Irene Montero es la política española más adecuada para ocupar el Ministerio de Igualdad. La lucha de su cartera durante esta legislatura es una de las más conocidas en el Ejecutivo, junto quizá las de Trabajo, Economía y Sanidad.
La ministra de Igualdad ha sacado adelante tres de los proyectos más ambiciosos e importantes en la lucha por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Las leyes de Libertad Sexual (conocida como ley del «solo sí es sí») y Trans, junto a la reforma de la ley del aborto, han respondido en muchos aspectos de forma positiva a las demandas de la sociedad. Si bien no están exentas de crítica y también reforma, al final del día son buenas leyes. Las leyes no son perfectas y su aplicación puede distar mucho de su concepción. Si bien los equipos políticos pueden prever y adelantarse a muchos de estos problemas, toda ley tarde o temprano se ve actualizada o modificada con el tiempo, especialmente si estas son Leyes Orgánicas, que regulan algo tan complejo como los derechos fundamentales.
Si todas las leyes fueran perfectas, no habría necesidad de hacer nuevas. Las sociedades evolucionan y sus normas deben actualizarse con ellas. La ley del aborto es un buen ejemplo de ello, puesto que, en su momento, cuando el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la aprobó, se consideró necesario que las mujeres de dieciséis años necesitasen el permiso parental. En su momento, por el tipo de sociedad que la vivía, pudo estar bien, pero tras años de lucha y educación feminista, la nuestra ha entendido que la ley debía evolucionar a más.
La Ley del «solo sí es sí»: Penas o educación
Las leyes son complejas y el ego no puede cegarnos a la evidencia. La ley del «solo sí es sí» es una buena ley. Es una ley que se infiere en la creación de sistemas de prevención de violencia sexual, así como un también se crean centros de atención a las víctimas o añade la sumisión química como agravante. Así mismo, se vertebra en la idea del consentimiento, que después de la nefasta sentencia de la Manada, se consagró como más necesaria que nunca. No obstante y por desgracia, todos conocemos la ley no por sus aspectos más positivos, sino por un trágico efecto secundario que ha derivado en la disminución de penas. El Ministerio de Igualdad ha elaborado una ley necesaria, pero también se ha destapado un error en su aplicación.
Todos los avances de la ley se ven empañados por una mala aplicación que algunos jueces están promoviendo. Este es el argumento que señalan desde el banco morado del Gobierno, que si bien no tiene que ser del todo falso, no justifica la actual situación, ni tampoco la reticencia del ministerio y los diputados de Unidas Podemos. La disminución de condenas puede convertirse en una gran mancha de un gran expediente, y el futuro de la coalición y de un gobierno progresista depende de que los socios sean capaces de ponerse de acuerdo.
Es importante, no obstante, recalcar que una reforma de la ley más punitivista tampoco tiene por qué ser un acierto. Que una pena sea más alta no va a conseguir que haya menos delitos. Todos sabemos que la agresión sexual y la violación son delitos penados con cárcel, pero pocos saben con cuántos años (de uno a cuatro; de cuatro a doce, sin agravantes, respectivamente), ni tampoco les importa, puesto que sigue habiendo agresores sexuales y violadores. Subir las penas, especialmente cuando de base un ciudadano no sabe cuántos años pueden caerle (al igual que el asesinato, el robo o el secuestro, por ejemplo), no da ninguna garantía de que estos casos disminuyan. No es sino una profunda educación sexual lo que puede evitar los crímenes machistas. Algo que la ley si recoge y debe ser parte fundamental.
El futuro feminista necesita sumar
Irene Montero debe ser ministra de Igualdad la siguiente legislatura porque no hay nadie mejor para ocupar ese puesto. Incluso con sus errores, la ministra ha demostrado durante estos cuatro años su capacidad para entender y responder a las necesidades de las mujeres y del colectivo LGTBI. Lo ha hecho con buenas leyes y soportando vergonzosos ataques personales por el mero hecho de ser mujer y feminista. Ha sido constantemente atacada y perseguida, mediante chismes y fake news que poco o nada tienen que ver con lo único que debe importar: su empeño en política.
Si bien para que Irene Montero vuelva a ser ministra de Igualdad, Unidas Podemos debe dejar el ego a un lado. Todos los avances que su ministerio ha logrado solo pueden ser protegidos si en la siguiente legislatura sigue habiendo un gobierno de izquierdas en España. Para ello, debe conformarse un grupo progresista fuerte y estable a la izquierda del Partido Socialista, y esto solo pasa por apoyar a Yolanda Díaz y su proyecto Sumar. Las encuestas parecen recalcar esta idea, por mucho que no siempre haya que mirarlas con una buena dosis de escepticismo.
Volviendo atrás, es importante recordar que las mayorías absolutas se quebraron en 2015 con la aparición de Podemos y de Ciudadanos (sustituido ahora por Vox), y esas grietas han ido ensanchándose año a año, principalmente por la crecida de partidos nacionalistas y regionalistas, fruto del madridismo que lamentablemente existe en la política nacional española; así como de la represión ejercida tras los hechos del referéndum del 1-O. Tan solo hay que ver cómo Pedro Sánchez logró la presidencia tanto la primera como la segunda vez: necesitó que 17 partidos le dieran su apoyo.
Las minorías políticas de partidos como ERC, PNV, EH Bildu y demás fuerzas permiten no solo que para sacar adelante leyes sea imprescindible el diálogo y la política, sino también es un importante buque de contención contra ese temible fantasma pasado que representa la extrema derecha española. De ahí la importancia de que exista un bloque progresista numeroso en la próxima legislatura que sirva para apuntalar un Estado del Bienestar que hace aguas, proteger los derechos humanos y las minorías, y aplicar medidas sociales que continúen la estela que, al menos de momento, proyecta la economía española, como bien muestran las previsiones de crecimiento tanto nacionales como internacionales. Los partidos nacionalistas y regionalistas siempre preferirán antes como socio a un gobierno de izquierdas abierto al diálogo que a un gobierno en el que Santiago Abascal dicte las pautas a seguir.
La única posibilidad radica en construir una nueva alternativa que sume y permita mantener los avances sociales que el Ministerio de Igualdad promueve. Es una necesidad que se acabe con las disminuciones, a la vez que se aplica una educación sexual y social. Las penas pueden ser necesarias, pero lo que evita delitos es una sociedad educada.
