El Gobierno español ha aprobado este martes un real decreto ley que establece el embargo de armas a Israel, que deberá ser convalidada en el Congreso en un plazo de 30 días
La norma incluye la prohibición de exportaciones e importaciones de material militar. La abolición del combustible para uso bélico y productos procedentes de los asentamientos ilegales en territorios ocupados. También restringe el tránsito de mercancías con destino militar hacia Israel a través de puertos y espacio aéreo españoles.
La decisión se produce tras meses de presión social y política. Las organizaciones de derechos humanos como de partidos reclamaban un corte definitivo de los vínculos con la industria armamentística israelí. Desde 2024, resoluciones internacionales y pronunciamientos de relatores de la ONU han señalado que en Gaza se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Estas presiones incrementaron las demandas de un embargo efectivo.
Un embargo con resquicios
El decreto, no obstante, incorpora una cláusula que permite al Consejo de Ministros autorizar excepciones en casos considerados de “interés general” para España. Además, no detalla con claridad cómo se tratarán los contratos vigentes ni las licencias ya concedidas. Por lo tanto, deja abierta la posibilidad de que parte del comercio armamentístico se mantenga bajo determinados supuestos.
Colectivos de la campaña por el embargo de armas, así como la plataforma BDS, han advertido de que el texto no recoge de manera íntegra las demandas formuladas en los últimos meses. Entre ellas estaban: el embargo integral de armas sin excepciones, la prohibición expresa del tránsito de barcos cargados con armamento, la inclusión de contratos públicos y privados de forma retroactiva y la aclaración de la soberanía plena de España para impedir operaciones desde bases militares en su territorio.
Medidas reclamadas y medidas adoptadas
El presidente, Pedro Sánchez, había anunciado previamente nueve medidas en esta dirección, pero las organizaciones sociales reclaman una aplicación más estricta. Señalan que la guerra sigue siendo “el negocio más rentable” para la industria armamentística y que cualquier rendija en la aplicación del embargo corre el riesgo de vaciarlo de eficacia.
Algunos colectivos también han planteado la necesidad de extender el boicot más allá del plano militar, como ocurrió con la suspensión de etapas de la Vuelta Ciclista a Israel, para visibilizar el rechazo ciudadano al conflicto.
Contexto político y cultural
La aprobación del decreto llega en un momento de creciente presión internacional para exigir responsabilidades a Israel por los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania. En paralelo, la sociedad civil española ha intensificado su movilización en favor de Palestina, con demandas de sanciones económicas y acciones de boicot.
El debate sobre el embargo también se ha colado en el terreno cultural. En un reciente artículo en El País, el cineasta Fernando León de Aranoa alertaba sobre la necesidad de que Madrid, Europa y la comunidad internacional en su conjunto asuman su responsabilidad frente a la tragedia palestina y no permanezcan indiferentes.
Una decisión necesaria pero incompleta
Con este embargo, España se alinea con las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional, que han instado a los Estados a adoptar medidas concretas para frenar el suministro de armas en escenarios de crímenes de guerra. Sin embargo, el alcance real de la decisión dependerá de cómo se apliquen las excepciones, de si se aclara el tratamiento de los contratos ya firmados y de la capacidad de control y supervisión para impedir desvíos encubiertos.
El decreto representa, en definitiva, un paso importante en el plano diplomático, aunque insuficiente para quienes exigen una ruptura total con la industria militar israelí. El Congreso tendrá ahora la última palabra.
