La Iniciativa que intentará llegar a la Comisión Europea es fruto de la desigualdad en el acceso libre y gratuito al aborto en la UE
España, Francia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Croacia y Austria se han unido con el fin común de blindar el derecho al aborto en toda la Unión Europea. Nueve organizaciones feministas de los ocho países mencionados se han sumado al proyecto Mi Voz, Mi Decisión para reunir, desde el miércoles 24 de abril, las firmas necesarias para llevar la iniciativa a Bruselas.
Un millón de ellas son lo que se necesita para hacer llegar la reivindicación a la Comisión Europea. Las feministas se acogen a la Iniciativa Ciudadana Europea, una herramienta participativa que ofrece la UE a sus ciudadanos, con la que pueden instar a la Comisión a proponer nueva legislación. En este caso, el principal motivo es el de impulsar una normativa «que establezca un mecanismo financiero que apoye a los Estados miembros que decidan adherirse voluntariamente a esta política», la de proporcionar un «aborto seguro y gratuito«.
A pesar de que en algunos países europeos el aborto cuenta con una legislación favorable, la situación no es homogénea. Ese es el principal objetivo con este proyecto: el de igualar y garantizar el derecho para todas las mujeres independientemente de las fronteras. Actualmente, más de 20 millones de mujeres no tienen acceso a un aborto seguro y gratuito en la UE.
Queridas, queridos
ARRANCA LA RECOGIDA DE FIRMAS para exigir a la UE que blinde el derecho al aborto seguro y gratuito.
Para que no nos toquen los derechos, #VamosPorDelante
¡¡¡FIRMA Y DIFUNDE!!!
Está en juego el futuro.#MiVozMiDecisión@MVMC_24 https://t.co/dxGpqAyImG— Mivozmidecision (@mivozmidecision) April 24, 2024
Frente a estos datos, el Parlamento Europeo ya ha emprendido algunas acciones, conscientes de la desigualdad territorial. El pasado 12 de abril, la institución respaldó la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea gracias a los 336 votos a favor y 39 abstenciones, pero con 163 en contra. Sin embargo, esta inclusión solo se hará efectiva si cuenta con unanimidad de los Estados miembro.
Es por ello por lo que las organizaciones impulsoras de la iniciativa no descansan en su intento por blindar el aborto. Para ello, las organizaciones deberán, además, recoger un mínimo de firmas por país. En España la cifra se sitúa en torno a las 41.600, número que debe superar en Francia (55.600) y que es inferior en Polonia (38.300), Austria (13.500), Finlandia (9.800), Croacia (9.000), Irlanda (9.200) y Eslovenia (6.000).
De reunir el millón de firmas necesarias y cumplir con todos los requisitos, los pasos a seguir serán, en el plazo de un mes, organizar una reunión entre los funcionarios de la UE y los impulsores de la iniciativa; en el plazo de tres meses, presentar y explicar el proyecto en una audiencia pública en el Parlamento Europeo; y, a los seis meses, la Comisión emitirá una respuesta justificada en la que propondrá, o no, la nueva legislación sobre el derecho al aborto.
¿Cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Polonia es uno de los países más restrictivos, en los que solo está permitido el aborto en caso de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. Actualmente, los partidos de la coalición del Gobierno de centro de Donald Tusk están intentando impulsar varias flexibilizaciones del aborto en el país, si bien se han presentado cuatro proyectos de ley distintos. Dos de ellos optan por permitir interrupciones sin restricciones hasta las 12 semanas de embarazo, uno opta por despenalizarlo y otro solo lo concibe en caso de anomalía fetal.
En Eslovenia y Croacia, solo está permitido antes de las 10 semanas de gestación. Además, en Croacia el derecho se está viendo en peligro ante las presiones por volver a limitarlo, algo que causó multitudinarias protestas en 2022. Mientras, en Irlanda la interrupción del embarazo tiene pocos años de vida. Lo legalizaron en 2018, cuando se estableció el límite en las 12 semanas. Sin embargo, la ley incluye varias limitaciones como la falta de información al respecto, las reticencias sociales a nivel nacional que afectan también a la negativa de los sanitarios de atender dichas cuestiones. En general, un conjunto de desincentivos que no facilitan el derecho al aborto.
En otros países como Austria, el aborto es legal hasta las 12 semanas, pero este se excluye del sistema público de salud, por lo que las mujeres tienen un acceso limitado a él. Solo aquellas que se lo pueden permitir en términos económicos acceden a la interrupción del embarazo.
Finlandia, por su parte, modificó en 2022 la legislación de 1970 que regía el derecho bajo unas condiciones restrictivas hasta entonces. Ahora, las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas con la autorización de un médico y, pasado ese plazo, solo si el embarazo o parto pone en peligro la vida de la mujer.
Francia, sin embargo, es la pionera en el mundo en blindar en su Constitución este derecho. Lo hizo precisamente el 8 de marzo de 2024 por una amplia mayoría de 780 votos a favor frente a 72 en contra. Las condiciones en el país permiten la interrupción voluntaria hasta las 14 semanas y está cubierto por el sistema sanitario nacional desde la década de 1980.
¿Cómo se regula el aborto en España?
En España se puede abortar legalmente desde 1985, año a partir del cual solo se permitía la interrupción en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. La ley de 2010 fue la que promovió la interrupción voluntaria del embarazo, avalada bajo el sistema público sanitario. Sin embargo, la situación estaba lejos de ser garantizada en igualdad para las mujeres, las cuales recurrían mayoritariamente a la interrupción mediante centros privados. Asimismo, existía una gran desigualdad territorial, habiendo comunidades autónomas en las que no se registró ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.
Con la vigente ley de 2023, se introducen novedades respecto a este derecho. Así, se elimina el plazo de reflexión de tres días y la obligatoriedad de recibir información sobre ayudas en caso de continuar el embarazo, cuestiones que condicionaban la decisión de la interrupción del embarazo. Ahora estas solo se transmitirán en caso de las solicitantes así lo deseen. También se devuelve a las menores de 16 y 17 años la capacidad para decidir libremente, sin la necesidad de contar con el consentimiento materno o paterno como cambió la ley de 2015.
Para la garantía de un aborto gratuito integrado dentro de la Seguridad Social, se inició un registro de objetores de conciencia entre los sanitarios, con el fin de garantizar la existencia de profesionales que asistieran de manera voluntaria la interrupción. Así, se mantiene el plazo de 14 semanas para acceder a esta medida. Entre las 14 y 22 semanas se podrá realizar en caso de anomalías fetales y previo diagnóstico médico que lo justifique y, a partir de las 22 semanas, solo en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables.
