España enfrenta un ‘cero energético’ histórico: investigación abierta sobre las causas de un apagón que paralizó a millones y podría acarrear severas sanciones
Este 28 de abril de 2025, España vivió uno de los incidentes eléctricos más graves de su historia reciente. A las 12:30 horas, una caída súbita del 60% de la demanda eléctrica —equivalente a unos 15 gigavatios— provocó un apagón masivo que afectó a prácticamente todo el territorio nacional, además de Portugal y algunas zonas de Francia e Italia. Semáforos apagados, transporte público colapsado, cortes de internet y telefonía, y hospitales funcionando con generadores de emergencia fueron algunas de las imágenes que dejó esta jornada crítica.
Ante la magnitud del suceso, Red Eléctrica de España (REE) activó de inmediato los planes de emergencia y puso en marcha una investigación urgente para esclarecer las causas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una explicación definitiva, pero diversas hipótesis han empezado a tomar fuerza en el debate público y técnico.
¿Qué es el «cero energético»?
El «cero energético» es la situación en la que el flujo de energía en una red eléctrica se interrumpe o se reduce a cero de forma repentina. Se puede producir por diversas razones: fallos de infraestructura, eventos climáticos extremos, grandes desequilibrios entre oferta y demanda, o incluso sabotajes.
Cuando se produce un «cero energético», el sistema eléctrico se apaga prácticamente de golpe. Sin embargo, la recuperación es mucho más lenta: hay que reconstruir cuidadosamente el flujo de energía, subiendo progresivamente la tensión, estabilizando la red y acoplando generación y consumo de manera segura. Este proceso puede llevar horas o incluso días, dependiendo de la gravedad del colapso. No es un fenómeno exclusivo de España: en 2003, un apagón dejó a 57 millones de italianos sin electricidad; en 2012, India sufrió un colapso eléctrico que afectó a 700 millones de personas. En Canarias, episodios similares llevaron incluso a sanciones millonarias contra REE.
1. Ciberataque
La hipótesis de un ciberataque ha ganado terreno desde las primeras horas tras el apagón. Expertos señalan que la red eléctrica española sufre alrededor de 1.000 intentos de intrusión diaria, todos ellos neutralizados por los sistemas de ciberseguridad de REE. Sin embargo, esta vez, podría haber ocurrido una excepción: un ataque que lograra penetrar las defensas y causar una caída masiva en la demanda energética.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) investiga esta posibilidad, aunque las primeras valoraciones de autoridades como la Comisión Europea y el Gobierno de Portugal no han encontrado, de momento, indicios concluyentes de un sabotaje digital.
2. Corte de un cable submarino
Otra línea de investigación apunta a un posible corte en cables submarinos que conectan las redes eléctricas y de comunicación de España con otros países. La sospecha se intensificó tras los avistamientos recientes de barcos rusos en aguas internacionales cercanas a la Península Ibérica, un hecho que ha encendido las alarmas en materia de seguridad.
Aunque no hay pruebas directas que confirmen esta teoría, expertos en infraestructuras críticas consideran que un daño en un cable de transmisión podría explicar un colapso de esta magnitud, aunque no sería tan inmediato como el que se produjo.
3. Fallo técnico o incendio en una subestación
Inicialmente se planteó la posibilidad de un fallo grave o un incendio en una subestación eléctrica. Sin embargo, esta teoría ha sido prácticamente descartada. Los expertos explican que, aunque estos incidentes son habituales, el sistema eléctrico está preparado para aislar rápidamente las zonas afectadas y evitar una caída a nivel nacional. Un fallo de este tipo, por tanto, no justificaría la magnitud ni la velocidad del apagón registrado.
Estado actual de la investigación
Red Eléctrica de España ha insistido en que «no tenemos constancia sobre las causas y no vamos a especular». Mientras tanto, se trabaja en colaboración con organismos nacionales e internacionales, incluyendo el CNIPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas) y operadores de los países vecinos.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Teresa Ribera, ha llamado a la cautela, señalando que «no hay nada, de momento, que permita afirmar que se trate de un boicot o ciberataque», aunque ha remarcado la necesidad de investigar a fondo.
Impacto y recuperación
El proceso de recuperación comenzó alrededor de las 13:00 horas, logrando estabilizar progresivamente la red a partir del norte y sur peninsular. La demanda programada para ese día era de unos 26.837 MW, muy cercana a la prevista, lo que descarta errores de planificación energética. A pesar de los grandes daños colaterales, servicios esenciales como hospitales y aeropuertos pudieron mantener su operatividad gracias a sistemas de respaldo.
Además del sistema eléctrico, el sector gasista también reportó una disminución en la demanda, aunque la situación fue controlada eficazmente sin afectar al suministro.
Implicaciones legales
La situación del «cero energético» que ha afectado a España el 28 de abril de 2025 no solo tiene consecuencias técnicas y sociales, sino también importantes implicaciones jurídicas.
Según establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la interrupción del suministro eléctrico fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente se considera una infracción muy grave. En concreto, el artículo 64, apartado 31, dispone: «La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos legal o reglamentariamente».
Esto significa que, si la investigación en curso determina que el apagón ha sido consecuencia de una negligencia técnica, un fallo en la planificación, en el mantenimiento de infraestructuras, o una deficiencia en los protocolos de ciberseguridad de los operadores eléctricos, podrían imponerse sanciones económicas severas a los responsables.
Cabe destacar que este tipo de infracciones, según el artículo 65 de la misma ley, pueden llevar aparejadas multas que oscilan entre los 6.000.001 euros y los 60.000.000 euros, además de otras medidas como la revocación de autorizaciones administrativas o la inhabilitación para operar en el sector.
Ya existen precedentes recientes: en 2022, el Gobierno de Canarias sancionó a Red Eléctrica de España con una multa de ocho millones de euros tras un apagón registrado en Tenerife en 2020 que también fue calificado como un «cero energético». En aquella ocasión, se concluyó que la empresa no había cumplido adecuadamente con las obligaciones de mantenimiento y prevención que exige la ley.
En el caso actual, si se demuestra que la interrupción fue causada por un fallo evitable y no por causas de fuerza mayor (como un fenómeno natural extremo o un ataque cibernético inevitable incluso con las máximas precauciones), los operadores implicados —entre ellos Red Eléctrica de España (REE)— podrían enfrentarse a importantes responsabilidades legales y económicas.
Adicionalmente, el suceso podría derivar en acciones colectivas impulsadas por asociaciones de consumidores, empresas afectadas, o administraciones públicas locales, buscando compensaciones por los perjuicios ocasionados: pérdidas económicas, daños a equipos eléctricos, interrupciones de servicios críticos y otros impactos derivados de la falta de suministro.
