A comienzos de este mes, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusaba al Estado israelí de mantener un régimen de apartheid contra la población palestina. Para llegar a esta conclusión, la ONG realizó un trabajo de investigación que comenzó en 2017 y finalizó en 2021, en el cual analizaron leyes, políticas y prácticas discriminatorias que sufren los palestinos, al igual que planes de urbanismo, sentencias judiciales e informes. Según Amnistía Internacional, Israel ha impuesto un sistema de fuerte opresión y dominación en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), al igual que sobre la población refugiada palestina.
En este artículo resaltaremos los puntos más importantes del informe para comprender mejor cómo Amnistía Internacional ha llegado a esta conclusión.
1. El Estado israelí viola el Derecho Internacional Público
Las políticas y leyes israelíes analizadas en el Informe de Amnistía Internacional constituyen un sistema de apartheid, severamente penalizado en varios tratados internacionales, como por ejemplo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Apartheid se definiría como perpetuación de un acto cruel o inhumano en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de que este sistema siga en pie.
2. Existe una intención expresa de oprimir y dominar a la población palestina
Desde su creación en 1948, el Estado de Israel se estableció sobre las bases de ser un Estado nación del pueblo judío, y es una premisa que se reiteró en 2018. Mientras tanto, había palestinos refugiados tras el conflicto de 1947-49 a los que se les denegaba el derecho de retorno. Además, Amnistía Internacional explica cómo en varias declaraciones israelíes se remarca la importancia de la creación de una ciudadanía separada y desigual. Estas declaraciones se hacen realidad a través de la aplicación de políticas discriminatorias sobre tierras, urbanismo y vivienda.
3. La represión israelí no se ejerce de manera similar en todos los territorios
Se ha privilegiado sistemáticamente a la población judía en el reparto de tierras y recursos. En la Franja de Gaza y en la Cisjordania se siguieron aplicando medidas que habían quedado abolidas en el resto de territorios en 1966. En Gaza y Cisjordania, Israel ha impuesto medidas para controlar la demografía en el territorio. Además, los palestinos y las palestinas de estos territorios siguen siendo considerados «apátridas«, es decir, se les niega el derecho a la ciudadanía. Hay personas que llevan indocumentadas desde 2008 porque las autoridades israelíes se niegan a regularizar su condición jurídica.
4. La población palestina sufre Crímenes de Lesa Humanidad
Según el Informe de Amnestía Internacional, la población judía está sometida también a traslados forzosos, negaciones de libertades básicas, detenciones injustificadas, torturas, malos tratos y, hasta a veces, homicidios ilegítimos.
5. A los palestinos refugiados se les niega el derecho de retorno
A la población palestina refugiada -desplazada en los conflictos de 1947-49 y 1967-, y a sus descendientes, se les niega el derecho de obtener la ciudadanía israelí para regresar a lo que eran sus previas residencias ubicadas en Israel o en los TPO.
6. Control sobre la vida familiar
Las autoridades israelíes han tomado medidas para regular la demografía de la población palestina. Por ejemplo, en 2002 se aprobó una ley que negaba el derecho de obtener una condición jurídica en Israel mediante el matrimonio. Se trataba de una ley que no permitía la reagrupación familiar a personas casadas. Esta ley no se aplicaba a residentes de asentamientos judíos en Cisjordania que quisieran contraer matrimonio y vivir con su pareja dentro de Israel. Son leyes, según afirma Amnistía, ampliamente discriminatorias.
7. Restricciones a la libertad de circulación
Israel controla las entradas y salidas de Cisjordania y de la Franja de Gaza, y las personas palestinas de los TPO no pueden viajar al extranjero a no ser que sean altos cargos o en casos verdaderamente excepcionales.
8. Limitaciones en la vida política y represión al activismo
Pese a que por ley las personas palestinas ciudadanas de Israel pueden votar y presentarse a las elecciones nacionales israelíes, su derecho a la participación es limitado. Hay leyes que permiten que el Comité Electoral Central descalifique a partidos que buscan negar la definición de Israel como un Estado judío y democrático.
En cuanto al activismo, las muestras de desacuerdo por parte del pueblo palestino han sido constantemente reprimidas con fuerza excesiva y detenciones arbitrarias. Estas detenciones de palestinos suelen acabar siempre en ‘detención preventiva’, mientras que las personas judías detenidas en protestas suelen salir en libertad bajo fianza.
Por lo tanto, Amnistía Internacional concluye que existe una clara discriminación institucionalizada y sistemática por Israel de la población palestina. La ONG defiende que existe un sistema de apartheid que discrimina, oprime y maltrata a la población palestina. El informe finaliza remarcando la importancia del desmantelamiento de este régimen.
