La ley más importante de la historia del siglo XX español cumple medio siglo
La Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico clave que permitió desmontar un régimen autoritario a través de su propia legalidad. El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas aprobaron con abrumadora mayoría la norma que, con tan solo cinco artículos, dinamitó el régimen franquista.
Aquel episodio fue bautizado popularmente como el «harakiri» de las Cortes. Se trata de la última ley franquista y de la primera ley de la democracia, una ley que aúna todas las contradicciones y las esencias de la Transición.
La operación no resultó sencilla: se trataba de utilizar las propias normas de un Estado fascista, el cual se supone que está blindado para perpetuarse, para mutar a un Estado liberal-democrático. Casi nada.
Las Leyes Fundamentales del Reino
El régimen franquista carecía de Constitución —para Franco, este tipo de textos se asociaban a la democracia parlamentaria o a postulados «judeomasónicos» y bolcheviques— pero sí contaba con las Leyes Fundamentales del Reino. Se trataba de siete leyes que se fueron publicando improvisadamente según las necesidades del dictador. Por ejemplo, la primera de ellas fue el Fuero del Trabajo, en 1938, en plena Guerra Civil. A esta le siguieron otros textos que, más que normas de aplicación directa, funcionaban como un panfleto o programa ideológico.
No fue hasta 1947, con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, cuando Franco declaró a España constituida en «Reino», se otorgó la Jefatura del Estado vitalicia con capacidad de proponer sucesor y fijó oficialmente la denominación de «Ley Fundamental». Establecía en su artículo décimo que, para aprobarlas, derogarlas o modificarlas, sería necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la nación.
Lo dispuesto en este artículo fue la premisa que permitió iniciar la travesía hacia la democracia. El régimen resultó no estar tan «atado y bien atado» como parecía: el sistema podía disolverse legalmente sin necesidad de volarlo todo por los aires. Ahora bien, el voto favorable de las Cortes no sería sencillo, pues los procuradores tendrían que votar a favor de su propia autodisolución al aprobar una nueva norma con rango de ley fundamental: la Ley para la Reforma Política, conocida también como la octava Ley Fundamental.
El artífice
Cuando se habla de la Transición, es inevitable sacar a relucir las contradicciones y la profundidad de los personajes que encabezaron esta etapa. Adolfo Suárez, un abulense que utilizó el aparato del Movimiento para escalar dentro del régimen hasta llegar a la presidencia del Gobierno. El rey don Juan Carlos abogó por la monarquía parlamentaria como medio para conservar el trono e instaurar la democracia. Santiago Carrillo, un gijonés nacido en 1915, líder del PCE, regresaba del exilio décadas después para exigir su lugar en la nueva política española.
Sin embargo, en lo que a la Ley para la Reforma Política se refiere, estas personalidades pudieron tener un papel instrumental, pero no dirigieron la arriesgada operación que suponía llevar a término la disolución del franquismo. La Ley para la Reforma Política la diseñó un gijonés nacido en 1915, defensor de la monarquía parlamentaria y de los valores liberal-demócratas que utilizó el partido del Movimiento para escalar en el organigrama franquista: Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, apodado como «el guionista de la Transición», catedrático de Derecho Político, ministro del régimen y profesor y consejero personal del príncipe Juan Carlos.
Fernández-Miranda era un asturiano de ojos tristes, de actitud rígida y estricta, un hombre comprometido con los valores democráticos y el liberalismo político. Un hombre que vio destruida su seguridad familiar durante los años treinta y que se formó académicamente hasta convertirse en uno de los hombres que mejor conocía el sistema de canalización del oxidado régimen franquista al cual él pertenecía. Desde la presidencia de las Cortes llevaría a cabo todo el proceso de Transición hasta las elecciones de junio de 1977; él catapultaría a Suárez a la presidencia y asesoraría al rey en cada paso.
De la ley a la ley
Mientras Fernández-Miranda controlaba meticulosamente los tiempos y Suárez dirigía su estrategia política, el reputado jurista y ministro de Justicia, Landelino Lavilla, Martín Villa y el resto de los ministros se repartieron a los procuradores de las Cortes para entrevistarse con ellos e intentar convencerlos de que votar a favor de la reforma no suponía el final de sus carreras políticas, sino, por el contrario, la oportunidad de concurrir a las futuras elecciones e integrarse en el nuevo sistema.
Para asegurar el respaldo del bloque de Alianza Popular, la ponencia del Gobierno aceptó introducir modificaciones en el diseño del sistema electoral. En concreto, se suavizó el principio de representación proporcional mediante la incorporación de determinados mecanismos correctores, como la asignación de un mínimo de escaños por provincia y el establecimiento de barreras electorales. Se establecieron circunscripciones provinciales, sobreponderando la representación de las provincias rurales y menos pobladas en comparación con las grandes urbes. Este sistema se acabaría incorporando a la Constitución de 1978.
El 18 de noviembre de 1976, con 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, el régimen jurídico del franquismo se derrumbaba tras promulgar la ley. El fracaso de aquella votación podría haber acabado con Suárez —y posiblemente con el rey—. La icónica imagen de Suárez, apoyando la cabeza en el respaldo del escaño mientras cerraba los ojos, resume perfectamente el momento histórico: significaba que, a partir de entonces, todo sería cuesta abajo. Pero el peligro de descarrilar seguía ahí. El Gobierno se lanzó en campaña para fomentar el voto afirmativo. El 15 de diciembre lo fue el 94% de los votos. Fue la primera celebración de un referéndum libre en España.

50 años de la ley para la reforma política
Aunque Presidencia del Gobierno contaba con los mejores juristas, Suárez le confió la tarea de diseñar la ley a Torcuato Fernández-Miranda, quien se trasladó a su residencia familiar de Navacerrada para estudiar la viabilidad de la reforma y preparar la que sería una de las leyes más importantes de la historia de España.
La vigencia de la ley duró lo que tardó en llegar la reforma. La disposición derogatoria de la Constitución extirpó esta ley del ordenamiento jurídico, derogándola junto al resto de las Leyes Fundamentales de Franco. Promulgada la Constitución, España iniciaba su senda democrática. La Ley para la Reforma Política salió del ordenamiento jurídico español igual que Fernández-Miranda salió de la vida política: el asturiano pareció no encontrar un lugar en el nuevo orden político. Don Torcuato falleció en Londres en junio de 1980, a causa de un infarto. Fue enterrado en Navacerrada.
A día de hoy, su historia cuenta con una película, De la ley a la ley (2017). Sus hijos y familiares reivindican su legado y su obra, como su sobrino nieto Juan Fernández-Miranda, quien publicó el libro El guionista de la Transición (2015). Un instituto y una plaza a las afueras de Madrid llevan su nombre, así como una avenida en su Gijón natal.
El 13 de octubre de este año, un acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados impulsado por Sumar retiró los retratos de los presidentes de las Cortes durante la dictadura, a excepción del de Torcuato Fernández-Miranda, que permanecerá en el Congreso en reconocimiento a su labor para construir la democracia en España. ¡Qué mínimo!


