Tras el último Real Decreto aprobado por el Gobierno, se incorporan medidas más flexibles para el sector primario
La Política Agraria Común ha sufrido, durante este último año, grandes modificaciones. Algunas de las medidas exigidas por agricultores y ganaderos han sido escuchadas. La semana pasada, el Ejecutivo ultimaba los cambios, que se han venido produciendo desde junio. Simplificación burocrática, revisión de las condiciones para las subvenciones e incentivos para los «ecoregímenes» son algunas de los aspectos implicados. Unas reformas que calman los ánimos en el sector agrario.
La PAC para el periodo 2023-2027 ha cumplido un año no exenta de polémica. La encargada de su elaboración, aprobación y supervisión, la Comisión Europea se vio condicionada a facilitar medidas más flexibles. Como argumentaba su presidenta, Úrsula Von der Leyen, se permitía entonces ampliar el número permitido de derogaciones «temporales» y «concretas». Achacó el motivo a la crisis climática «cada vez más impredecible».
Estas reformas de la PAC se han trasladado a España, la última durante la semana pasada. Ya en junio, el Ministerio que dirige Luis Planas aprobó un Real Decreto para la reforma del PePAC. Este es el Plan Estratégico que traspone las normas comunitarias al marco legislativo nacional. Estas modificaciones se vinculaban con algunos límites para obtener las ayudas. Es decir, afectaba a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM). Se trata de una lista de 10 límites impuestos por la UE para no perjudicar el clima, el medio ambiente y el bienestar animal en la actividad agraria.
Adaptación climática
La primera modificación se relaciona con la gestión de la labranza (BCAM 5). Pretende reducir el riesgo de degradación y erosión del suelo considerando la pendiente. Se han añadido excepciones, tanto para parcelas de menor tamaño como para cultivos leñosos ya implantados (los viñedos, por ejemplo).
En cuanto a las obligaciones de rotación de cultivos (BCAM 7), se alteran los tiempos establecidos para flexibilizarlos. El año que viene, los agricultores pueden realizar una única diversificación o rotación anual. La BCAM 8 es la relativa a los terrenos no productivos. Es decir, que su cultivo o mantenimiento no se destine al interés económico. El Gobierno elimina la obligación de mantener una parte de esta superficie de forma no productiva.
Los ecoregímenes
Otro criterio reformado es la cobertura mínima del suelo (BCAM 6). El nuevo decreto permite la práctica del abonado en verde, por la cual se permite la regeneración de la tierra. No obstante, el Ejecutivo plantea la opción de realizar laboras poco profundas sobre los rastrojos de estos cultivos. Igualmente, se permite mantener las cubiertas vegetales en cultivos leñosos por razones climáticas, un máximo de cuatro meses seguidos.
Los ecoregímenes es un término de nueva implantación en este periodo. Hace referencia a «prácticas en favor del clima y el medio ambiente», a través de intervenciones que la PAC busca promover. Algunas son la agroecología, la disminución de gases efecto de invernadero o la conservación de los recursos naturales. Luis Planas, titular de Agricultura, calificaba de éxito la acogida de estas ayudas en España. Alrededor de 1.100 millones de euros se han repartido, tres más de lo previsto inicialmente.
El Ejecutivo busca ampliar la acogida de estas prácticas ofreciendo una mayor flexibilidad. Porque, de esta manera puede «aumentarse o mantener la productividad del suelo«. Las propuestas caminan hacia una mejora de la recogida de la siega de forma sostenible; la rotación con especies mejorantes de la tierra o una modificación de las prácticas con cubiertas. Esta última se refiere a aquellos cultivos que acumulan rastrojos, y a la forma de reutilizarlos.
Para fortalecer
Después de esta primera batería de cambios, el Ministerio de Agricultura volvió a proponer, en agosto, otra serie de reformas a la Comisión Europea. Con ello, «se refuerzan los compromisos contraídos con agricultores y ganaderos«. En este caso, vinculadas a las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas, vitivinícola y apícola. Según Agricultura, la reforma «otorga una mayor seguridad jurídica a los operadores del sector». Primero, se simplifican los trámites administrativos para aquellos beneficiarios que incurren en gastos de transporte para operaciones de retirada. Además, se clarifican los supuestos para el incremento de ayuda y las condiciones de subvención de algunas inversiones.
Por otra parte, en el sector vitivinícola se «alinean» conceptos a la terminología europea, aparte de reforzarse la coherencia entre las intervenciones en el sector. Del otro lado, en el sector apícola se adapta el marco legal al libre registro de colmenas. También se incorporan directrices para el pago de determinados gastos, a criterio de la Comisión Europea. En el sector de frutas y hortalizas se establecen acciones para reequilibrar el mercado en determinados productos, así como actualizar los importes de ayuda para retirada del mercado. Igualmente, se actualizan las compensaciones por cosecha verde o la renuncia a la misma.
Más flexibilidad
Uno de los aspectos más relevantes del primer Real Decreto es la condicionalidad reforzada. De este modo, se establecen obligaciones legales y penalizaciones para los agricultores que no cumplan las BCAM. El Gobierno ha planteado una exención de estas medidas para aquellos beneficiarios de la PAC cuyas superficies agrarias declaradas sean igual o inferiores a 10 hectáreas. Es una medida vigente desde este año como en el siguiente. En España implica a 345.000 beneficiarios, denominados «pequeños agricultores» por la Comisión Europea, que suponen el 55% de los perceptores de la PAC en el país.
Otros cambios demandados por los agricultores son los relativos a controles, aprobadas por la Comisión. Las visitas de las autoridades de control se reducirán en un 50%. El concepto de «fuerza mayor y circunstancias excepcionales» se modifica para dar cabida a los afectados por sequías o inundaciones graves. Se añade la voluntariedad del cuaderno digital y el uso de fotos geolocalizadas, que desataron cierta polémica. Y para poder permitir una transposición de las normas europeas a las nacionales, se ha acordado simplificar los procesos de aprobación de los PePAC.
Hacia la equidad
«Los datos evidencian que (la PAC) es más justa, más social, y que hay un reparto más equitativo«, decía Planas en la Comisión de Agricultura del Congreso, el pasado miércoles. Durante la misma, hizo una valoración del primer año de la Política Agraria, que calificó como «exitosa«: «es el mejor año desde 1986«, justificó. El ministro manifestó una amplia satisfacción por los resultados logrados, que han conseguido 4.830 millones de euros en ayudas para los solicitantes. Esto supone 34 más que el año pasado, un incremento del 0,7%.
No obstante, Planas sostiene que «renacionalizar los esquemas de la PAC no es una buena aproximación», puesto que «ese no es el camino que queremos». Según el Ministro, hay que garantizar un mercado global de alimentos «basado en normas, justicia, transparencia y multilateralidad«. Toda vez que se garantiza que la Política Agraria no se establezca con criterio geográfico, sino sectorial y comercial. Así, decía: «quien eche cuentas desde el punto de vista provincial o de comunidad autónoma comete un gravísimo error«.
Aguas en calma
Los agentes de los sectores agrícolas y ganadero parecen mantener la tregua. El origen de tantos cambios se sitúa en las multitudinarias manifestaciones que el sector promovió alrededor de Europa desde finales del año pasado. Tal magnitud e importancia alcanzaron, que obligaron a la Comisión Europea a tomar partido. Todo, en pleno año electoral con una, entonces, incierta renovación de los populares europeos, y bajo la agitación ultraderechista.
De ahí salen buena parte de estas modificaciones. No son otra cosa que una versión más «suavizada«. Según Von der Leyen, pretenden «mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentaria». En su versión nacional, las manifestaciones también tuvieron resonancia. El Gobierno español también se sentó a escuchar las peticiones de las organizaciones. La negociación entre ambos propició un acuerdo, de 43 medidas. El Ejecutivo integra hoy algunos de esas reformas ahí. Según este, permiten «reforzar» los compromisos contraídos.
