En 1980, se produjo la única ruptura de relaciones diplomáticas en la historia de la democracia española. Un enfrentamiento entre campesinos y militares fue la razón de las desavenencias entre España y Guatemala
Durante los últimos meses, diversos sectores de la izquierda han exigido al Gobierno de España la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio cometido en Gaza. Mientras que Sumar, Podemos, ERC o EH Bildu han apostado por esta medida, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha declarado que la ruptura de relaciones diplomáticas “no está sobre la mesa”.
Desde que España es un estado democrático, solo se ha roto relaciones diplomáticas con otro estado en una ocasión. En 1980, España y Guatemala pusieron fin a sus relaciones internacionales por un incendio en la embajada española en el país centroamericano. Dicho incendio fue ocasionado por una disputa entre el ejército de Guatemala y defensores de los derechos de los campesinos. Para comprender este enfrentamiento, hay que remontarse a los años 50.
El origen del conflicto
Tras los gobiernos progresistas de los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz (1945-1954), la CIA estadounidense y el ejército guatemalteco dieron un golpe de Estado para instaurar una Junta militar en el país. Más allá del enfrentamiento entre el ejército y la izquierda del Partido de Acción Revolucionaria, existía un conflicto entre los intereses del campesinado y la empresa estadounidense United Fruit Company. La reforma agraria de 1952 provocó la expropiación del 62% de las tierras de United Fruit Company (que permanecían sin cultivar). Los terrenos fueron repartidos entre unos campesinos que recibían créditos del gobierno de Árbenz para impulsar la producción.
Tras el apoyo de Estados Unidos al golpe de Estado militar y la continuación de la inestabilidad, estalló la guerra civil guatemalteca en 1960. El conflicto enfrentó a los múltiples gobiernos militares de Guatemala (apoyados por Estados Unidos) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (conformada por campesinos, la población indígena, guerrilleros y comunistas). La guerra se extendió hasta el año 1996 y, durante el transcurso del conflicto, Guatemala contó con nueve dictadores militares distintos.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU dictaminó que la guerra ocasionó 200.000 muertos y 40.000 personas desaparecidas. Además, la ONU reveló que “las violaciones y las violencias sexuales fueron empleadas como estrategia de guerra”. Entre el 70% y el 90% de las aldeas fueron destruidas por la propia guerra. Finalmente, en 1999, la ONU llegó a la conclusión de que el ejército de Guatemala cometió un genocidio contra su pueblo durante los 36 años de guerra civil.
El petróleo expulsó a los campesinos
Desde 1970, territorios del norte de Guatemala como Quiché, Izabal o Alta Verapaz contaban con un potente desarrollo agrícola. Sin embargo, en 1974, empresas petroleras estadounidenses como Basic Resources o Shenandoah Oil descubrieron yacimientos de este material en el norte del país. La instauración del sector petrolífero en la zona provocó la expulsión de los campesinos norteños por parte del ejército. Uno de los principales instigadores del fin de la agricultura del norte de Guatemala fue Fernando Romeo Lucas García.
Lucas García lideró una dictadura militar en Guatemala entre los años 1978 y 1982. Al igual que sus predecesores, Lucas García continuó apoyando al ejército en su enfrentamiento contra los colectivos campesinos. Además, el presidente guatemalteco era socio de Shenandoah Oil, una de las empresas petrolíferas que operaban en las regiones del norte. Durante su gobierno, Lucas García recibió el apoyo militar de los presidentes estadounidenses Jimmy Carter y Ronald Reagan.
Finalmente, en 1980, el Comité de Unidad Campesina y el Frente Estudiantil Robin García protestaron por las pésimas condiciones de trabajo de los agricultores de la región de Quiché y la violencia empleada por el ejército de Guatemala. Con el objetivo de llamar la atención de los gobiernos europeos, estudiantes y campesinos acudieron a la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980.
El asalto a la embajada
Mientras se celebraba la reunión entre los manifestantes y el embajador español en Guatemala, Máximo Cajal López, las fuerzas armadas guatemaltecas asaltaron la embajada. El ejército lanzó cócteles molotov y se produjo un incendio dentro del edificio que ocasionó la muerte de 37 personas. Campesinos, estudiantes y personal de la embajada como Jaime Ruiz del Árbol (cónsul español y sobrino de Máximo López Cajal) fueron víctimas de las llamas. También falleció Eduardo Cáceres Lehnhoff (vicepresidente de Guatemala entre 1970 y 1974), que se encontraba reunido con Máximo Cajal López antes de la irrupción de los campesinos y estudiantes en la embajada.
Entre los pocos supervivientes, se encontraba el embajador Máximo Cajal López (que sufrió graves quemaduras) y Gregorio Yujá Xoná, un activista campesino. No obstante, horas después, Gregorio Yujá Xoná fue secuestrado y asesinado por el exjefe policial Pedro García Arredondo. En 2015, García Arredondo fue condenado a 90 años de cárcel por el asalto a la embajada. Hasta el momento, García Arredondo es el único militar que ha entrado en prisión por estos hechos.
Tras el incendio de la embajada, el gobierno guatemalteco de Romeo Lucas García afirmó que había sido Máximo Cajal López el que había pedido la intervención de los militares. El embajador negó tales acusaciones.
Reacción del Gobierno de España
El 2 de febrero de 1980, tras una reunión del Consejo de Ministros, el gobierno de Adolfo Suárez decretó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Guatemala. El país centroamericano había vulnerado el artículo 22 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. Este precepto legal establece que las embajadas y residencias diplomáticas son lugares inviolables y protegidos por el Derecho Internacional. Tras la ruptura de relaciones internacionales, la representación diplomática española en el país la ejerció la Embajada de Venezuela.
El asalto a la embajada recibió una condena prácticamente unánime por parte de diferentes agentes internacionales. Incluso, Estados Unidos, fiel aliado del ejército de Guatemala, catalogó el ataque como un “acto insensato y de barbarie”. “Estamos fuertemente conmovidos”, afirmó la Casa Blanca tras el incendio de la embajada.
Las relaciones diplomáticas previas entre España y Guatemala habían sido cordiales. En 1974, el presidente y militar Laugerud García realizó una viaje privado a Madrid. Asimismo, tres años antes de la quema de la embajada, Juan Carlos I hizo una visita oficial a Guatemala. Cabe destacar que son escasos los precedentes de rupturas de relaciones diplomáticas de España. Uno de los pocos casos tuvo lugar en octubre de 1975, cuando la República Federal Alemana rompió relaciones con la dictadura franquista por la ejecución de cinco militantes de ETA y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
La vuelta a la normalidad
Tras el paso de cuatro años, el Gobierno de Felipe González restableció relaciones diplomáticas con Guatemala. El dirigente socialista alcanzó un acuerdo con Humberto Mejía Víctores, presidente de Guatemala, en septiembre de 1984. Mejía Víctores reconoció que “lo sucedido (el incendio de la embajada) constituyó una violación del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.
Desde ese entonces, mandatarios como Felipe VI o la reina Sofía de Grecia han acudido a la proclamación de presidentes de Guatemala o realizado visitas oficiales al país centroamericano. Asimismo, según The Observatory of Economic Complexity, España es el noveno país que más productos importa de Guatemala. En 2023, Guatemala realizó exportaciones a España por un valor de 323 millones de dólares.
