Otros 25 pueblos están bajo seguimiento por sus emisiones de este gas
Casi una cuarta parte de los municipios de la provincia de Jaén se encuentran en vigilancia para controlar su exposición al gas radón. En estos territorios, la presencia en el aire del gas supera los límites establecidos por la autoridad nuclear. Una norma de este organismo obliga, desde hace unos meses, a analizar el aire en el interior de los locales laborales en los pueblos afectados.
A pesar de su carácter incoloro e inoloro, el gas radón representa una cuestión a la que vigilar en la provincia. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estableció el mapa donde será obligatorio medir y controlar la exposición en el aire interior de locales de trabajo de este gas noble. En Jaén, el organismo nuclear catalogó a 22 municipios dentro de la zona I, donde la instrucción no tiene carácter vinculante, a pesar de que se recomiende.
Núcleos afectados
En los términos de Andújar, Guarromán, Linares y Santa Elena, la recopilación de estos datos es obligatoria en los centros de trabajo situados en plantas bajas y rasantes. Estos municipios se encuentran en la zona II de riesgo y cuentan con la actuación prioritaria de las Administraciones. Los datos ya recopilados por la CSN indican que una significativa parte de su tejido urbano cuenta con un potencial de radón superior al nivel de referencia de 300 Bq/m3.
La aprobación del mapa se produjo un año después de que entrara en vigor la normativa comunitaria de medir el radón en el interior de los locales situados en zonas de riesgo. Una medida ya contemplada en el Plan Nacional contra el Radón y la normativa del Código Técnico de la Edificación (CTE), en su sección HS-6. En los inmuebles donde tendrán que realizar las mediciones, “los niveles de radón suelen ser más elevados y pueden triplicar el valor de referencia”, explican desde Molins Construction Solutions.
El radón es un gas natural que se forma con la desintegración del uranio presente en el subsuelo y también en algunos materiales de construcción. Este químico está considerado un peligro para la salud por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (IAEA). Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera causa de cáncer de pulmón, la segunda tras el tabaquismo. Su peligrosidad ocurre en zonas donde esta sustancia se concentra en niveles altos. Es el motivo por el que la CSN quiere conocer los datos de los municipios en riesgo, “para dirigir a ellas esfuerzos de forma prioritaria”, según el BOE que publicó la medida.
Normativa regulatoria
La instrucción IS-47 fija el plazo para iniciar las mediciones en centros de trabajo, establece directrices sobre cómo planificar y ejecutar los estudios y estandariza el modelo de informe de resultados. Prescribe, además, el número de aparatos necesarios en función de los metros cuadrados del espacio. Pese a ello, incluye excepciones para aquellos inmuebles que alberguen menos de 50 horas de trabajo anuales. También excluye a los centros de trabajo sometidos a rehabilitaciones, o que sean de nueva obra. A estos últimos se les presupone que tienen las medidas necesarias para evitar la infiltración en los habitáculos.
La CSN fija su medición durante tres meses, entre el 1 de octubre y el 31 de mayo; aunque también admite la recolección de datos a lo largo del año sin contar cierres por inactividad. Da un periodo de seis meses para comenzar los estudios, bajo la responsabilidad del titular de la actividad laboral. El informe con los resultados del estudio quedará disponible a los organismos de sanidad y trabajo de las Administraciones. La recopilación de datos puede realizarse de forma autónoma, por la propia empresa o responsable laboral afectado, o por empresas externas con autorización para ello.
La medida establece la repetición del estudio, en zonas de riesgo alto, cada cinco años. Además, el organismo establece que el responsable laboral tendrá que considerar la percepción de los trabajadores a la hora de elaborar las mediciones y sus resultados. El incumplimiento de dichas obligaciones incurriría en sanciones económicas y responsabilidades penales.
No sólo en Jaén
Desde Molins Construction, argumentan que Andalucía “se suma” a las comunidades donde el radón tiene un papel relevante en políticas de prevención y seguridad laboral. En la Comunidad, otros 86 municipios han sido clasificados como zonas de riesgo alto. Mientras, algunos de los municipios jiennenses afectados por la demarcación de la zona I son Cabra del Santo Cristo, Génave, Ibros o Marmolejo. No obstante, estiman que el territorio andaluz afectado por las emisiones del gas radón alcanza el 30%, incluyendo avisos en otros 147 términos. Según datos del Consejo de Seguridad Nuclear, las comunidades con mayor exposición de radón en su territorio son Galicia (70%), Extremadura (47%) y la Comunidad de Madrid (36%).
El CTE establece medidas para limitar la presencia del químico en los edificios. Recomienda una barrera física, de carácter anti-radón, que selle los muros ante posibles infiltraciones por convención del gas. También admite la creación de un espacio no habitable, como cámara de aire con ventilación manual o mecánica, que aísle a otro espacio sí transitado. Por último, contempla la despresurización del terreno.
