Un soplo de dignidad en tiempos de propaganda
Apenas son las cuatro de la tarde cuando veo decenas de notificaciones en el móvil. Todas anuncian lo mismo: el Tribunal Supremo ha decidido enviar a prisión al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Lo que parecía un caso más de irregularidades en contratos públicos se ha convertido en un episodio que pone a prueba la confianza en las instituciones, la responsabilidad de los cargos públicos y la fortaleza del Estado de derecho.
Siendo España un país donde la sensación de impunidad ha calado con fuerza en sectores de la élite, la medida del Tribunal Supremo marca un momento decisivo. Ábalos y su ex asesor Koldo García van a prisión provisional sin fianza.
Durante varios años hemos observado cómo responsabilidades por la adjudicación de contratos públicos quedaban saldadas con excusas, componendas políticas o silencios cómplices, muchas veces sin consecuencias. Que ingresen en prisión antes de juicio no es una condena anticipada, sino una garantía de que el proceso judicial siga sin interferencias.
La prisión provisional sin fianza representa una medida excepcional y delicada. No castiga anticipadamente, sino que obliga al Estado a asegurar que el proceso judicial siga su curso, evitando fugas, destrucción de pruebas o cualquier obstáculo que pueda frustrar la justicia. La Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor han dejado claro que su objetivo es preservar la integridad del procedimiento, no satisfacer intereses políticos.
Que el juez haya tomado esta decisión, pese a que uno de los acusados es un exministro, debería hacernos reflexionar: la igualdad ante la ley no puede depender de quién haya ocupado un cargo o de su partido. Si la ley no se aplica igual para todos, la confianza ciudadana, pilar de la democracia, queda dañada.
Que Ábalos y García pasen la noche en prisión no es motivo de júbilo ni de celebración ideológica. Es un signo de que la justicia trata a un alto excargo con el mismo rigor que a cualquier ciudadano. Solo ese gesto ya es un paso para recomponer la confianza perdida.
Ahora corresponde al proceso judicial avanzar con transparencia y rigor. Que las decisiones se basen en hechos, no en presiones mediáticas, favores políticos o inmunidades. Eso es democracia de verdad: un sistema legal que no se doblega ante los poderosos y protege a la ciudadanía.
