constitucional estimó el recurso y el Gobierno de Ayuso tuvo que suprimir este precepto.
Respecto a los cambios en la Ley LGTBI, el Tribunal Constitucional tuvo que volver a corregir al Gobierno de Ayuso en abril de 2025. El tribunal de garantías suprimió un artículo de la ley que impedía a las asociaciones por los derechos del colectivo defender en un juicio a una víctima de delito de odio. Cabe destacar que, según un informe de la asociación Arcópoli, los incidentes de odio contra las personas LGTBIQ+ de la Comunidad de Madrid crecieron un 14% en 2024.
Eliminación de instituciones y las terapias de conversión
Los cambios en la Ley LGTBI también provocan la eliminación de instituciones como el Consejo LGTB+ o el Centro de documentación y memoria histórica LGTB+. Además, se suprimen los contenidos de visibilidad del colectivo LGTBIQ+ de los medios de comunicación públicos de Madrid (Telemadrid y Onda Madrid). Tampoco continúan en pie los planes públicos de prevención de bullying homófobo existentes en los colegios de la Comunidad de Madrid.
En diciembre de 2024, Isabel Díaz Ayuso eliminó la Subdirección General de Igualdad LGTBI de su Gobierno. Este organismo formaba parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, y se encargaba de proteger a las víctimas del colectivo que sufrían discriminación.
Respecto a las terapias de conversión de personas homosexuales, Más Madrid propuso una iniciativa en febrero de 2025 para exigir al Gobierno central que endurezca las penas por la realización de estas terapias. Vox y Partido Popular votaron en contra de la Proposición No de Ley del partido de Manuela Bergerot, que no acabó saliendo adelante. Aunque la Asociación Española contra las Terapias de Conversión demostró que siete diócesis católicas realizan terapias de este tipo, Mónica Layún (diputada del PP madrileño) afirmó que “la propuesta de Más Madrid está basada en acusaciones infundadas contra la Conferencia Episcopal”.
A nivel nacional, el Partido Popular mantiene una postura diferente. El pasado martes, el Congreso autorizó la admisión a trámite de la propuesta del PSOE para castigar con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel las terapias de conversión. La normativa también propone que los padres o tutores legales de menores que autoricen las terapias se enfrenten a las mismas penas que los supuestos terapeutas. El PP votó a favor de la admisión a trámite de la norma y Vox se quedó solo en el no.
Las banderas LGTBIQ+ en los balcones
Por sexto año consecutivo, Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha decidido no colocar la bandera LGTBIQ+ en el Palacio de Cibeles durante los días del Orgullo. Aunque ciertos sectores de la derecha han afirmado que la colocación de la bandera LGTBIQ+ en un edificio público vulnera la Ley 39/1981, el Tribunal Supremo desmintió dicha afirmación en diciembre de 2024. El más alto tribunal recalcó que la bandera LGTBIQ+ “no es un símbolo partidista ni propugna ningún tipo de enfrentamiento”.
El Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse por dos denuncias interpuestas por la Asociación de Abogados Cristianos contra la colocación de la bandera arcoíris en el patio interior de la Diputación Provincial de Valladolid (2021) y el Ayuntamiento de Zaragoza (2020). En los dos casos denunciados por Abogados Cristianos, las banderas fueron colocadas por el Partido Popular de estas dos ciudades. En cambio, Almeida mantiene la retirada de la bandera LGTBIQ+ en el Orgullo de 2025.
Problemas en el Edificio de Grupos Municipales
Pero, la polémica entorno a las banderas no se limita solo al Palacio de Cibeles. En julio de 2022, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 18 de Madrid estimó una medida cautelarísima presentada por Javier Ortega Smith, líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que acordaba la retirada de banderas LGTBI del Edificio de Grupos Municipales. Las banderas y pancartas fueron colocadas por los ediles de Más Madrid y PSOE.
Pero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el pasado lunes 23 de junio la sentencia del orden de lo Contencioso-Administrativo. Sin embargo, tres días después, Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento, dictó una resolución para que se retirase la bandera LGTBIQ+ de este edificio. La decisión de Fanjul causó una gran indignación en los grupos municipales izquierdistas.
Finalmente, el viernes 26 de junio, José Luis Martínez-Almeida anuló la resolución de su compañero de partido. En una rueda de prensa, el alcalde de la capital afirmó que el texto dictado por Borja Fanjul contaba con “defectos formales graves”. Por lo tanto, Más Madrid y PSOE podrán poner la bandera LGTBIQ+ en el balcón del Edificio de Grupos Municipales de Madrid.
Vox va un paso más allá
A pesar de no gobernar ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento madrileño, Vox ha protagonizado declaraciones controvertidas contra el colectivo LGTBIQ+. Carla Toscano, edil de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, declaró en el pleno del 26 de junio que “el adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia”. Asimismo, catalogó al colectivo LGTBIQ+ como un “lobby” y al Orgullo como “una fiesta de sexo y dinero”.
Una de las declaraciones más sonadas de Vox sobre esta cuestión tuvo lugar en un debate electoral para las elecciones municipales de 2019. En dicho acto, Ortega Smith anunció que Vox “sacará el Orgullo Gay a la Casa de Campo porque molesta a muchos madrileños”.
El 17 de junio de 2025, Vox teorizó sobre las posibles causas del asesinato homófobo de Samuel Luiz, ocurrido el 3 de julio de 2021 en A Coruña. Carolina Ibáñez, vocal de Vox en la Junta Municipal de Puente de Vallecas, sostuvo que “a Samuel Luiz lo mataron forofos de ultraizquierda”. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó el 5 de junio de 2025 la sentencia que condena a tres de los cinco implicados en el asesinato a penas de entre 20 y 24 años de prisión. El asesinato de Samuel Luiz fue calificado como un delito de odio.
