El martes se aprobó en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a los inmigrantes irregulares
Rara avis
Esta semana se ha producido un fenómeno paranormal. Todos los grupos parlamentarios, a excepción de VOX, se han puesto de acuerdo. ¿Y cuál ha sido el punto en común? La protección de todas las personas que viven y trabajan de forma irregular en España.
Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha sido apoyada por 612.275 firmas, y más de 900 organizaciones sociales y organismos, incluido el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. La iniciativa regulariza a entre 390.000 y 470.000 personas en nuestro país (el 0,8% de los residentes en España). Alrededor de un tercio de ellos son menores de edad.
Ganan unos, ganamos todos
¿Cuál es el objetivo de esta medida? Son varios. Lo primero, hay que tener en cuenta que las personas en situación irregular se encuentran en una «espiral de vulnerabilidad y desprotección», tal y como recoge la proposición de ley. Esto aumenta el riesgo de exclusión social. Lo tienen muy difícil para acceder a una residencia, y además tienen que lidiar con una burocracia compleja. Al final, hay casi medio millón de personas fuera del radar de las instituciones.
Pero, además, el Gobierno espera que esta medida impulse el empleo y la recaudación. Es decir, que contribuyan al pago de las pensiones. Los inmigrantes que ahora trabajan sin papeles pasarían a formar parte de la economía regular y, con ello, contribuirían a las arcas públicas.
Según un estudio realizado por la fundación porCausa y la Universidad Carlos III en 2020, la irregularidad de los inmigrantes le cuesta al Estado una media de 2.000 € por inmigrante. Al regularizarles, su aportación fiscal superaría los 3.250 €.
Un proceso largo
La ILP se registró el 24 de febrero de 2023, hace ya más de un año. Pero se paralizó por la convocatoria de elecciones generales. Ahora se ha retomado, y es que las ILP son las únicas iniciativas que permanecen aunque se disuelvan las Cortes.
Cuando la propuesta se registró, llovieron las críticas al Gobierno. Se le acusó de querer hacer una «regularización masiva de extranjeros» para tener más votos en las elecciones. Pero ya en su día se dejó claro que ni la propuesta tenía rango de ley, ni llegaría a tiempo para que estas personas pudieran votar.
Ahora, tras el visto bueno del Congreso, la ley pasará a una comisión en la que los grupos parlamentarios podrán presentar sus enmiendas. Después, se llevará al pleno para su aprobación.
Patxi López, portavoz del PSOE, ha dejado claro en rueda de prensa que necesitamos a los inmigrantes, pero de «manera razonable e inteligente». Mientras que desde el PP han defendido la importancia de los derechos humanos, siempre y cuando se tenga como prioridad acabar con las mafias.
Un ámbito complejo
Es muy complicado saber el número de inmigrantes irregulares que hay en España, porque el riesgo de ser deportados les lleva a evitar identificarse. Sin embargo, el Padrón Municipal permite registrarse sin importar la condición administrativa, así que funciona como indicador fiable. Al final, es la vía que tienen para acceder a la educación y a la sanidad.
El estudio de porCausa y la Universidad Carlos III, revela que cuatro de cada cinco inmigrantes tienen menos de 40 años. Y que las mujeres son mayoritarias en la población inmigrante irregular en España. Además, indica que es imposible saber cuántos inmigrantes sin papeles están trabajando, pero que uno de cada dos trabajadores extracomunitarios ocupa alguno de los puestos considerados como «esenciales» por la Comisión Europea.
Al final, este estudio demuestra que no existen evidencias empíricas que confirmen que medidas como la regularización de la inmigración irregular puedan llegar a tener el papel de efecto llamada.
