Las dos primeras semanas de octubre han marcado la política en España por decisiones clave que afectan al patrimonio cultural, los derechos reproductivos, la actualización del caso Ábalos y Koldo, el acceso a la vivienda y las relaciones internacionales
La tauromaquia continuará siendo Patrimonio Cultural
El Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “No Es Mi Cultura” durante la primera semana de octubre. Esta iniciativa proponía eliminar la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural español. La propuesta fue respaldada por 664.777 firmas ciudadanas y el trabajo de meses de 3.000 voluntarios. Esta buscaba derogar la Ley 18/2013 y devolver a las comunidades autónomas la competencia para prohibir o regular los espectáculos taurinos.
La votación en el pleno resultó en 57 votos a favor, 169 en contra y 118 abstenciones, incluyendo al PSOE en estas últimas, cuya postura fue decisiva para frenar la iniciativa. El Partido Popular, Vox y UPN (Unión del Pueblo Navarro) votaron en contra. Mientras que SUMAR, Podemos, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), EH Bildu, Junts, PNV (Partido Nacionalista Vasco), BNG (Bloque Nacionalista Galego) y Compromís apoyaron la propuesta. La abstención socialista ha generado críticas entre sus socios parlamentarios durante varios días, consideran que el partido no ha estado a la altura del debate cultural y ético, además de considerarlo una traición.
La ILP fue impulsada por voluntarios y recogió más firmas que las que en 2012 permitieron declarar la tauromaquia como patrimonio cultural. Sin embargo, el Congreso ni siquiera ha aceptado un debate de su contenido, por lo que la protección legal de la tauromaquia continúa vigente y mantiene su estatus cultural.
Nahuel González, diputado del partido político Sumar, mostrando una foto de una corrida en su intervención en el Congreso de los Diputados / Europa Press
El derecho al aborto en la Constitución
Por otro lado, el Gobierno de España ha anunciado su intención de reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto, con el objetivo de “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”. Esta medida busca la protección legal de la interrupción voluntaria del embarazo frente a posibles retrocesos legislativos. Esta propuesta aparece en un contexto de creciente presión por parte de sectores conservadores que cuestionan este derecho.
La propuesta surge como respuesta a iniciativas como la aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, impulsada por Vox y apoyada por el PP, que promueve ofrecer información sobre el supuesto “síndrome postaborto”</strong>. El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, considera que este tipo de acciones pueden desinformar y estigmatizar a las mujeres, por lo que plantea una reforma constitucional que impida la difusión de contenidos sin evidencia científica en el ámbito sanitario.</span>
Para llevar a cabo esta reforma, el Gobierno utilizará el procedimiento ordinario de modificación constitucional, encuadrando el aborto dentro del derecho a la protección de la salud. Esta vía evitaría el proceso agravado reservado a los derechos fundamentales, aunque expertos jurídicos advierten que podría no tener suficiente recorrido legal. Si se aprueba, España se convertiría en el segundo país del mundo en incluir el derecho al aborto en su Constitución, después de Francia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede del PSOE el 9 de octubre de 2025 / Europa Press
Un observatorio de la vivienda turística
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística. Esta supone una medida clave dentro de la nueva Estrategia España Turismo 2030. El objetivo principal es elaborar un “atlas de intensidad turística” que permita identificar los barrios más afectados por la presión del alquiler vacacional y facilitar la convivencia entre turistas y residentes.
Este observatorio se encargará de analizar el impacto del turismo en el coste de vida y en la expulsión de vecinos de zonas saturadas. Sánchez subrayó que “el turismo llena nuestras ciudades de vida, pero no puede vaciar nuestros barrios de sus vecinos”, en referencia al fenómeno de la gentrificación que afecta al 27 % de los habitantes en ciudades turísticas.
La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por regular el alquiler turístico y proteger el acceso a la vivienda. El Gobierno también ha anunciado la retirada de más de 54.000 pisos turísticos ilegales de plataformas digitales, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Con este observatorio, se espera contar con datos precisos para diseñar políticas públicas que equilibren el desarrollo turístico con el derecho a una vivienda digna.
Fotografía previa a la presentación de la Estrategia España Turismo 2030 en la V Convención Turespaña el 8 de octubre de 2025 / Europa Press.
El Acuerdo de Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció ante el Congreso para detallar los avances del acuerdo político alcanzado el pasado junio entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. El pacto contempla la supresión de la Verja (la frontera física construida en 1908). También, establecer la libre circulación de personas y mercancías, como un sistema de control aduanero dual en el puerto y el aeropuerto del Peñón.
Albares calificó el acuerdo como “histórico” y aseguró que “ofrece una nueva perspectiva de desarrollo para la región”, especialmente para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar. El Gobierno destaca que este entendimiento es el primero de gran alcance entre España y Reino Unido desde el Tratado de Utrecht de 1713. Además, se espera que el pacto impulse inversiones paralizadas desde el Brexit y facilite la construcción de viviendas asequibles en la zona.
Actualmente, la Comisión Europea trabaja en la redacción final del texto jurídico vinculante, que deberá ser ratificado por el Consejo, la Eurocámara y el Parlamento británico. Mientras tanto, Albares ha instado al Partido Popular a apoyar el acuerdo en Bruselas para acelerar su entrada en vigor. No obstante, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha criticado la falta de concreción en los términos del pacto y exigen mayor transparencia.
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, durante una sesión plenaria en el Congreso / Eduardo Parra
Actualización del caso Ábalos y Koldo
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender las declaraciones del exministro, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, previstas para los días 15 y 16 de octubre. La solicitud se presentó por la defensa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Sin embargo, el juez instructor, Leopoldo Puente, consideró que el caso de Koldo tiene preferencia, debido que Cerdán permanece en prisión preventiva.
La citación se produce tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalando movimientos económicos irregulares por parte de Ábalos. Por ejemplo, ingresos no declarados de 95.437 euros. Según la investigación, Koldo García y su entonces esposa habrían gestionado parte de ese dinero para cubrir gastos personales del exministro.
El caso ha salpicado a varios cargos del PSOE y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la legislatura. La oposición exige explicaciones públicas, mientras el Gobierno intenta marcar distancia con los implicados y preservar su imagen ante el inicio del nuevo curso político.
De izquierda a derecha, Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García / C. Á. / EP / S. S.
