La aprobación en el Congreso de reducir la tasa de alcohol máxima permitida al volante mueve de nuevo el debate sobre la accesibilidad al transporte y el estado del servicio de los mismos
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este 10 de octubre a la propuesta del PSOE de reducir la tasa de alcohol permitida al volante de 0,5 a 0,2, en una votación que contó con 175 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, todas del Partido Popular. Con esta nueva ley, España se alinea con países como Suecia y Noruega, que ya cuentan con límites de alcohol al volante de 0,2 gramos por litro de sangre, dejando atrás a países como Reino Unido, EEUU, Alemania o Francia, con mayor permisividad.
Una mejora que refuerza el compromiso del país con la seguridad vial y pone a España en el grupo de naciones con mayor control sobre el consumo, aunque haya todavía terreno por recorrer, llegando a haber países que ya han fijado una tasa 0,0 en sangre, como Eslovaquia, Hungría, República Checa o Rumania. La medida generará una transformación total en el panorama vial. Uno de esos impactos significativos irá a parar a las empresas cuyo eje principal es la conducción, como pueden ser, entre otras, las de transporte de pasajeros.
Según el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los conductores profesionales no podían sobrepasar los 0,15 miligramos de alcohol por litro en aire espirado o los 0,3 gramos de alcohol por litro en sangre. Ahora eso ha cambiado y es que empresas como Uber, Cabify o la propia gestión estatal del Taxi se enfrentan a un cambio de responsabilidad de gestión interna. Deberán garantizar que los conductores no superen este nuevo límite, lo que implica la introducción de políticas de prevención más rigurosas, controles periódicos de alcohol en sangre o incluso más vigilancia en la revisión de comportamientos dentro y fuera del horario de trabajo.
¿Y las implicaciones para la ciudad?
Para los particulares, este cambio presenta dos escenarios. Por un lado, se podría dar un aumento en el uso de servicios de transporte de pasajeros, un escenario que refuerza el debate sobre la cultura de consumo de alcohol latente en España, profundamente arraigada en ciertos círculos sociales. En paralelo, esta nueva normativa podría llevar a un aumento de la responsabilidad al volante, donde los ciudadanos se verán obligados a cambiar sus hábitos personales y evitar cualquier cantidad de alcohol.
El debate social respecto al surgimiento de una nueva figura: los ‘socorristas del volante’
En este contexto, los servicios de movilidad de pago se perfilan ahora más que nunca como una alternativa atractiva para aquellos que, tras beber, prefieren no arriesgarse a una multa o un accidente. Esto podría provocar un aumento a gran escala en la demanda de estos servicios, posicionándolos como un perfecto remedio para no renunciar a hábitos de consumo y tampoco correr peligro de romper las normas.
Los ‘socorristas del volante’ acogerán un valor significativo en el nuevo paradigma vial, lo que probablemente llevará a empresas privadas, cada vez más en auge, a perfeccionar sus precios y condiciones. Así, esta dependencia del transporte de pago también abre un debate sobre el acceso a la movilidad y el «subterfugio legislativo» que permite a aquellos con recursos continuar con el consumo de alcohol sin consecuencias.
Los jóvenes salen perdiendo, el transporte público debe salir ganando
Uno de los colectivos más vulnerables ante esta nueva legislación es el de los jóvenes. Este sector de la población, mayormente compuesto por conductores noveles, es también el que más alcohol consume en España, según estadísticas dadas por el portal estatal de Plan Nacional sobre las Drogas, órgano directivo del Ministerio de Sanidad. Según los datos de la encuesta EDADES 2022, elaborada por este ministerio, el grupo de 15 a 34 años presenta los niveles más altos de consumo de alcohol.
Además, muchos jóvenes cuentan con un poder adquisitivo limitado, lo que dificulta su acceso a alternativas de transporte como los taxis o servicios de movilidad compartida. Para mitigar los efectos de esta nueva normativa y facilitar una transición hacia hábitos más seguros, algunas soluciones pasan por mejorar el transporte público.
La situación del transporte público nacional solo puede ser respondida a través de los datos más recientes. Los últimos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso del transporte público en España apuntan a que el medio de transporte más usado de los pasajeros es el autobús urbano, que ha incrementado su uso en un 18,2% respecto a 2023. El metro también ha seguido su tendencia a la alta con un incremento del 11,8%, mientras que en el caso del tren también con un 4,6%. En total, más de 429 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en diciembre de 2023, lo que supone un 12,1% más que en diciembre de 2022.
Mejoras pendientes
Una demanda alta y en crecimiento de unos servicios que no siempre satisfacen a los ciudadanos. Son muchos los que piden una mejora en número de los servicios, sobre todo de cara a las ciudades grandes más congestionadas, para aquellas “horas punta” en las que se exige una mayor eficiencia en número y en frecuencia para estos transportes.
Por otra parte, son numerosas las coyunturas en las que las complicaciones de movilidad afloran. Por un lado, la desconexión de las redes regionales de metro en horario nocturno, incluyendo la más duradera, Madrid, cuyo servicio es hasta la 1h30 y no abre hasta las 6h, y por tanto la necesidad en muchos casos de un servicio nocturno de buenas condiciones.
También se deben tener en cuenta, por otra parte, los casos en aquellas ubicaciones de contacto de movilidad baja, convirtiendo el transporte en aventura y no contando prácticamente con alternativas en supuesto de problemas personales o retrasos administrativos.
Las peticiones son claras: un aumento en los servicios nocturnos de autobuses, una ampliación de horarios del Metro y la prolongación de los horarios y servicios de Cercanías Renfe e Interurbanos, especialmente para zonas rurales.
Atender a estas soluciones conformarían pasos clave para garantizar que los jóvenes, y toda la población que no se pueda permitir tanto el pago de un servicio como la compra de un vehículo, tengan opciones accesibles para desplazarse, de cara a una nueva escena para el transporte con la que se espera mejorar en seguridad pero paralelamente en servicio.
