El gobierno de coalición cierra filas y Feijóo afirma que «así no dirán que hay lawfare»
Juan Carlos Peinado, el juez encargado de instruir la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha propuesto en su auto que sea un jurado popular quien la juzgue por un posible delito de malversación.
El hecho que se investiga es el nombramiento de Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa. Álvarez ya ha sido citada el próximo sábado a las 18:00 horas junto a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y la propia Gómez.
Además, este miércoles se ha conocido que el juez Peinado ha interpuesto sendas demandas contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente por vulnerar su derecho al honor.
El gobierno cierra filas
A propósito de esta noticia, ha sido preguntado en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha pronosticado que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio». El ministro recuerda que el Tribunal Supremo ya archivó una causa en su contra por el mismo delito.
A su vez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sentenciado en el mismo lugar que «la instrucción de Peinado se va a estudiar a partir de ahora en las facultades de Derecho de este país».
Un procedimiento «llamativo»
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha declarado ante los medios de comunicación que el procedimiento del juez Peinado «puede resultar llamativo a los ojos de cualquiera».
Para Martín, «cada cual puede sacar conclusiones» sobre el hecho de que se les cite un sábado a esa hora ante un hecho que, en su opinión, no tiene ninguna «urgencia especial».
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado la decisión del juez, aduciendo que tiene un aroma «más a juicio político que a juicio legal». Además, ha añadido que le parece «estrambótica» y «extraña», aunque aclara que «el sistema judicial en España es solvente».
«Sánchez es responsable»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este miércoles en el Congreso que la «persecución judicial» que Sánchez emplea como cortina de humo «ya no cuela». Ha aprovechado también para sostener que ningún gobierno democrático sobreviviría con esta «colección de imputaciones».
Al ser preguntado por el caso de la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el dirigente popular ha salido del paso: «La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia».
Feijóo pone distancia entre los dos casos, puesto que el de Begoña Gómez tiene, bajo su óptica, implicaciones políticas. «La responsabilidad política está sentenciada y Sánchez es el responsable de este lodazal», ha expresado en su rueda de prensa. Y, al tratarse de un jurado popular, «no dirán que hay lawfare».
«La realidad es tozuda»
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha sumado a las reacciones. «Al final la realidad es tozuda. Y le guste o no, pues la Justicia sigue implacable, sigue sus pasos», ha afirmado ante los medios.
Para la presidenta, la imputación de Gómez es de «extrema gravedad», como así lo es la causa abierta en Badajoz contra el hermano del presidente, David Sánchez.
