La ley Celaá: ¿más comprensión oral y menos análisis sintáctico?

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Una alumna atendiendo en clase de Lengua Castellana | Fuente: El país COMUNIDAD VALENCIANA Valencia 3-11-21 Alumnos durante una clase de Lengua y Literatura en 2º de ESO en el IES Benicalap de Valencia. FOTO: MÒNICA TORRES/ EL PAÍS

Adiós al análisis sintáctico tradicional tal y como lo conocemos

El Ministerio de Educación plantea un nuevo modelo de enseñanza dentro de las aulas. El nuevo currículo pretende potenciar el aprendizaje y la formación de la asignatura de Lengua Castellana.

Tras la pasada aprobación de la nueva ley educativa, la conocida como ley Celaá, el ministerio de educación ha elaborado un nuevo plan educativo, una pieza central en la enseñanza que abarca desde los alumnos de seis a los 16 años y el Bachillerato.

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El anteproyecto del nuevo plan educativo es la ley que regulará cómo deben impartirse las clases de Lengua Castellana y Literatura y, además, cómo serán evaluados los alumnos. Esta reforma es la herramienta para evitar que la educación se enfoque en un relato histórico, donde los alumnos deben estudiar a un ritmo muy rápido autores y obras. Por lo tanto, los cambios son considerados necesarios para poner el acento en que los alumnos desarrollen la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita, y no tanto sus capacidades de retención de información.

Este nuevo currículo tiene el objetivo de evitar la sensación de bucle, que se da cuando muchos de los contenidos se repiten cada año y curso. Aun así, existe una queja muy habitual entre los profesores de Lengua. Algunos creen que las relaciones semánticas entre las palabras deben ser atendidas todos los cursos. No obstante, que los análisis semánticos sean contenidos necesarios todos los años no significa que en cada curso los alumnos deban someterse a la retención de las definiciones de sinonimia, antonimia, polisemia, etc.

Instruir: La recomendación para los profesores

A diferencia de la actual ley Wert, que utiliza largas listas de hechos y conceptos, el nuevo modelo de enseñanza es más abierto.

Se plantea a los profesores que además de hacer una lectura obligatoria y autónoma, los alumnos elijan una obra de su interés relacionada con el patrimonio nacional y universal, y con relevancia en la literatura española e hispanoamericana. Para muchos jóvenes, el concepto “obligación” hace que no retengan y que no lean de forma profunda las obras que los profesores imponen a sus alumnos. Por lo tanto, a través de esta nueva fórmula se intenta combinar la lectura guiada con la seleccionada para que los alumnos comprendan y sientan más interés por la historia literaria del país.

El objetivo de la ley es que los estudiantes al terminar la primaria y la E.S.O puedan desenvolverse como ciudadanos y futuros profesionales en el mundo que los rodea. Los alumnos no deben salir del colegio y entrar en bachillerato sabiendo únicamente cómo estudiar para aprobar un examen. Incluso para selectividad el mecanismo es el mismo: memorizar, escupir en el examen, y aprobar para seguir formándote del mismo modo. El fin de este anteproyecto es que a través de la educación los alumnos sean capaces de comprender, reflexionar y funcionar como ciudadanos críticos en un mundo sumamente globalizado e interconectado.

La ley y las autonomías

Ministerio de Educación y del Gobierno han elaborado las leyes con el propósito de que todos los centros educativos de España las aprobasen e implantasen para mejorar  el sistema educativo.

No obstante, como viene sucediendo en las últimas décadas con los currículos aprobados por el Gobierno, son las propias autonomías las encargadas de fijar parte de la norma según sus intereses.

Se considera que los dos primeros documentos establecidos en la ley están relacionados con la entrega que deberá decretarse por el Ministerio de Educación. A través de este establecimiento el Gobierno habrá fijado un 50% del currículo en las comunidades cooficiales, y un 60% en las que no la tienen, reconocida como la enseñanza mínima.

Aun así, esto demuestra que aunque el Gobierno quiera reformar y dar una vuelta de 180 grados a la educación y a las escuelas, algunas comunidades autónomas podrán negarse al cambio, manteniendo el modelo tradicional de la ley Wert.

 

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