El pasado 3 de abril se celebró en Hungría un referéndum contra la visibilidad LGTBIQ+ en menores convocado por el Presidente Viktor Orbán. Aunque este no fue válido, supuso una amenaza para el colectivo en el país.
La anterior legislatura de Viktor Orbán finalizó el pasado mes de marzo, por lo que se celebraron las elecciones generales el 3 de abril. Estas dieron como ganador de nuevo a Orbán. El mismo día de las elecciones, el Presidente celebró también un referéndum que constaba de cuatro preguntas que él calificó como medidas para la protección del menor. En este referéndum ha salido muy perjudicado el colectivo LGTBIQ+, pero no es la primera vez que el Presidente intenta tocar los derechos de este.
Referéndum
El referéndum que se celebró hace unas semanas se aprobó el día 9 de noviembre bajo votación anónima en la Asamblea Nacional de Hungría con 129 votos a favor. El 30 de noviembre se publica la Resolución Parlamentaria 32/2021, de 30 de noviembre. En esta resolución se especifica que “las elecciones parlamentarias serán celebradas el 3 de abril de 2022” y que “tras las enmiendas legislativas para que se puedan celebrar el referéndum y elecciones el mismo día, se llevará a cabo un referéndum simultáneamente sobre los asuntos abordados por la llamada ley de protección de la infancia”
El referéndum se basó en cuatro preguntas para la supuesta “protección” del menor ante la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. El propio Presidente animaba a la población a votar “no” a las preguntas.
En forma de protesta y para frenar el referéndum, diez grupos LGTBIQ+ y de derechos humanos húngaros, como Amnistía Hungría y Orgullo Budapest, firmaron una declaración. Con esta se pretendía que ciudadanos respondiesen de forma nula a las preguntas marcando las repuestas de “sí” y “no” a la vez. De esta manera el referéndum no podría llegar al umbral del 50% de respuestas de personas inscritas válidas y sería inválido.
El total de las personas que pueden votar, es decir, que están inscritas en el registro húngaro, son 8.215.466. Para que la votación sea válida según la Constitución, se necesita que un mínimo del 50% de la población inscrita vote, es decir, 4.107.733 votantes.
Las preguntas fueron las siguientes:
- ¿Apoya la realización de eventos informativos sobre orientación sexual a menores de edad en instituciones de educación pública sin consentimiento de los padres?
- ¿Apoya la promoción de tratamientos de reasignación de género a menores?
- ¿Apoya la exposición irrestricta de los menores a contenidos mediáticos sexualmente explícitos que puedan influir en su desarrollo?
- ¿Apoya que se muestre contenido multimedia a menores sobre los procedimientos de cambio de género?
A la primera pregunta contestó el 44,52% de la población inscrita y las votaciones fueron las siguientes: 260.714 personas sí que lo apoyaban (7,66%) y 3.252.260 personas, no (92,34%).
A la segunda pregunta contestó el 44,16% de la población registrada. 114.430 personas votaron a favor (4,11%) y 3.349.774 votaron en contra (95,89%).
El 44,06% de la población inscrita contestó a la tercera pregunta. 163.064 votos fueron a favor (4,68%) y 3.322.174 en contra (95,32%).
Por último, la cuarta pregunta fue contestada por el 44,03% de la población registrada y las votaciones fueron las siguientes: 168.279 personas votaron que “sí” (4,82%) y 3.320.118 votaron que “no” (95,18%).
En todas las preguntas, los votos nulos representaban más del 20% de la población húngara inscrita. Ninguna de las preguntas llegó al umbral del 50% de los votos, por lo que el referéndum no resultó válido.
Antecedentes
Este referéndum no ha sido la primera ocasión en la que el Presidente ha intentado limitar la visibilidad del colectivo. Ya el año pasado, el 15 de junio de 2021, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó un proyecto de ley presentado por el partido de Orbán, Fidesz. Este era una enmienda a la ley húngara contra la pedofilia, donde se incluyen bastantes aspectos del colectivo. Se aprobó con 157 votos a favor, uno en contra y la abstención de la izquierda. El proyecto fue firmado por el Presidente el 23 de junio y entró en vigor el 1 de julio.
La nueva ley regula diferentes aspectos que tienen que ver con la visibilidad y las libertades del colectivo LGTBIQ+. Algunos de sus puntos claves son los siguientes: queda prohibido que docentes de la educación sexual hagan en las escuelas propaganda de la homosexualidad o transexualidad; las organizaciones que implementen educación sexual en las escuelas deben estar registradas por el Estado; queda prohibido publicar contenido sobre homosexualidad, cambio de sexo y sexualidad en espacios a los que menores puedan tener acceso; queda prohibida la publicidad dirigida a menores con contenido arbitrario sobre la homosexualidad, sexualidad o cambio de género.
Esta ley se asemeja mucho a la ley rusa “anti-LGTBIQ+” implementada desde 2012 o a la Sección 28 de Margaret Thatcher de 1988 que prohibía la visibilidad homosexual en escuelas.
Las críticas no se hicieron esperar, ya al día siguiente se produjeron numerosas manifestaciones con miles de protestantes en contra de la ley. Los países de la Unión Europea fueron los segundos en reaccionar y lo hicieron en la Comisión Europea. Seguidamente, después de la aprobación de la ley, 16 de los 27 países de la Unión la condenaron tachando que iba en contra del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y firmaron un comunicado pidiendo que se investigase esta ley. La propuesta de condena fue encabezada por los Ministros de Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo). Además, fue respaldada por España, Dinamarca, Estonia, Alemania, Francia, Irlanda, Finlandia, Letonia, Suecia, Grecia, Austria e Italia.
Los firmantes abogaron que la ley “representa una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y, por lo tanto, merece ser condenada“. Declararon que “la inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales” y no pueden “negociar con estos principios”.
El artículo que condenan que se está violando es el 21 de la Carta de la Unión Europea, que dice lo siguiente:
- Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
- Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares.
Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, también se pronunció al respecto en contra de cualquier ley que vulnere los derechos del colectivo LGTBIQ+. “Creo en una Europa que abraza la diversidad, no una que la oculta a nuestros hijos”.
Very concerned about the new law in Hungary.
We are assessing if it breaches relevant EU legislation.
I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.
No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021
Ante todas las acusaciones, el Ministro de Exterior húngaro, Szijjártó, también se pronunció. Declaró que la “ley no está en contra de ninguna comunidad en Hungría” y que “protege a los niños de una manera que hace que sea un derecho exclusivo de los padres educar a sus hijos con respecto a la orientación sexual hasta la edad de 18 años”.
Elecciones y situación social en Hungría
Los resultados de las elecciones generales no fueron nada ajustados, y es que el partido ultranacionalista y euroescepticista, Fidesz, obtuvo la mayoría absoluta con el 54,1% de los votos, consiguiendo 135 escaños en la Asamblea Nacional de Hungría. Viktor Orbán se volvió a proclamar presidente del país una legislatura más que se prolongará hasta 2026.
Orbán repite como Primer Ministro, y es que ya en 1998 comenzó a gobernar el país con Fidesz. En 2002, el húngaro fracasó en las elecciones generales, pero en 2010, 2014 y 2018 las lideró con mayoría absoluta. En estos últimos 12 años de poder el Presidente se ha visto envuelto en bastantes polémicas.
Cuando volvió a entrar en el poder en 2010, al haber obtenido una mayoría absoluta pudo cambiar la constitución del país. De esta manera, aprovechó para restringir el matrimonio entre personas del mismo sexo, definiendo el concepto de familia como “la unión entre el hombre y la mujer”. Por otro lado, en 2020 aprobó una ley que impide a las personas transexuales registrar de manera oficial su cambio de identidad. Estas son solo algunas de las medidas que tomó contra el colectivo.
En 2018 fue sancionado por el Parlamento Europeo por censurar y limitar ciertos medios atentando contra la libertad de expresión y de información. Además, también se le sancionó por, según el informe, violar los derechos de las minorías y de los refugiados y destituir algunos jueces.
También se le ha tachado al Presidente de xenófobo y es que ya en 2015 se negó a acoger a los refugiados sirios que le correspondían. Por otro lado, impulsó una ley en la que se permite encarcelar a cualquier ciudadano que ayude a un inmigrante a solicitar sus papeles. Además, impulsó un impuesto del 25% a la “promoción de la inmigración”. Ha tenido también declaraciones como la de 2015, cuando alegó que no veía “a los musulmanes como refugiados, sino como invasores“.
Por último, Orbán se ha mostrado muy favorable con regímenes como los de Rusia, China o Singapur. Líderes europeos de la ultraderecha han sido los primeros en felicitarle, como la francesa Marie Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el Presidente de VOX, Santiago Abascal, que siempre ha mostrado su apoyo a Orbán.
Mi apoyo al Gobierno húngaro de Orbán, al que ataca ahora toda la progresía europea. En esta crisis ha tomado medidas valientes protegiendo a su población. Otros, con la mitad de apoyo popular, han acumulado mucho más poder y nos han traído el caos sanitario, político y económico
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 1, 2020
A día de hoy, Europa sigue investigando el Gobierno de Viktor Orbán por la situación del colectivo, pero lo que muchos se preguntan ahora es cómo de perjudicados van a seguir los derechos LGTBIQ+ en la nueva legislatura.
