Pedro Sánchez ha desautorizado al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Grande Marlaska, y ha ordenado el cese del contrato de compra de municiones con un valor de 15 millones de euros al fabricante isralí IMI Systems, representado en España por la empresa Guardian Defense & Homeland Security.
El Gobierno de España ha anunciado la rescisión del contrato de compra de armas con Israel de forma unilateral. Una decisión que se ha efectuado tras días de tensión en la coalición progresista. Los socios de Gobierno han mostrado su rechazo ante el plan de rearme y la aprobación del aumento del 2 % del PIB nacional en defensa. Esta exigencia, que ha contado con la negativa de una parte de los socios de Gobierno, ha sido impuesta desde la OTAN.
Discrepancias internas
El culmen de la “crisis” se ha desatado este miércoles cuando el grupo Izquierda Unida ha amenazado con la salida de Sumar del Gobierno de España. Una advertencia que han comunicado tras conocer el contrato de compra de armas a Israel. Por su parte, la vicepresidenta segunda de Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, declaró hace unos días ante diferentes medios de comunicación que exigía “la rectificación inmediata del contrato”.
La operación de compra de armas a la empresa israelí había sido formalizada durante Semana Santa. Tras su conocimiento, en las últimas horas, Sánchez había instado al ministro Marlaska a buscar una fórmula para rescindir el contrato. Una información que han publicado desde Eldiario.es.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha sido una de las figuras políticas que ha denunciado a través de sus redes sociales el incumplimiento del Gobierno de España. Este se basa en la interrupción del proceso puesto en marcha hace seis meses para rescindir el contrato, según indicaron desde el propio ejecutivo.
Ante las críticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que el contrato de compra de balas se había mantenido por la recomendación de la Abogacía del Estado. Esta última había desaconsejado rescindir el contrato debido a la fase de tramitación en la que se encontraba. Según indicaba debía abonarse el precio millonario del contrato aunque no se adquiriese el material acordado.
¿Qué implicaciones tiene esta rescisión?
La Abogacía del Estado y los ministerios competentes están estudiando las implicaciones legales de esta decisión. Además, se están evaluando cuales serán las declaraciones a las que tendrán que hacer frente, informan desde Radio Televisión Española.
Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la decisión tomada desde el ejecutivo, al que ha considerado como el «desgobierno». Según indica el presidente de los populares se trata de una respuesta a un problema personal. Así lo ha expresado en su cuenta en X: «Ya está bien que los problemas del Gobierno cuesten millones de euros de dinero público».
