La imagen de España se encuentra condicionada por las discrepancias con la OTAN, la ley de amnistía y los escándalos de corrupción del PSOE
La política exterior de España está en el foco de los medios internacionales. La atención se centra en el rechazo al gasto militar exigido por la OTAN, la controvertida ley de amnistía y los casos de corrupción del partido que gobierna.
La postura frente a la OTAN y el gasto en defensa
España se encuentra en el punto de mira de sus aliados por su posición respecto al gasto militar en el seno de la OTAN. Mientras la Alianza Atlántica acordó elevar el objetivo de inversión en defensa (hasta el 5% del PIB en 2035 para reforzar la seguridad colectiva), el Gobierno español se ha desmarcado abiertamente de esa meta.
En una comparecencia ofrecida el 22 de junio, el presidente Pedro Sánchez declaró: «Respetamos el aumento pero nosotros no vamos a hacerlo. Sería incompatible con nuestro estado de bienestar y con nuestra visión del mundo«. En virtud de un acuerdo alcanzado poco antes de la cumbre de La Haya, España sólo se compromete a destinar alrededor de un 2,1% del PIB a sus capacidades militares.
Las cifras oficiales evidencian la brecha entre España y sus socios en esta materia. De acuerdo con estimaciones de la OTAN, el país gastó apenas un 1,24% de su PIB en defensa en 2024, el nivel más bajo de toda la Alianza. Esta divergencia ha suscitado críticas notables. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump reprochó que España “tiene que pagar lo que todos los demás”.
Escándalos de corrupción y eco internacional
La oleada de casos de corrupción del PSOE no ha pasado inadvertida en la prensa extranjera. Ya en 2023 estalló el conocido caso “Mediador”, en el que un exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes (“Tito Berni”), fue acusado de cobrar sobornos a cambio de favores a empresarios. La investigación destapó episodios sórdidos de “sobornos, prostitutas y cocaína”, según describió Le Monde.
Este año, un nuevo caso de presunta corrupción ha sacudido al círculo cercano de Pedro Sánchez. Una investigación judicial implica al secretario de organización, Santos Cerdán, que ha dimitido hace unas semanas. También al exministro José Luis Ábalos en una supuesta red de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Las grabaciones interceptadas recogen a Cerdán “hablando de pagos ilícitos” con Ábalos para adjudicar obras públicas.
Pedro Sánchez, visiblemente afectado, pidió disculpas, eso sí, cualquier implicación personal. “Siempre he luchado por una política limpia”, aseguró, subrayando que este asunto afecta al partido pero “no es una crisis de gobierno”.
La repercusión internacional de estos casos ha sido significativa. Medios como The Guardian recuerdan la ironía de que Sánchez llegó al poder en 2018 tras una moción de censura cimentada en denuncias de corrupción contra sus predecesores, prometiendo una «renovación democrática». Siete años después, señala el diario británico, España se enfrenta a “otro escándalo de corrupción, esta vez implicando a figuras destacadas de su propio partido”.
La ley de amnistía y las dudas legales en Europa
El tercer eje que condiciona la percepción exterior de España es la controvertida ley de amnistía para los implicados en el desafío independentista catalán de 2017. Esta norma, impulsada por el Gobierno socialista tras las elecciones de 2023 extingue los procesos penales contra más de 300 líderes y activistas del procés.
«Hoy España está más próspera y unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, proclamó Sánchez al aprobarse la ley en el Parlamento. El Tribunal Constitucional avaló en junio de 2025 los elementos centrales de la amnistía al considerar que no está prohibida por la Carta Magna cuando responde a una “situación excepcional” y a un “interés público legítimo”. Este fallo supuso un respiro para el Gobierno en medio de sus otros frentes abiertos.
Sin embargo, la ley de amnistía ha levantado serias reservas en el plano institucional europeo. La oposición española denunció ante Bruselas que se trata de una medida hecha a la medida de los aliados de Sánchez –llegando a compararla con autoindultos de otras latitudes– y pidió a la UE que la frenase. Si bien Bruselas aclaró que la amnistía no afecta por ahora a intereses financieros de la UE, subraya el riesgo de impunidad pactada.
Financial Times informó de la inquietud de sectores empresariales e inversores ante una posible erosión de la seguridad jurídica en España. Por su parte, The Irish Times ha destacado que, aunque la amnistía fue finalmente declarada legal en España, ha polarizado a la sociedad y movilizado protestas multitudinarias.
España enfrenta un delicado examen internacional. Su resistencia a aumentar el gasto militar, pese a las exigencias de la OTAN, ha planteado interrogantes sobre su compromiso con la defensa colectiva. A la vez, los escándalos de corrupción que salpican al partido de gobierno amenazan con minar la autoridad moral de España en Europa. A todo esto se suma la ley de amnistía, que suscita el temor de quiebra del Estado de derecho.
