Se aprueba el derecho a una muerte digna

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El pasado jueves 17 de diciembre de 2020 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, con 198 votos a favor y 138 en contra, además de 2 abstenciones. De esta forma, España se suma a otros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda en la aprobación de una ley que legalice y regule el derecho a tener una muerte digna y asistida. La ya considerada votación histórica ha supuesto un avance “hacia una sociedad más humana y más justa”, según ha declarado el Ministro de Sanidad Salvador Illa. Esta ley se remitirá al Senado para llevar a cabo la correspondiente tramitación parlamentaria. Se espera que sea puesta en práctica entre marzo y abril.

La aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha suscitado graves críticas entre el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y VOX; que se opusieron a ella. De hecho, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha publicado un tuit en el que se lamentaba por la aprobación de esta ley que, según afirma: “Supone la eliminación de los más vulnerables” y usaba reiteradamente la expresión “Gobierno de la ruina y de la muerte”. Él mismo ha querido mostrar su apoyo, situándose junto a los manifestantes que se han presentado frente al Congreso, al grito de “Gobierno de la muerte”. La protesta ha sido fruto del proyecto “Vividores”, una campaña social presentada en el Congreso de Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU ante la polémica surgida en torno a la ley orgánica de regulación de la eutanasia.

Protestas contra la aprobación de la ley orgánica de regulación de la eutanasia | Fuente: theobjective.com

La aprobación de esta ley supone para muchos un avance histórico. El diputado del BNG Néstor Rego afirmó en su primera intervención con respecto al tema: “Esta ley se ha hecho de esperar demasiado tiempo”. Así Rego recordaba cómo se persiguió a familiares y allegados de aquellas personas que quisieron poner fin a su sufrimiento.

Un ejemplo de ello es el caso de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer María José Carrasco, enferma terminal. Según informa la agencia de noticias EFE, Hernández será juzgado en 2021 por el suicidio asistido de su mujer. Este será llevado ante un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Además, la Fiscalía hizo pública su petición de seis meses de cárcel para el acusado por un delito de cooperación al suicidio el pasado 28 de octubre.

Ángel Hernández junto a su mujer | Fuente: El Periódico

Desde el Gobierno han recalcado que la eutanasia se define como un procedimiento o actuación que provoque la muerte de una persona de forma directa e intencionada y de manera inmediata, que haya surgido de una petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona.

Esta práctica se llevará a cabo en los casos de personas con enfermedades crónicas o padecimientos incurables en los que la persona experimente un profundo sufrimiento que no ha podido ser aminorado por otros medios terapéuticos disponibles. Además, la ley de regulación de la eutanasia apela a los derechos constitucionales de la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad, el derecho a la intimidad y a la libertad ideológica y de conciencia, que deben conectar con el derecho a la vida.

Salvador Illa ha anunciado que desde el Ministerio de Sanidad trabajarán para que la eutanasia quede incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como un derecho más y sea de financiación pública. De esta manera, aquellas personas que padezcan alguna enfermedad grave e incurable, como Ramón Sampedro, María José Carrasco, Maribel Tellaetxe, José Antonio Arrabal o Inmaculada Echevarría; que provoque sufrimientos de carácter psíquico o físico insoportables, podrán solicitar y recibir ayuda necesaria para acabar con su vida de una forma digna.

Requisitos

Para solicitar este derecho, se deberán cumplir unos requisitos específicos. En primer lugar, la persona solicitante debe tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en España superior a 12 meses. Además, solo podrán solicitar el proceso de la eutanasia las personas que sean mayores de edad y únicamente si son conscientes en el momento de la solicitud.

Aquella persona que requiera someterse al proceso de suicidio asistido deberá estar bajo la condición de sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en la Ley y certificada por el médico responsable.

La persona que lo solicite deberá formular dos solicitudes voluntariamente por un medio que permita dejar constancia, dejando una separación de 15 días (con posibilidad de reducción si el médico responsable lo considera oportuno por la merma de las capacidades de dicha persona) entre ambas.

El proceso será supervisado en todo momento y deberá ser informado, certificado y asistido por un médico responsable. Los informes y las decisiones que se tomen se presentarán ante la Comisión de Evaluación y Control de cada Comunidad Autónoma.

Un punto importante a destacar es que el médico responsable podrá rechazar la propuesta en casos en los que certifique que el paciente no puede prestar su conformidad libremente o cuando considere que la persona no se encuentra en pleno uso de sus facultades. Todo esto tiene el objetivo de que el procedimiento no sea resultado de presiones o extorsiones externas.

Junto con la aprobación de la ley por la Cámara Baja, se ha estipulado la modificación del código penal, decretando el castigo de aquellas personas que interfieran en el proceso activamente para acabar con la vida de una persona. No obstante, la pena no será aplicable a aquellas personas que participen activamente en el proceso siguiendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

Comité de garantías

La regulación de la ley constituye que será necesaria la existencia de una Comisión de Garantía y Evaluación de las CC. AA. y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Cada comisión contará con un equipo de un mínimo de siete miembros entre los que habrá personal médico y juristas formados y especializados.

Las Comisiones de Garantía y Evaluación tendrán un plazo de tres meses para formarse desde que entre en vigor la ley. Además, dispondrá de un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada Comisión y autorizado por el órgano competente de la administración autonómica. 

El Ministerio de Sanidad y los presidentes de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las comunidades autónomas se reunirán anualmente, siempre coordinados por el Ministerio, para estandarizar criterios y prácticas en el desarrollo de la prestación de eutanasia en el Sistema Nacional de Salud.

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