La orden de arresto domiciliario contra Bolsonaro eleva la tensión política y social en un país que ya estaba desgarrado desde las últimas elecciones
La noticia era de esperar. No había duda de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, iba a dar un golpe fuerte al bolsonarismo. Y, finalmente, así ha sido. De Moraes decretó este lunes 4 de agosto que el exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, debía permanecer en casa en arresto domiciliario.
La sentencia no sentó nada bien ni dentro los círculos conservadores en Brasilia ni fuera de ellos. Dentro del país, miles de seguidores del expresidente salieron a las calles de las principales ciudades para protestar por la decisión judicial mientras que, afuera, el gobierno de Estados Unidos era el primero en condenar la sentencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, criticó la decisión de De Moraes alegando que es un «ataque a la democracia» y una forma de socavar el derecho de Bolsonaro de poder expresarse públicamente.
Se sabía que esto iba a pasar. Hace unas semanas, mientras en Brasilia se decidía el futuro de Bolsonaro, en Washington, a medida que De Moraes imponía más restricciones al expresidente, como prohibirle usar redes sociales, Trump respondía imponiendo aranceles de casi un 50%. Y mientras unos elogian al juez por «salvar la democracia», otros rezan y piden públicamente a Trump que «salve Brasil». Unas acciones que, sin duda, son el reflejo de cómo la nación sudamericana más grande ha llegado a una situación tensa.
Si nos remontamos a las elecciones de 2018, cuando Brasil votó en masa a Bolsonaro, un 55% de los votos frente a un 44% de su rival político, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). En 2020, la pandemia frustró el proyecto político que Bolsonaro tenía preparado, y tuvo que improvisar (como en todos los países) la gestión de la COVID-19. Obviamente, fue un acto negligente cómo se trataba a los enfermos de coronavirus y a los fallecidos, al igual que no estuvo bien que recomendase hidroxicloroquina como remedio para el virus.
A pesar de su mala gestión de la pandemia, los datos económicos respaldaban a Bolsonaro: la economía creció un 14% y el desempleo bajó al 12%. Con la intención de buscar un segundo mandato, intentó presentarse a las elecciones, pero el juez del STF, Luiz Fachin, férreo apoyador y defensor, haya donde los haya, del PT, anuló las condenas de Lula en el caso Lava Jato al considerar que el exjuez Sérgio Moro, al estar en un juzgado regional, no tenía competencia nacional para dictarlas.
¿Resultado? Lula libre y, con él en la calle, se abría un nuevo camino a las elecciones de 2022, que Lula ganó con el 50% de los votos obtenidos y Bolsonaro quedó con un 49%. Desde ese momento, Bolsonaro ha insistido en que las elecciones fueron robadas y que, por tanto, se deberían repetir, a pesar de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial le habían repetido por activa y por pasiva, que lo que estaba diciendo era una falacia. Lo era, sí, pero cuando el 8 de enero de 2023, tuvo lugar el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, todo el mundo temió que volviese a suceder lo mismo —o peor— que el asalto al Capitolio que dos años antes había tenido lugar en Estados Unidos. Sin embargo, es preciso mirar bien la letra pequeña de lo que sucedió ese día.
¿Fue Bolsonaro culpable? En parte sí y en parte no. Su falso discurso de que era necesario tomar el poder caló en buena parte de sus seguidores, pero también hubo muchos fallos, como la pasividad de las fuerzas policiales que se encontraban en el Congreso, o que las puertas estuviesen abiertas mucho antes de lo previsto y que las entradas careciesen casi de seguridad. Y esos fallos no fueron culpa de Bolsonaro. Y es desde ese momento que el STF juzga a Bolsonaro, por sus acciones y mensajes que llamaban a un golpe de Estado.
Pero la historia no acaba ahí, porque si Bolsonaro es culpable, en parte, Lula, también lo es. De Moraes, al igual que Fachin, ha estado durante mucho tiempo afiliado al PT, por lo que, a la hora de juzgar, la imparcialidad brilla por su ausencia. Lula, como presidente de la República, tiene la potestad y el poder de nombrar a los jueces, ya sea en un tribunal federal o regional. Digo esto porque después de la tragedia de la presa de Brumadinho, en la que murieron 272 personas, de momento, no hay ningún culpable. De los 16 acusados, uno fue declarado libre, y los otros 15 esperan una sentencia que depende de unos jueces regionales que Lula nombró en 2022.
Si tenemos esto en cuenta y también las condenas que se han llevado a cabo con Bolsonaro, entonces cabe preguntarnos si lo que realmente se está haciendo es condenar a alguien que de verdad alentó contra un golpe de Estado o, por si el contrario, se están usando los poderes del Estado para ir contra él políticamente.
La respuesta es ambas. Bolsonaro debe pagar por lo que hizo, sí, pero tampoco es normal que un juez que sigue vinculado a un partido político y que trabaja en el mayor tribunal del país opere a sus anchas sin que nadie le pare los pies. Lo justo y lo necesario sería que Bolsonaro dejase de hacerse la víctima y que de Moraes fuese apartado de su cargo por mala praxis judicial. Quizás así —sólo quizás— las cosas podrían cambiar un poco a mejor para Brasil.
