España debe adoptar medidas para remover los obstáculos en la comprensión de los documentos jurídico-administrativos
Poder comprender las leyes y demás textos legales y administrativos nos permite saber con exactitud nuestros derechos y deberes. Sin embargo, el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es difícil de entender, según los datos del Consejo General de Poder Judicial.
El Derecho está presente en multitud de actividades que realizamos de forma cotidiana: coger el autobús, comprar el pan, ir a trabajar… La finalidad de este conjunto de normas jurídicas es ordenar la convivencia social. Todos estamos sometidos a la ley y su ignorancia no nos exime de cumplirla.
La seguridad jurídica se ve mermada si los ciudadanos no pueden comprender
La publicidad de las leyes y de otros textos es necesaria para dar a conocer la regulación o los mandatos que se nos dirigen. En los primeros siglos de la antigua Roma, las leyes no eran públicas, eran solo conocidas por la élite sacerdotal. No fue hasta la publicación de las XII tablas (un conjunto de leyes) que las normas legales pudieron ser accesibles.
La finalidad de esta publicidad es proporcionar seguridad jurídica: estar informado, saber cuáles son tus derechos, cuáles son las consecuencias de tus actos y las penas por la realización de un hecho sancionable o tipificado como delito. Por esta razón, en la actualidad, es imperativo que las normas legales se publiquen en el correspondiente boletín oficial para que resulten eficaces. La seguridad jurídica se ve mermada si los ciudadanos no pueden comprender o se les dificulta entender el contenido por como se expresa este. En la actualidad, el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es difícil de entender, según los datos recogidos por el Consejo General de Poder judicial.
El principal obstáculo para comprender la información legal es la forma y el lenguaje con la que estos documentos se redactan: oraciones muy largas, abundancia de incisos, uso de formas impersonales (mal empleadas en muchos casos), conjugaciones verbales en desuso (como el futuro de subjuntivo), tecnicismos y latinismos. No hay una adecuación del mensaje hacia el receptor, el ciudadano. Si bien es cierto que hay otros receptores como operadores jurídicos, la administración y expertos en derecho, entre otros, las normas y su cumplimiento se dirigen a la generalidad de la población.
Con el derecho a entender no se pretende hacer desaparecer el lenguaje jurídico-administrativo. Como cualquier lenguaje técnico, es necesario a la hora de expresar conceptos y por razones de precisión en el uso del lenguaje. Pero a diferencia de otros lenguajes técnicos como pueden ser los de disciplinas científicas, el lenguaje jurídico-administrativo tiene una mayor incidencia en el día a día de todos. Lo que se pretende lograr es que los documentos se redacten de forma más claro, con una estructura más sencilla y ordenada, reemplazando aquellas expresiones oscuras que no sean imprescindibles por motivos de precisión, por otras más comprensibles. Hay numerosas guías y documentos en las que se recogen las pautas para conseguir una expresión mas clara.
En materia legislativa, se han dado pocos pasos para que el lenguaje claro sea eficaz.
España ha realizado algunas actuaciones para que el lenguaje jurídico sea más comprensible. En 2002 se aprobó, como proposición no de ley, la carta de derechos del ciudadano ante la justicia. En ella se recoge el derecho a una justicia comprensible, sin embargo, el texto no deja de ser una declaración programática sin ningún tipo de eficacia.
La siguiente acción destacada llegó en 2009 con la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. La comisión entregó al Consejo de Ministros su informe sobre el lenguaje jurídico donde se hacían recomendaciones y correcciones para poder hacer más comprensible los documentos:
- Hacer oraciones más cortas.
- Reducir la extensión de los párrafos.
- Sustituir las construcciones pasivas.
- No abusar de las formas impersonales y sustituirlas por formas conjugadas.
- Sustituir arcaísmos innecesarios.
- Explicar o traducir los latinismos.
La Real Academia de la Lengua también ha desarrollado algunos proyectos en este campo con la colaboración de filólogos y juristas. En 2016 se publicó el Diccionario de español jurídico, al que le siguieron otras publicaciones como el Libro de estilo de la Justicia y el Diccionario panhispánico del español jurídico obras que pueden ser consultadas a través de internet.
En el plano municipal se ha realizado alguna iniciativa para implementar el derecho a entender. El Ayuntamiento de Madrid inició en 2018 el proyecto de comunicación clara que se aplicó, entre otros, a un nuevo modelo para la notificación de las multas de circulación.
A pesar de estas actuaciones, en materia legislativa, se han dado pocos pasos para que el lenguaje claro sea eficaz. Sin existir ninguna norma que regule directamente el derecho a entender, en nuestro ordenamiento jurídico se incluyen referencias en distintas leyes sobre la claridad de los textos y su comprensión. Ejemplos de esto lo encontramos en la Ley de enjuiciamiento Civil y Criminal, la Ley de transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno o en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usurarios.
En la agenda 2030 del Ministerio de Justicia se establece como objetivo la claridad en el lenguaje. Sin embargo, no se menciona cómo se pretende llegar a este objetivo, ni las acciones o reformas necesarias para lograrlo.
La reivindicación por el derecho a entender lleva en marcha desde la década setenta
Las protestas y reivindicaciones por hacer los textos legales más comprensibles no son algo reciente.
Chrissie Maher nació y creció en Inglaterra. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ella y gran parte de la población no pudieron recibir una educación básica: aprender a leer y escribir. En los años setenta, la crisis económica hizo que las condiciones de vida de muchos hogares empeoraran y carecieran de los recursos básicos. Ante esta situación de crisis, las familias se veían en la necesidad de solicitar ayudas sociales. Los formularios para tramitar estas ayudas eran incomprensibles por muchos debido a la forma en la que estaban redactados.
Ante este problema, Chrissie Maher solicitó a la administración que se simplificaran los formularios. Al no recibir una respuesta, comenzó su camino para lograr que el lenguaje jurídico-administrativo fuera comprensible para la mayoría. El movimiento creció y se extendió por todo el país. En la década de los 90 se logró modificar la ley inglesa de enjuiciamiento civil que hizo más accesible la justicia a los ciudadanos.
La reivindicación por el derecho a entender lleva en marcha desde la década de los setenta, en países como Estados Unidos o Reino unido, donde la sociedad civil ha reclamado su derecho a comprender. Asociaciones internacionales como Clarity o Plain Language Association International promueven la simplificación en el lenguaje a nivel internacional.
España tiene que trabajar para que los ciudadanos comprendan el lenguaje de las normas y demás documentos jurídico-administrativos. La inseguridad jurídica que ocasiona este problema no puede ser aceptada en un Estado Social de Derecho. Esta labor debe ser abordada desde propuestas legislativas dotadas de una verdadera eficacia. Los equipos de colaboración entre juristas y lingüista serán necesarios para que se cumplan las precisiones técnicas necesarias.
