Han pasado casi dos décadas del hundimiento del Prestige, una de las mayores catástrofes marítimas de la historia de Galicia. Una herida abierta que marcó a la sociedad española con la marea Nunca mais y que, a día de hoy, continua luchando por cambiar el modelo de transporte marítimo para que no se vuelva a repetir
Un trágico 13 de noviembre de 2002 se produjo el peor desastre ecológico de la historia de España. El Prestige, un buque petrolero monocasco liberiano, transitaba frente a las costas de Galicia cuando en plena tempestad sufrió una vía de agua.
El buque, que navegaba desde hacía 26 años, procedía de San Petersburgo de donde partió el 31 de octubre de ese año con una carga de más de 70.000 toneladas de petróleo. Su destino inmediato era Gibraltar, donde el Capitán Apóstolos Ioannis Mangouras recibiría instrucciones sobre el puerto de destino.
Ese 13 de noviembre la tripulación escuchó un fuerte ruido, seguido de una pronunciada escora que hizo que las máquinas pararan de forma automática. La avería produjo una gran abertura en el casco, por donde comenzarían a derramarse toneladas de petróleo a unos 30 kilómetros del cabo Finisterre.
Las autoridades españolas, ante esta situación, movilizaron a helicópteros y remolcadores con el objetivo de auxiliar al buque. Así mismo, ejecutaron la evacuación solicitada e intentaron impedir que el barco llegase a la costa gallega. Sin embargo, tras varias maniobras, el día 19 de noviembre el barco se partió en dos.
Las terribles consecuencias del Prestige
Ambas partes del Prestige se hundieron a una profundidad estimada de 3.500 metros y a una distancia de 260 kilómetros al oeste de Vigo. Como consecuencia de ello, más de la mitad de la carga se vertió en el mar, tiñendo de negro las costas de Galicia y de gran parte del Cantábrico, llegando hasta Portugal y Francia.
Galicia fue la que se llevó la peor parte. Un conmovedor desastre ecológico donde miles de kilómetros de playas y rocas resultaron afectadas por el chapapote. Así mismo, se estima una mortalidad de más de 150.000 aves marinas y todos los ecosistemas marinos perjudicados siendo una incógnita el número real de especies afectadas.
Frente a la marea negra llegó la marea blanca
La catástrofe provoca una conmoción popular que atraería a más de 300.000 voluntarios de España y de Europa que participarían en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados de Galicia. Voluntarios que con sus trajes de polipropileno, botas, guantes y mascarillas de protección saldrán al rescate de las localidades más afectadas.
Un daño en el que el gobierno de la Xunta tuvo una administración lenta y sin recursos. De la misma forma, desde el gobierno central de José María Aznar se atenuó el peligro del desastre. Unas malas decisiones políticas que enfurecerían a miles de gallegos, muchos de ellos trabajadores de la pesca de bajura y de la acuicultura.
Ante esta indignación popular, se produciría una movilización sin precedentes, el conocido como Nunca mais, una plataforma ciudadana que exigía responsabilidades medioambientales, políticas y judiciales. Una marea blanca que fue más allá del movimiento ecologista, despertando la conciencia de toda la población española de lo que suponía un desastre como este.
La herida abierta del Prestige
Han pasado ya 19 años de aquellas imágenes grabadas en la retina de casi todos los españoles. Daños ambientales que todavía perduran en algunas costas gallegas, como la Costa da Morte, donde sigue habiendo restos de chapapote en la arena. Sin embargo, nadie ha pagado, ni judicialmente ni económicamente, las consecuencias de esta catástrofe.
Desde el punto de vista judicial, la Unión Europea aplica el principio constitucional «Quién contamina paga», que tiene como objetivo que el responsable del desastre ecológico asuma las consecuencias y los costes relacionados con el daño. En el caso de España, el Tribunal Supremo reconoció, en diciembre de 2018, que España tenía derecho a una indemnización de 1.573 millones de euros.
Por el momento, los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, una institución intergubernamental que facilita la indemnización económica de este tipo de desastres, han pagado 142,1 millones al Estado. Por otro lado, la aseguradora del buque, London P&I Club, entregó en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Una cantidad ínfima en comparación con los miles de millones de euros que le ha costado al Estado todos los daños producidos. Esto es por ahora el punto y aparte de un desastre que no debemos dejar que caiga en el olvido, una lucha que debe continuar y un aprendizaje para que esto no se vuelva a repetir.
