Una ola naranja sustituye a la marea verde

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Fuente: EFE

La escuela concertada retoma las protestas ante la inminente aprobación de la nueva ley educativa, la «ley Celaá»

Ya quedaron atrás aquellos años de marea verde donde miles y miles de estudiantes, profesores, padres y madres se manifestaban en las calles en defensa de la educación pública. Sucesivas huelgas y protestas tuvieron lugar antes y después de la polémica LOMCE, aprobada en 2013. Aunque no se consiguió parar la ley por aquel entonces, se evidenció la necesidad de una nueva ley que, lo antes posible, acabara con los abusos de la «ley Wert».

Ayer, la escuela concertada convocó manifestaciones en forma de caravana para mostrar su rechazo a la nueva ley. Desde sus coches, y bajo el color naranja, se apelaba continuamente a la palabra libertad como repulsa a la LOMLOE. ¿Cuáles son los aspectos más polémicos? ¿Qué puntos coartan la libertad según los detractores?

Educación concertada y religión

La eterna disputa de las ayudas a la educación concertada frente a la financiación de la pública, así como la asignatura de religión y su peso en la nota media no podían faltar en este debate. Claramente diferenciados, los partidos de izquierda y derecha han abogado y siguen haciéndolo por su postura ideológica frente a estos temas. En medio, una educación que sufre los vaivenes jurídicos de las ya ocho (contando esta) leyes educativas que ha tenido nuestro país durante la democracia.

Educación especial

Esta vez se ha añadido un nuevo tema: la educación especial. El artículo 74.3 permite a ciertos alumnos con necesidades especiales acudir a un centro ordinario, abriendo la puerta a que cada vez más niños puedan pasar de un tipo de educación a otra. Sin embargo, los argumentos de aquellos en contra de esta ley olvidan otros puntos relativos a esta materia.

En primer lugar, el mismo artículo 74 recoge el procedimiento por el cuál un estudiante pasaría de una educación a otra; deben ser profesionales los que evalúen y valoren a qué centro debe ir el alumno, atendiendo a sus intereses y «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo». De igual manera, la ministra Isabel Celaá o la diputada socialista Seijo han repetido en numerosas ocasiones que estos centros de educación especial no se cerrarán. La intención es dotar de recursos a los centros ordinarios para que sean capaces de adaptarse y ser verdaderamente inclusivos, quedando los centros especiales como apoyo de los colegios ordinarios.

Noelia Pellejero | madridiario

Bilingüismo en Cataluña

Una de las mayores polémicas de esta ley; «la eliminación del castellano como lengua vehicular» es sin duda alguna el punto más manipulado. En ningún artículo de la LOMLOE se establece la prioridad de otro idioma que no sea el castellano. Se ha creado un debate artificial, con fines meramente electoralistas, sobre el castellano o el catalán como lengua vehicular. Prueba de ello es que en ningún momento entra en debate el gallego, y tan solo por encima el euskera. Se ha centrado el debate sobre la lengua allí donde es viable sacar un rédito político sobre la cuestión de lengua; Cataluña.

La única manera en la que se podría argumentar que el castellano desaparece como lengua vehicular es retorciendo el debate al hablar de cuestiones de forma. Técnicamente, en la disposición adicional trigésimo octava, en comparación con la ley anterior, se elimina la siguiente oración: «El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado». Sin embargo, en el propio artículo se protege al castellano.

Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, Los Estatutos de Autonomías y la normativa aplicable.

Es objetivamente imposible ver en este artículo (el único que podría dar pie al argumento anterior) una discriminación hacia el castellano. De hecho, y pese a la eliminación explícita del castellano como lengua vehicular, la propia Constitución Española, en su artículo número 3, se encarga de este tema, estableciendo el castellano como lengua cooficial junto al resto de lenguas españolas.

También cabe destacar la exigencia de Más Plurales, asociación que convocó las manifestaciones a las que acudieron 15.000 automóviles según la policía, sobre el momento de la aprobación. Consideran que debido a la crisis sanitaria, la nueva ley debería esperar, y contar con un consenso más amplio. Sin embargo, lo cierto es que en algunas ciudades clave, como Barcelona, la policía cifra en menos de 300 coches los que acudieron a la manifestación.

Pese a la escasa cantidad de gente que parece movilizarse para rechazar esta ley, la polémica y no los datos están inundando el debate. Se están pasando por alto algunos de los elementos positivos de esta ley (que sin duda tiene un amplio margen de mejora). La potenciación de la educación pública, la redistribución de los recursos, la limitación de las repeticiones o un mayor equilibrio de las competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas son un ejemplo de ello.

El debate debería estar más enfocado a estos temas, mucho más relevantes para las partes implicadas, que a las cuestiones de forma sobre la redacción de la ley en cuanto al castellano. De momento, y aunque la ley se apruebe previsiblemente en el Senado el 23 de diciembre, la oposición está ganando el debate al gobierno, ya que sólo se están teniendo en cuenta los aspectos «más controvertidos» de la ley y no los más importantes.

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