De las medidas propalestinas de Sánchez a la revelación de secretos del Fiscal General: los temas más relevantes de la semana
Las nueve medidas que consolidan el apoyo de Sánchez a Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes nueve medidas para frenar el genocidio israelí contra la población palestina. De forma inmediata, se ejecutarán la aprobación de un real decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel y la prohibición de tránsito en territorio español de barcos que transporten combustible destinados a las fuerzas armadas de Israel, y de aeronaves con material de defensa con el mismo fin. Tampoco podrán acceder al territorio nacional las personas que participen directamente en los crímenes de guerra en Palestina. Se frenará la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales israelís en Gaza y en Cisjordania. Y se limitará la asistencia consular a los ciudadanos españoles que habiten en estas zonas de ocupación.
En el marco de la ayuda humanitaria, se aumentará la partida económica para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año 2026, se incrementarán los efectivos españoles en la misión de asistencia fronteriza que la UE tiene en Gaza, se ampliará la colaboración con la autoridad palestina. También se aportarán 10 millones de euros adicionales a la contribución a la asociación española UNRA, de la ONU.
Estas medidas tienen se suman a las anteriores que ya se han puesto en marcha desde 2023 para situar a España “en el lado correcto de la historia”, según señaló Sánchez este lunes. “España apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y prosperar”, aseguró. Objetando que “una cosa es proteger tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas”. Contundentes declaraciones que han obtenido la siguiente respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar: “es desviar la atención de los graves escándales de corrupción mediante una continua campaña antiisraelí y antisemita”.
La ley de reducción de jornada fracasa en el Congreso
La reducción de jornada ya entró en el debate público español durante la pandemia. En 2023 Yolanda Diaz la convirtió en la promesa estrella del programa electoral de Sumar. En 2024 se negoció con los sindicatos el borrador del anteproyecto ley y el PSOE entran en el dialogo. Y en 2025 el proyecto llega al Consejo de ministros, creando discrepancias entre Diaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en torno al número de horas reducidas y las prisas para tramitar la ley. El 6 de mayo el texto entró en el Parlamento, con una modificación a la jornada de 40 a 37,5 horas semanales.
La izquierda y PNV venían manifestando su acuerdo. Abogaban por dejar de vivir para trabajar y mejorar la conciliación familiar. El problema era la oposición de Junts, socio de investidura, necesario para la aprobación de la norma. Entre junio y julio la votación parlamentaria se aplazó por falta de consenso. Los partidos de derechas argumentaron costes excesivos para las pequeñas y medianas empresas y perjuicios a la productividad.
Convencidos de su mayoría, el dos de septiembre, PP, Vox y UPN obligaron a incluir en la discusión del día la votación de las enmiendas a la ley sobre la reducción de jornada. PSOE y Sumar todavía confiaban en el voto a favor de Junts. Sin embargo, este lunes 8 de septiembre, el partido catalán comunicó su voluntad de mantener la enmienda con la que se opone al proyecto ley de la reducción de jornada. El miércoles, con 178 a favor del rechazo de Junts y 170 en contra, la derecha se impuso y la propuesta del Díaz fue devuelta al Ejecutivo. La ministra de Trabajo prometió que no tirará la toalla.
Mañueco responde a las críticas por la gestión de los incendios
El verano de 2025 será recordado por los incendios que han abatido la península. En Castilla y León 140.000 hectáreas quedaron calcinadas, entre ellas el patrimonio nacional de las Médulas. Pero la catástrofe también encendió la política. En las últimas semanas el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido duramente criticado por la gestión de los incendios. Multitudinarias manifestaciones y mensajes en redes sociales han solicitado su dimisión y la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Se les culpa por no reconocer los factores climáticos, no trabajar en la prevención y no poner los medios necesarios para la extinción. Una competencia autonómica que no tardó en delegar en el Gobierno Central junto a los presidentes populares de Galicia y Extremadura.
La última semana de agosto se vio obligado a explicarse ante las Cortes Autonómicas. Su discurso se centró en pedir que el Estado gestione los incendios en lugar de las autonomías. Y criticar a quienes «sacan rédito» de la emergencia en vista de las elecciones autonómicas que tendrán lugar en Castilla y León en 2026. En línea con lo sucedido tras la Dana el pasado noviembre, el debate pronto saltó a escala nacional con críticas del PSOE al PP por que Mañueco estuviera en Cádiz cuando empezaron los incendios. Y por parte del PP al PSOE por las oleadas de odio en redes sociales tras unas “bromas” de Oscar Puente, ministro de Transportes.
Esta semana, se ha llevado a cabo un Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León a petición de la posición. Todos los partidos, a excepción de Vox que se ha abstenido, han demandado la dimisión de Mañueco y de Quiñones. Además de lanzar duras críticas contra el modelo de «precariedad laboral» que sostiene los operativos de extinción de incendios.
El Supremo llevará al banquillo al fiscal general del Estado
Hace once meses que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, fue acusado de la filtración a periodistas de un correo electrónico enviado por el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. En el mensaje se revelaba que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos fiscales y pedía un acuerdo para evitar la cárcel. Este martes, el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, dictó el juicio oral contra Ortiz por presunta filtración de secretos. Esto es, el fiscal general está oficialmente acusado y la decisión no es recurrible.
No obstante, se ha rechazado la suspensión cautelar del cargo que demandaban algunas asociaciones, junto a seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Ortiz seguirá ejerciendo como fiscal general, pero debe presentar una fianza de 150.000 frente a una posible multa tras el juicio.
Durante los ocho meses que ha durado la instrucción, no se ha podido recabar prueba alguna que demuestre la culpabilidad del fiscal general. Ortiz eliminó todo el contenido de su teléfono móvil. Pero el juez Hurtado contempló indicios suficientes para ir a juicio. Los correos contenían “información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal”, aseguró. Y consideró que la filtración pone en peligro tanto la “reputación del interesado” – el novio de Ayuso -, como al Ministerio Fiscal, cuyos principios están sujetos a la legalidad e imparcialidad en sus actuaciones.
La Vuelta, altavoz mediático por Palestina
Palestina ha ganado la Vuelta a España. Una de las tres vueltas ciclistas más famosas se ha convertido en escenario manifestaciones por Gaza. Bloquear el paso, ondear banderas, lanzar tomates o lanzar chinchetas han sido algunos de los actos que se han sucedido en las últimas etapas. El objetivo: expulsar al equipo Israel-Premier Tech, propiedad de Sylvian Adams, canadiense sionista íntimo amigo de Netanyahu.
La competición deportiva ya está completamente atravesada por la política. De hecho, los líderes de cada partido han dejado claras sus opiniones al respecto. “No es la primera vez que se atenta contra participantes israelís, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich”, comentó la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de inicio de curso del PP. Una referencia comparativa al secuestro y posterior asesinato de once miembros del equipo israelí que llevó a cabo un comando terrorista propalestino en los JJOO de Múnich de 1972.
El PSOE, por su parte, ha apoyado las reivindicaciones por Palestina. “Por encima de esta manifestación deportiva también están los derechos humanos en el mundo”, alegó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. También el presidente asturiano, Adrián Barbón, expresó contrariedad a la participación del equipo israelí en la Vuelta. “Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de todas las competiciones internacionales por la agresión a Ucrania. Por la misma razón, tengo que apoyar a Palestina”, sentenció el día de la 14º etapa, que se desarrolló en territorio asturiano.
