Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿alguna vez te has preguntado de dónde obtiene fondos los partidos para costear las campañas?
Este 2023 viene cargado de encuentros electorales, tal y como ya hemos comentado en la sección de Política de El Generacional. El próximo mes de mayo se renovarán los parlamentos de la mayoría de Comunidades Autónomas de nuestro país, y se espera que las próximas elecciones generales tengan lugar el próximo mes de diciembre, una vez agotada la actual legislatura.
En pocas semanas comenzaremos a recibir propaganda tanto por correo postal como a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para conocer mejor a los candidatos y sus diferentes propuestas. Las campañas electorales suponen un despliegue económico con inversiones millonarias, que en las pasadas elecciones generales supuso una gasto de 49 millones de euros en total.
¿Cuánto invierten los partidos en campaña?
El Partido Popular, tal y como se puede leer en un artículo de La Vanguardia que gira en torno a un informe del Tribunal de Cuentas, hizo un gasto electoral de 12,4 millones en 2019. Después de los populares, el PSOE fue la formación que hizo una mayor inversión, pues invirtió 10,6 millones de euros en los comicios en los que recuperaron la presidencia de nuestro país. Al margen de los dos partidos mayoritarios, Ciudadanos invirtió 10 millones de euros y Unidas Podemos 5,7 millones. VOX, por su parte, gastó 2,8 millones de euros en la campaña
Los partidos no sufragan todos los gastos de la campaña con sus medios propios, pues estos, además, pueden recibir aportaciones privadas y préstamos bancarios, además de subvenciones públicas, destinadas a todas aquellas formaciones que obtengan representación parlamentaria, en función de sus resultados. Estas subvenciones se reciben una vez conocidos los resultados de los comicios, por lo que los partidos ajustan los presupuestos de las campañas a los resultados que creen que van a obtener.
Es por esto que, en muchas ocasiones, los préstamos bancarios juegan un papel importante en la financiación de las campañas, pues estas entidades suelen adelantar gran parte de las astronómicas sumas de dinero necesarias para realizar las campañas electorales. La formación PODEMOS fue la primera en cuestionar estos préstamos, y popularizó la política de «microcréditos» concedidos por miembros de la militancia que terminó por adoptar el PSOE en las últimas generales. VOX, por su lado, empleó una fórmula similar (el crowdfunding sin retorno) para financiar su campaña en los últimos comicios.
Subvenciones públicas para los partidos
¿Qué subvención recibe cada partido? Tal y como señala Europa Press, los partidos recibieron en 2019 un 21.167 euros de subvención por cada escaño conseguido en el Congreso o en el Senado. Por cada voto los partidos también reciben una pequeña suma (0, 81 céntimos por voto para el Congreso y 0,32 por voto para el Senado), y existe una partida para todos los partidos – que formen grupo propio– destinada a costear el envío de propaganda postal: en concreto, las formaciones recibieron 0,21 euros por cada elector presente en cada una de las circunscripciones en las que los partidos se presenten.
Esta financiación directa por parte del Estado no es siempre la misma, pues depende de la cuantía reflejada en los Presupuestos Generales de cada año. Su objetivo es el de sufragar el funcionamiento «ordinario» de los partidos y sus gastos de seguridad. Estas subvenciones – dependientes del Ministerio de Interior– están reflejadas en la Ley Orgánica 8/2007, que regula las condiciones en las que se financian los partidos y establece criterios de transparencia y fiscalización de las cuentas de las formaciones. La Ley Orgánica Electoral, a su vez, también regula las condiciones en las que se puede realizar una campaña electoral.
La influencia de los lobbies y los «Comités de Acción Política»
Sin embargo, ¿qué pasa cuando asociaciones, sindicatos o «lobbies» participan activamente de las campañas, sin estar sometidos a estas leyes? Un caso paradigmático es el de Hazte Oir, la asociación de extrema derecha católica y próxima a VOX, que ha defendido las ideas del partido y que ha realizado campañas en contra de leyes sin someterse a los criterios de transparencia que sí se exigen a los partidos políticos.
En Estados Unidos, estas asociaciones con inquietudes políticas – que no conforman partidos pero que promueven acciones para influir en referendos y elecciones – están institucionalizadas y registradas, y reciben el nombre de «Political Action Commitees« (Comités de Acción Política), que en muchas ocasiones realizan donaciones directas a candidatos y partidos.
Todas las organizaciones que realizan donaciones de más de 1.000 dólares a un partido deben registrarse, desde el año 2002, como PAC, y someterse a una normativa específica que limita su influencia: por ejemplo, una corporación (como puedan ser el Corte Inglés o Iberdrola) o un sindicato no pueden destinar fondos de la propia tesorería de la PAC a financiar una campaña, sino canalizar donaciones de particulares asociados a través del Comité de Acción Política.
En España, los partidos pueden recibir donaciones directas de empresas, siempre que estas no tengan un contrato público en vigor, y con un límite de 100.000 euros anuales. Sin embargo, tal y como denuncia Civio, estas empresas con contratos públicos pueden realizar donaciones a fundaciones vinculadas a estos partidos – como los think tanks FAES, Disenso o IDEAS-, con todas las implicaciones que esto conlleva. Como podemos observar, lograr la transparencia en la financiación de los partidos y las campañas no es tan fácil, al estar implicados numerosos agentes económicos y sociales en el proceso.
Lobbies en Europa y en España
La participación de agentes externos a la política de partidos en las instituciones está también marcada por los conocidos como Lobbies o «grupos de presión», que representan los intereses de determinados sectores de la sociedad. Estos grupos tratan de persuadir e influir a representantes de las instituciones para impulsar medidas que beneficien a los intereses que defienden. Cabe destacar que el mundo del lobby es diverso y variado, y que existen tantos lobbies que pueden considerarse «de derechas» como de «izquierdas», y que representan intereses empresariales, ideológicos, religiosos…. En Europa no existe una legislación que reconozca y regule la actividad de estos lobbies, aunque sí existe un Registro de Transparencia a nivel comunitario en el que estos grupos se pueden registrar de manera voluntaria.
En España tampoco hay una definición legal ni una institucionalización de estos lobbies– frente a la normativa relativa a los PAC estadounidenses– , pese a que se está debatiendo ya la necesidad de legislar sobre esta materia: el Anteproyecto de Ley de Transparencia en las Actividades de los Grupos de Interés – aún lejos de su redacción definitiva y aprobación- refleja la necesidad de promulgar un Código de Conducta al respecto de estos grupos y, a su vez, de crear un registro de grupos de interés en el que se refleje también su huella legislativa. Esto quiere decir que el registro incluiría no solo a las entidades percibidas como lobbies, sino también su presencia y aportaciones en las negociaciones políticas o en procesos de redacción de leyes.
A día de hoy no existe un registro unificado de grupos de presión en España, si bien cada Comunidad Autónoma posee registros en los que estos grupos pueden registrarse de manera voluntaria. Ecologistas en Acción publicó en 2018, junto al Observatorio de Multinacionales en América Latina, un informe titulado Lobby Planet, centrado en la presencia y la actividad de lobistas en las inmediaciones del parlamento europeo, en la ciudad Bruselas.
¿Cuánto dinero mueven los lobbies?
Este documento afirma que existe un número estimado de 25.000 lobistas influyentes en la política de Bruselas, y que el conjunto de los distintos grupos invierte anualmente 1,5 mil millones de euros en actividades de lobby. ¿Qué grupos son más importantes a nivel europeo? Según indica Lobby Planet, los que más invierten son el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas (EUROCHAMBRES) y la agencia de marketing y comuniación Fleishman-Hillard.
En el informe también hay espacio para los lobbies más relevantes en nuestro país: el informe habla de la influencia de grandes empresas como Telefónica, el Banco Santander y BBVA, además de Repsol y Gas Natural Fenosa. También se habla de algunas asociaciones empresariales menos evidentes, como la conocida CEOE, la Marca España o el Consejo Empresarial para la Competitividad. En el apartado de think tanks – fundaciones destinadas a impulsar y difundir unas ideas determinadas en la esfera pública- destacan el Real Instituto Elcano o FEDEA, que defienden postulados económicos de corte liberal.
