Álvaro García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros, pago de las costas procesales y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador
El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Los magistrados imponen al fiscal general del Estado una multa de 7.200 euros que debe pagar en un año, inhabilitación de dos años para acceder al cargo de fiscal General, una indemnización de 10.000 euros por los daños al honor de Alberto González Amador, y también el pago de las costas procesales. En cambio, la sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
La resolución de la sentencia
La sentencia no se ha aprobado por unanimidad: del tribunal de siete magistrados, cinco han votado por la condena y dos han emitido votos particulares. La filtración del correo que se investigaba sirvió para desmentir entre la opinión pública el bulo que reconoció Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor consideró delictivo tanto la filtración del correo electrónico como la nota de prensa. La Abogacía del Estado, que ejercía la defensa de Ávaro García Ortiz, y la Fiscalía pedían la libre absolución del fiscal. Por otra parte, la defensa de Alberto González Amador reclamaba cuatro años de cárcel por un delito de revelación de secretos.
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El fallo del Tribunal Supremo confirma que la difusión de la información protegida se considera una vulneración de la confidencialidad establecida por la ley. Por ello, Álvaro García Ortiz es el mayor responsable por dicha revelación. La pena impuesta es inferior a la solicitada, pero constituye la primera condena a un fiscal general en ejercicio por un delito de este tipo. La sentencia completa aún no se ha publicado, y el proceso queda a la espera.
La posición del Gobierno frente a la sentencia
El Gobierno de España ha mostrado su «respeto» al fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero avisa de que «no lo comparte», según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno también reconoce «la labor» de Álvaro García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado». Por otro lado, el presidente del Gobierno reconoce que «no está siendo un día fácil”.
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Desde Moncloa también se ha anunciado que en los próximos días se pondrá en marcha el mecanismo para el nombramiento de un nuevo o nueva fiscal general del Estado, al considerar que el cargo debe recaer en una persona de máximo prestigio jurídico. En este proceso, el Gobierno es el encargado de proponer la nueva candidatura. Una vez propuesta, el Rey nombra oficialmente a esa persona como fiscal general del Estado.
La oposición cuestiona las acciones del Gobierno
La condena de Álvaro García Ortiz ha generado diferentes reacciones como en el Partido Popular. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de abuso de poder y de haber atacado la independencia judicial al defender al fiscal general del Estado. Del mismo modo, Vox exige convocar elecciones al presidente del Gobierno por “dignidad” y “coherencia política” tras la condena al fiscal general del Estado.
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Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso afirma que está «muy satisfecha» con el fallo del Tribunal Supremo. También ha celebrado que su pareja haya vencido al aparato del Estado, lo que supone un «éxito sin precedentes de la democracia». La presidenta madrileña no ha comparecido sobre la sentencia ya que mañana viernes a las 12.30 horas realizará una declaración institucional sobre este asunto.
